Cristina Fernández y sus hijos declaran por la causa Los Sauces

La ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo enfrentarán esta semana a la Justicia acusados de haber conformado con la sociedad "Los Sauces" un grupo delictivo que desarrolló "designios criminales" durante más de una década para beneficiarse con dinero de origen ilegal como pago por el "indebido otorgamiento" de obra pública, licencias para el juego y explotación de áreas de industria petrolera a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Esta es la acusación que escucharon hasta ahora los acusados indagados por el juez federal Claudio Bonadío en las últimas dos semanas, en un desfile que abrió una nueva estrategia por parte de la familia Báez: los hijos hablaron y apuntaron a su padre Lázaro, detenido, y su relación con Néstor y Cristina Kirchner y el empresario se defendió distanciándose de la figura de la ex presidenta.

Florencia se presentará el lunes a las 9 en Comodoro Py 2002, en lo que será su primera visita a los tribunales como acusada en una causa penal pero con la tranquilidad que le dio un recurso de última hora presentado el viernes por su madre en su nombre para pedir su eximición de prisión, algo que le concedió el juez Bonadío.

Máximo Kirchner no necesitó de ninguna presentación judicial ya que como diputado nacional tiene fueros y no puede ser detenido.

Florencia a las 9 y Máximo a las 10 serán esperados el lunes con una batería de preguntas por parte del fiscal federal Carlos Rívolo, aunque todo indicaría que presentarán un escrito y optarán por no responder, asesorados por el abogado penal de la familia, Carlos Beraldi.

La ex presidenta está citada para el martes en una nueva visita a los tribunales federales de Retiro, que ya pisó varias veces como indagada en otras dos causas: la venta de dólar futuro en su gobierno y la adjudicación direccionada de obra pública a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz. En ambos casos fue procesada.

Ahora deberá responder, al igual que sus hijos, por las acusaciones en torno a la sociedad Los Sauces, constituida por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner con el objetivo de dedicarse a la renta de inmuebles y que actualmente, como parte de la sucesión y por cesión de su madre, pertenece por partes iguales a Florencia y Máximo.

Para Bonadío esta sociedad fue en realidad una "organización que desarrolló designios criminales" hasta el 14 de diciembre de 2016, cuando él la intervino judicialmente, para "recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, licencias habilitantes para el juego y áreas de la industria petrolera" a empresarios que, como contrapartida, habrían alquilado a la sociedad con pagos que en realidad eran retornos.

Este dinero era reintroducido al circuito legal con lo que para el juez fueron falsos alquileres para darle apariencia lícita, lo que constituiría lavado de activos.

Por estos delitos respondieron ya tres de los cuatro hijos de Báez; Martin, Leandro y Luciana, el propio Báez, el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Souza, escribanos, contadores y apoderados de las empresas involucradas, durante las últimas dos semanas.

Todos coincidieron a la hora de defender los contratos firmados para alquilar propiedades a la sociedad de la ex familia presidencial: los empresarios imputados justificaron las decisiones por razones de necesidad laboral y operativa, cercanía física de los inmuebles, aportaron contratos, recibos de pago, constancias bancarias y cuadros explicativos.

Así lo hicieron el detenido Báez, López y De Souza, para la Justicia beneficiados ilegalmente con obra pública y concesiones en el kirchnerismo..

Cristóbal López, por ejemplo, aludió a necesidades personales de cercanía con sus empresas para justificar el alquiler de un duplex en el edificio Madero Center, propiedad de la sociedad de los Kirchner, por sumas que oscilaron entre 21 mil y 25 mil dólares mensuales.

Lázaro por primera vez en lo que lleva preso y declarando en Comodoro Py por distintas causas respondió preguntas en el juzgado, pero lo hizo para defender las operaciones, ratificar que su amistad fue con el fallecido Nëstor y distanciarse de la ex presidenta, sobre quien dijo ver sólo como la esposa de un amigo.

Distinta fue la estrategia de sus hijos, quienes también por primera vez hablaron de su padre y sus negocios.

"Lo que se que la relación Lázaro la tenía con Néstor, que era su amigo, después con Cristina se que tuvo trato pero no sé si era el mismo. Lázaro habló con Cristina y con Máximo luego de la muerte de Néstor y el tema fue el de las contrataciones y la relación comercial. Lázaro asistía solo a las reuniones y no nos comentaba lo que pasaba", declaró uno de ellos, Leandro.

Al igual que su hermano Martín, Leandro coincidió a la hora de afirmar que su padre "manejaba todo" y puntualizó que la relación con la ex famiia presidencial siguió por parte de su padre con los vínculos comerciales después de la muerte de Néstor Kirchner en 2010 y hasta el 2013, cuando la relación tuvo un "quiebre por el escándalo mediático".

"Lázaro asistía solo a las reuniones y no nos comentaba lo que pasaba", agregó Leandro en sintonía con lo que luego afirmó su hermana Luciana.

Ante el juez y trasladado desde la cárcel de Ezeiza, Báez declaró que si bien supervisaba todo en sus empresas había estructuras de mandos medios por donde también pasaban las decisiones y que los contratos de alquiler con "Los Sauces" pasaban por estas instancias.

Sus subordinados en esas firmas fueron indagados ya y todos adjudicaron poder de decisión al mayor de los hijos de Báez, Martín y al empresario.

Una vez concluidas las indagatorias de Florencia, Máximo y Cristina, Bonadío quedará en condiciones de resolver las situaciones procesales de todos los imputados, algo que podría abrir el camino a un tercer procesamiento para la ex presidenta.

Además, Cristina Kirchner está imputada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, reabierta por orden de la Cámara Federal de Casación y a cargo del juez federal Ariel Lijo.

La ex familia presidencial será recibida en Comodoro Py con un operativo de seguridad reforzado, aunque se buscará no alterar la operatividad cotidiana del edificio.

Para ello se dispondrá un vallado doble en los accesos y se habilitará un ingreso lateral para el arribo de los imputados, quienes subirán directo al cuarto piso por un ascensor ubicado en ese sector e ingresarán a la secretaría del juzgado de Bonadío que lleva la causa y cuyo acceso permanecerá vedado y custodiado por Policía Federal.