Confianza argentina tras exponer ante el Tribunal del Derecho del Mar
La Argentina y el Reino Unido libraron una nueva batalla en su larga pelea por Malvinas, aunque esta vez las armas fueron argumentos legales y políticos que ambas delegaciones expusieron ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde nuestro país fundamentó las medidas cautelares solicitadas para frenar la explotación de crudo en aguas de las Islas (inicio o continuidad), enmarcadas en el proyecto Sea Lion. Hoy tendrá lugar la audiencia final del proceso en esta corte con sede en la ciudad alemana de Hamburgo.
“Somos conscientes de que no podemos pedir aquí que resuelvan la controversia de soberanía y por eso lo que estamos solicitando es que, mientras dure, no exploten recursos no renovables en la plataforma continental que es objeto también de disputa”, planteó el equipo enviado por la Casa Rosada, que se mostró “confiado” en las posibilidades de éxito.
La comitiva nacional justifica la urgencia de las medidas provisionales solicitadas porque el comienzo de las operaciones de extracción está previsto para principios de 2027 y “de no frenarse, las perforaciones y la explotación presentarán un hecho consumado”, resultado del cual “la plataforma continental, en tanto fuente misma de los recursos de hidrocarburos, resultará modificada de forma permanente e irreversible, cualquiera que sea el desenlace de la controversia pendiente”, remarcó Nicolaas Jan Schrijver, del equipo jurídico argentino.
Para exigir la paralización de los proyectos petroleros ingleses, impedir el otorgamiento de nuevas concesiones, preservar la información obtenida en las tareas en los yacimientos y adoptar medidas destinadas a proteger el ambiente marino, el asesor legal de la Cancillería, Mario Javier Agustín Oyarzábal, quien actuó como agente ante el tribunal, invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras perdura el litigio. También se apoyó en la declaración conjunta sobre cooperación en materia de actividades marítimas en el Atlántico suroeste, firmada en 1996 por las dos naciones y de cuyo espíritu Londres se ha alejado, pues las licencias concedidas agravan la pelea.
“Hacen falta dos para bailar tango, pero ellos prefieren bailar solos”, aseveró en la apertura de la vista oral de la corte, con sede en la norteña ciudad alemana de Hamburgo. Oyarzábal reiteró el ofrecimiento de larga data al Reino Unido “de reanudar las negociaciones con miras a resolver todos los aspectos”, pero hasta que se alcance una solución “deben abstenerse de cualquier acto que pueda poner en riesgo u obstaculizar el logro de un acuerdo definitivo”.
LA POSTURA INGLESA
El Reino Unido, en boca de la fiscal general, Ellie Reeves, reivindicó su autoridad sobre las Islas y pidió rechazar la petición por considerar que el TIDM no es competente al tratarse de “una disputa sobre soberanía territorial terrestre”.
A la oferta de diálogo repetida por la Argentina, Reeves replicó que siempre han procurado mantener conversaciones “constructivas en temas de interés mutuo en el Atlántico sur y de forma más amplia”, pero “la otra parte ha optado por recrudecer agresivamente su retórica en las últimas semanas”, y el presidente Javier Milei declaró en septiembre que las Malvinas son una “causa nacional” y que se van a “tomar cartas en el asunto”.