La Justicia, en primerísimo lugar el más alto tribunal de la República, concitan hoy la más amplia atención de la ciudadanía, no siempre en clave esperanzadora. Entre los asuntos sobre los que este ámbito debería incidir y garantizar un funcionamiento acorde con las expectativas ciudadanas, el de la derrota de la inseguridad –según reflejan todas las encuestas disponibles- ocupa un lugar preponderante. Lo ha dicho Scioli y lo ratifican casi todos.
Pero no se trata, exclusivamente, de producir declaraciones de mayor o menor buena fe por parte de sus protagonistas centrales, sino de hechos concretos que, partiendo de la realidad que se proclama querer modificar, operen en el mismo sentido del dramático reclamo colectivo.
La conformación actual del Tribunal, a partir de la embestida kirchnerista sobre las sentencias de sus predecesores, en base a extendidas líneas de razonamiento en torno de una aducida ligazón de aquéllos con el poder político anterior, permitió el desarrollo de una imagen por lo general positiva para los cortesanos de hoy.
Por estos días, algunos miembros del staff político gubernamental (el último de ellos el ministro Amado Boudou), tal vez procurando circunscribir sus críticas a sectores del Poder Judicial por el tema Papel Prensa, supuestamente lejos del dominio del cuerpo que preside Ricardo Lorenzetti, han ofrecido el espectáculo de una nueva y objetiva incomprensión del principio republicano de división de los poderes de la República.
La respuesta posterior de quien encabeza el Tribunal, para algunos, resultó algo así como un ‘cachetazo’ para la supuesta voluntad totalizadora del Ejecutivo, defendiendo el principio de independencia de la Justicia (por cuento) ‘esa es la garantía para todos los argentinos’. ¿Fue suficiente?
En el transcurso de los últimos siete años de claro uso del poder integral a cargo de la Casa Rosada (propio, es cierto, de nuevas vueltas de tuerca en la tradicional corriente híper presidencialista en el país), no se conoció una sola sentencia cortesana ‘realmente’ comprometedora para el PEN.
¿O no es verdad que tanto las expresiones cortesanas sobre temas jubilatorios como así también las derivaciones sobre los temas de libertad sindical –por citar solo dos ejemplos bien visibles- en modo alguno provocaron contrariedades profundas para el elenco gobernante? El Riachuelo todavía contaminado, o la fallida reposición de un magistrado en la provincia de Santa Cruz, aún duermen en el desván de las promesas que la Corte no ha podido (¿o no ha querido?) acelerar.
Pero ahora, Lorenzetti aboga por la eliminación de las declaraciones abstractas en torno de estos asuntos. Y plantea algunas posibles soluciones que conviene analizar en detalle: a) propició una convocatoria al diálogo conjunto entre los tres poderes del Estado para impulsar la autonomía presupuestaria de la Justicia (obvio, en manos de la Corte); y b) establecer un piso mínimo de recursos para el funcionamiento de los tribunales provinciales. Sobre lo primero, es dable advertir que los tiempos apremian y el riesgo de cualquier dilación falsamente dialoguista podría conspirar contra el éxito de la propuesta. Cuando se advierten avances ‘a los empellones’ desde Olivos, tanto frente a los Tribunales como frente al Congreso, ¿no se debería exigir mucho más que ‘bellas palabras’? Acerca del funcionamiento judicial en el interior, ¿no es hora de ofrecer pruebas reales de contar con oídos atentos frente, por ejemplo, a lo dicho por un destacado miembro de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán que habla del ‘peligro de instauración de un totalitarismo enmascarado en la Nación’? Una Corte independiente se efectiviza con eficacia, ganándose así el mote de justa, en serio.