Cruje el empleo pyme

La evolución de la economía argentina ha empeorado exponencialmente en los últimos meses. En particular las más afectadas han sido la industria manufacturera, la construcción (ambas acumulan dos meses consecutivos de caída interanual a dos dígitos), y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Tampoco se salva la clase asalariada: los ingresos de quienes tienen un empleo registrado cayeron 24% en menos de tres meses de la nueva gestión (hasta febrero).

La coyuntura de la industria manufacturera ya nos marca un piso en la proyección de la evolución del empleo para estos primeros meses del año (el dato oficial se publica después), en tanto captura al 54% del total del empleo asalariado registrado, y al 37% cuando se trata del grupo de empresas MiPyMEs.

Los primeros datos estimativos de la Secretaría de Trabajo ya muestran que esa será la tendencia. En febrero, el empleo registrado cayó -0,3% comparado con enero, la mayor caída para ese mes desde 2022. Más aun entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 la caída en general fue de -0,9%, mientras que para las PyMEs fue de -1,4%.

Teniendo en cuenta datos de la propia Secretaría para el segundo trimestre de 2023, esta estimación indica una pérdida aproximada de 20.700 puestos de trabajo totales, 16.870 de los cuales serían de PyMEs. Todo esto sin tener en cuenta la aceleración de los despidos de marzo y abril.

Es absolutamente esperable que la continuidad en la baja en el nivel de actividad -que hemos estudiado en profundidad en los informes previos- intensifique la fuerte depresión en el mercado de trabajo.

Para proyectar adecuadamente la dinámica del mercado de trabajo, además de estudiarse la evolución del nivel de actividad, también es importante comprender la dinámica reciente del empleo y las particularidades estructurales que tiene el mercado de trabajo en la Argentina, especialmente desde la convertibilidad hasta hoy.

DESEMPLEO

Actualmente, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, Cuarto trimestre de 2023), la Población Económicamente Activa en argentina es de 14,3 millones de personas, de las cuales 0,8 millones están en situación de desocupadas (5,7%), y las 13,5 millones restantes son ocupadas.

Se trata de niveles de desocupación relativamente bajos para el país: en promedio durante la convertibilidad (1991-2001) la tasa de desocupación fue de 12,8%, y creciente durante todo el período; en la posconvertibilidad fue de 9,2% en promedio, decreciente hasta 2015 y con una tendencia oscilante luego.

El modelo de la convertibilidad, basado en la sostenibilidad de un tipo de cambio apreciado y la apertura comercial y financiera, generó cambios estructurales regresivos en el mercado de trabajo que marcaron, en primer lugar, nuevos pisos para el desempleo: en promedio, la tasa de desocupación entre 1974 y 1990 fue de 4,5%, un valor que nunca volvió a alcanzarse.

El desempeño económico recesivo provoca cambios estructurales sobre el mercado de trabajo que hacen que los efectos negativos de las recesiones sean cada vez más inmediatos y más fuertes, y que cada vez demore más tiempo el efecto positivo de la recuperación.

Esto explica por qué pese a crecer a tasas chinas luego de la salida de la convertibilidad recién en 2006 fue posible perforar los dos dígitos de desocupación (año en el que alcanzó al 8,7% de la PEA), mientras que el empleo informal se encontraba en muy altos niveles (40,4% del total del empleo en el mismo año). Y que esto se revierta tan rápidamente ante la presencia de un shock externo: en la crisis del 2007-2008, la tasa de desempleo trepó a 9,8%.

La tasa de desocupación volvió a alcanzar los dos dígitos en los primeros dos cuatrimestres de 2019 (10,1% y 10,6%, respectivamente), y durante todos los cuatrimestre del 2020 y el primero de 2021 (el máximo fue de 13,1% en el segundo cuatrimestre de 2020).

Desde entonces, ha seguido una evolución en caída, prácticamente sin pausas. La tasa de desocupación se encuentra hoy en niveles mínimos para los últimos 36 años, seguida por el 5,9% de 2015 en segundo lugar.

Además de modificar el piso de desocupación, otro fuerte efecto estructural de la convertibilidad sobre el mercado de trabajo fue el aumento en la representación del

empleo asalariado informal en el empleo total. El empleo informal alcanzó su mínimo recién en 2015 (el 32,5% del empleo).

En la pandemia se ubicó por primera vez debajo del 30% (aunque debe relativizarse, por el posible traslado de empleo informal a condición de desempleo, por la pandemia), y desde entonces ha aumentado y tenido una variación oscilante: en promedio, en 2023 fue de 36,4%, aunque decreciente en los últimos dos cuatrimestres (alrededor de 36% en ambos).

A la inversa, actualmente el empleo asalariado formal alcanza al 64,3% del empleo total, mientras que en 2020 era el 69,8% (de nuevo, relativizar el contexto pandémico), y en 2017 era de 66,1%. Como contrapartida, la proporción de empleo informal alcanza al 12,1% del total de empleo (36% del total de asalariados/as, como se señaló en el párrafo anterior). El cuentapropismo suma, a su vez, otro 10,3% de personas al total de empleo.

La conclusión es simple: existe una baja proporción de población asalariada (64,3%, 6,4 millones de personas), que a la vez es decreciente, y una creciente proporción de población en condición de cuentapropista (10,3%, 3 millones de personas) o de empleo informal (12,1%, 3,6 millones de personas). Los efectos estructurales de la convertibilidad no se han revertido.

Otra gran particularidad de la Convertibilidad fue la baja tasa de elasticidad empleo-producto, lo que quiere decir que los años en los que creció el PBI no se acompañaron con niveles de crecimiento similares -e incluso hubo destrucción- del empleo formal.

Esto permite extrapolar una conclusión para la eventual recuperación de la economía argentina en los próximos meses, en tanto hay un mayor foco por parte de la política pública en las variables financieras que de los demás sectores productivos (y por tanto, en la demanda de mano de obra).

A esto se agrega una complejidad más si se estudia en clave territorial, en tanto existen fuertes heterogeneidades entre provincias. En los partidos del Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación está +1,7 puntos porcentuales por encima de la media nacional, mientras que en la Patagonia está -2,3% p.p. por debajo.

Esto ha sido algo fuertemente señalado en la campaña electoral de 2023: las dificultades de la economía argentina de generar nuevos puestos de trabajo de calidad, y la necesidad de hacer una lectura en clave territorial, que saque del eje central a la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como contrapartida, también se han cuestionado las dificultades de sostener esos niveles de empleo cuando se reduce la intervención pública.

En los primeros meses del nuevo gobierno pocas han sido las políticas dirigidas al sector productivo -con algunas mínimas excepciones detalladas en nuestros informes periódicos, como los créditos para MiPyMEs y las nuevas desregulaciones para la importación-.

Más han sido las políticas macroeconómicas que afectan la demanda interna y, como consecuencia, el nivel de actividad; además de los programas previos de apoyo a la producción -algunos con probado éxito- que dejaron de ejecutarse.

Aquí también tiene un fuerte impacto la caída de la inversión pública (que cayó más de 80%), que tiene un efecto multiplicador muy elevado en el resto del nivel de actividad.

APERTURA

A este respecto cabe volver a mencionar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que estaba tanto en la Ley Bases original como en la segunda versión que se trata en el Congreso. Como alertamos en nuestro último informe, “si bien el RIGI finalmente (o al menos hasta el momento) no se creó, indica la orientación de la política económica del gobierno actual, sesgada hacia las empresas de mayor tamaño y también hacia la inversión extranjera”. El Gobierno parecía ignorar la importancia de las inversiones PyME a lo largo de nuestra historia.

En el nuevo proyecto son 64 los artículos destinados al RIGI, de un total de 265 (algo más del 24% del total). Uno de los puntos que ha generado más alertas a la industria argentina es la reducción de aranceles, tanto para bienes de capital como para insumos.

Nuevamente retomando la experiencia de la Convertibilidad, la evidencia muestra que el abaratamiento de los productos importados (vía reducción de aranceles en este caso, pero también la apreciación cambiaria) no garantiza la generación de procesos de modernización tecnológica. Es decir, que la competencia, más que funcionar como incentivo para el desarrollo innovativo, puede directamente atentar contra la supervivencia de las empresas.

También en la Convertibilidad hubo un sesgo hacia la comercialización de bienes finales importados en lugar de hacia la compra de bienes de capital.

En ese sentido, cualquier mecanismo de apertura debe estar acompañado con un diagnóstico certero sobre la coyuntura reciente de la industria argentina. Un salto

repentino hacia la apertura indiscriminada demanda a las empresas una reacción inmediata, lo cual plantea un escenario muy exigente.

Luego de años de estancamiento y un escenario totalmente negativo para la competencia, se requiere construir capacidades productivas y tecnológicas que permitan poner a la industria argentina en una situación de competencia a la par de la industria internacional (de China, Estados Unidos, Alemania, Brasil, y del resto de los países del mundo).

Eso no puede esperarse de la noche a la mañana, y el único incentivo tampoco puede ser la competencia internacional a través de mecanismos de desprotección súbita de la industria nacional.

La Ley Bases plantea las condiciones para poner en marcha el plan productivo del gobierno. La relevancia que se le otorga al RIGI indica claramente la orientación estratégica: hacia una transformación en la matriz productiva que atenta contra el gran porcentaje de empresas que hoy la conforman, PyMEs y de capital nacional.

DESPIDOS

El actual combo recesivo tiene un impacto inmediato en el sector real y el empleo, potenciado por el magro desempeño de los últimos meses. Actualmente se resiente mayormente en el mercado de trabajo, ya que han empezado a proliferar los despidos y cierres de empresas, también con despidos incluidos.

La empresa MABE (ex Drean) ubicada en Córdoba, por ejemplo, ha despedido a 200 trabajadores/as con el motivo de la caída en ventas (representan alrededor del 22% del total de su planta). Otras empresas que se han sumado a la ola de despidos son Bimbo (20 personas, también en Córdoba), Australtex (en Tierra del Fuego) y Topper (en Tucumán).

El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) ha denunciado despidos en San Juan, algunos resultantes de cierres, como de supermercados y call centers, y otros a través de “despidos por goteo”, principalmente en empresas grandes.

Lo mismo indicó la Asociación Obrera Textil, que denuncia que 1.500 trabajadores/as del sector han sido afectados/as por despidos, suspensiones, reducción horaria de la jornada laboral o de las horas extra. Bimbo también apunta a realizar reducciones en las jornadas laborales y suspensiones, a la vez que Toyota espera dar de baja 400 contratos de operarios/as a través de un plan de retiro voluntario.

Otras empresas han iniciado el Procedimiento Preventivo de Crisis. A esto se le suman 15 mil personas despedidas en el Estado.

La historia argentina indica que a medida que se incremente el desempleo, también aumentará la Población Económicamente Activa por la mayor inserción de personas en el mercado de trabajo en la búsqueda activa de un empleo. A la par, subirán la subocupación, el cuentapropismo y el empleo informal.

Es decir, el actual camino de la economía argentina apunta a consolidar una configuración del mercado de trabajo con una mayor representación relativa del empleo informal y cuentapropismo, y menor del empleo asalariado formal.

Esto puede tirar aun más abajo los ingresos, que fueron en promedio de $243.125 en el cuarto trimestre de 2023, entre la población con ingresos.

Para peor, habrá un efecto de retroalimentación. La caída de la demanda interna está teniendo un fuerte impacto sobre el nivel de actividad. La caída en el nivel de actividad influye directamente sobre los salarios reales y la masa salarial (por los despidos), y esto repercute nuevamente en la demanda interna.

Mientras que para el corto plazo proyectamos que se profundicen los despidos, no esperamos que en el mediano plazo haya una recuperación en la demanda de consumo interno ni el nivel de actividad que puedan generar a posteriori una mejora en el mercado de trabajo.

IMPACTO FISCAL

Según el informe de Recaudación de Recursos Tributarios de AFIP, el año pasado se recaudaron $9.286.489 millones de pesos a través de ingresos de la Seguridad Social, debido al aumento de las remuneraciones recibidas por los/as trabajadores/as, así como la generación de nuevos puestos de trabajo asalariados.

Un efecto negativo en la recaudación del fisco fue el aumento del mínimo y cambio de esquema en los últimos meses del año de los/as trabajadores/as en relación de dependencia a los que se les tributa el Impuesto a las Ganancias. El ingreso en este rubro apenas se incrementó +86,3% interanual y nominal en 2023.

Los ingresos fiscales por la Seguridad Social representaron en 2023 el 21,6% del total de los ingresos tributarios. Además de la caída en la recaudación por la caída en el nivel de actividad (tan solo el IVA representó el 34,4% de los ingresos tributarios del fisco, pero también está el efecto directo de los cierres de empresas, que eliminan todos los ingresos del fisco por ingresos brutos, impuesto país, entre otros), está la caída de la recaudación por el menor nivel de puestos de trabajo, así como las remuneraciones reales.

Es decir que la caída en el nivel de empleo y en el valor real de las remuneraciones atenta contra casi un cuarto del ingreso del fisco, a la vez que la caída en la demanda pone un fuerte freno a los ingresos por IVA. Entre la Seguridad Social y el IVA se explica más de la mitad de los ingresos tributarios.

Si a esto le sumamos la menor recaudación relativa que habrá en 2024 por vía Impuesto a las Ganancias -impuesto que sería más progresivo aun en los procesos de regresión en la distribución de los ingresos-, el resultado es que el ajuste fiscal al que apunta el gobierno tiene un impacto fuertemente negativo sobre sus ingresos.

Esta disyuntiva se ha planteado en otros momentos en la historia Argentina, en una de esas veces el objetivo de alcanzar el balance fiscal a través de caída en el gasto generó un proceso de caída tal del nivel de actividad y estanflación que -junto con otros componentes estrenos, cambiarios y financieros- condujo a una de las crisis más profundas que ha tenido la economía y sociedad Argentina (en el 2001).

En efecto, si bien es importante tener como gobierno la meta de alcanzar el balance, o incluso superávit fiscal, no puede plantearse como único mecanismo la caída en el gasto, ya que el efecto recesivo puede ser contraproducente para el alcance de la meta. Veremos a lo largo de los próximos meses precisamente esa evolución en el resultado fiscal.