Existen docenas de acepciones –desde la Academia al lenguaje corriente- de la palabra “democracia”. Pero ninguna de ellas, que designan realidades ciertamente diferenciadas si no antagónicas, puede prescindir de la existencia o pretensión retórica de cierto grado de participación popular en las decisiones públicas. Es decir, no puede darse la experiencia o al menos el concepto de democracia sin el demos.
Tema por demás incómodo para la Argentina de hoy, donde su Clase Política no ahorra semana sin profundizar su divorcio con la ciudadanía común. Existen no más de dos o tres actores de primer plano en el escenario político que tengan algo de “pueblo” detrás suyo. Muchos son, en cambio, productos de las alquimias partidocráticas, fruto de estrategias cupulares que llevan al paroxismo aquel juicio formulado por Gaetano Mosca en el sentido de que en las democracias son los mismos candidatos, o sus amigos, los verdaderos electores.
Esta situación, que de por sí afecta seriamente la sustentabilidad del sistema, se vuelve, además, especialmente peligrosa cuando dicho sistema está confrontado a la necesidad objetiva de abordar reformas de gran calado. Estas no pueden ser superadas con la mera disposición de la legitimidad institucional que brota del comicio, sino que requieren el empleo de montos cuantiosos de capital político. Y, mientras el mandato jurídico brota de un acto coyuntural como es la elección, las políticas reformadoras revisten carácter estructural y, por ello, deben ser ejecutadas y sostenidas a través de lapsos prolongados de tiempo. Las preferencias expresadas en el voto pueden ser muy volátiles, mientras que los intereses arraigados permanecen.
MARAÑA DE PRIVILEGIOS
La Argentina presente se caracteriza por una maraña de privilegios corporativos, en el sentido deterior de la palabra. Se trata de mil y un excepciones a la ley común, cultivadas por legiones de usufructuarios, a veces autopercibidos como militantes. Estas constituyen el ejército de la Resistencia que se movilizará –¡qué duda cabe!- frente a quien ensaye siquiera desatar las energías del país productivo, cualquiera fuere su identidad. Y a esa resistencia no le faltará, ciertamente, la legitimación ofrecida por opinion-makers y subintelectuales alimentados por el empresariado prebendarlo.
Charles Maurras dijo alguna vez que la política no es meramente el arte de lo posible, sino, en todo caso el arte de hacer posible lo necesario. Y hoy, en nuestro país, es dramáticamente necesario cambiar el régimen económico.
El gran reto es acumular la energía política indispensable para acometer dicha tarea exitosamente y no perecer en el empeño. Cualquier político sensato sabe que nunca se puede subestimar la necesidad de articular consensos. Por una razón de economía de esfuerzos, esta función no tiene otro objeto que disminuir los ámbitos sobre los que, inevitablemente, habrá conflicto. Pero, tarde o temprano (a nuestro juicio más temprano que tarde) la decisión nítida, contundente, se volverá imperativa. 2024 constituiría el escenario temporal de esta combinación inteligente de fuerza y capacidad agregativa. Con la salvedad de que la capacidad a que acabamos de aludir no pasa tanto por la negociación con los cuadros ajenos como en la aptitud –referendaria- para conectar directamente con el demos.