Poco después del secuestro de Loan en Corrientes, un diputado provincial de Misiones, Guido Kiczka, fue detenido por difundir pornografía infantil. Ambas provincias son vecinas y su arresto se produjo en tierra correntina.
Es decir, en la que desapareció Loan, de quien se sospecha, no casualmente, que fue secuestrado para someterlo a prostitución infantil. Salta, pues, a la vista la íntima conexión entre el delito del que seguramente fue víctima Loan con el que cometió el diputado Kiczka.
Asociar todo ello con la desidia cómplice con la que actuaron la policía y la justicia de Corrientes, es, casi, un acto reflejo. Panorama que emparenta a nuestros políticos con el delito.
Parentesco el cual se extiende mucho más allá del litoral. En Bahía Blanca, fue postulado como delegado estudiantil a la Universidad Nacional del Sur, un delincuente de sadismo extremo. Un tal Mauro Schechtel, condenado a 40 años de cárcel por violar e intentar asesinar a una niñita de diez años prendiédole fuego.
Lindo representante del claustro de los estudiantes. Quienes lo candidatearon son plenamente responsables: sabían cuan perverso es. Y quienes eligieron a Kiczka, no podían ignorar el grado en el que él también lo era.
Recordemos, de paso, que fue un senador de Corrientes por la UCR, Pellegrini, quien llevó en auto a la tía de Loan, Laudelina, a una fiscalía para que inventara una muerte accidental de su sobrino. Mentira de la que se desdijo al día siguiente y en la que incurrió, según sus dichos, a cambio de la promesa de ser desvinculada de la causa.
El partido provincial al que pertenece Kiczka, de origen peronista, se inclina hoy por la Libertad Avanza. Schechtel, a su vez, integraba una lista patrocinada por dicha coalición oficialista. El mentado senador Pellegrini, de la UCR, es de la estrechísima confianza del gobernador Valdés, del mismo partido.
EN TODOS LOS TOLDOS
La corrupción campea en todos los toldos. El lado más oscuro de la política es multipartidario. Así resulta del caso del Chocolate Rigau, peronista, por cuya impunidad trabaja con ahínco buena parte de la justicia y de los partidos de Buenos Aires.
Esa turbia relación entre cosa pública y delito, gusta cubrirse con una capa de barniz progre: la del garantismo. Que no casualmente fue enarbolada por un juez que juró por el Estatuto del Proceso y que calló todos sus excesos.
Al cual, sería el kirchnerismo, como no, el que lo elevaría a la Corte: se trata de Eugenio Zaffaroni. En cuyos inmuebles funcionaban prostíbulos, al tiempo en el que firmaba sentencias del tribunal más alto de la República. Teoría y práctica se aunaban en su persona.
UNA FALSEDAD
Decir garantismo, es una falsedad. No se trata, con él, de asegurar las garantías que, en todo régimen democrático, imperan en el procedimiento penal. Su rótulo procura despertar la simpatía que, naturalmente, genera quien es condenado por robar una libra de pan, como aquel Jean Valjean de Víctor Hugo.
Su práctica demostró que es otra cosa. Se lo emplea para despenalizar a los delincuentes comunes, aún a los más perversos. Y, sentada con ellos jurisprudencia, su manto protector es extendido sobre aquellos que, diciendo representar al pueblo, lo saquean.
Los casos que inspiran estas líneas, son de grado escandaloso. Lo cual sirve a la finalidad con la que se las escribe; que es exponer, la falta de límites que hoy existe entre la clase política y el delito.
Para el actual gobierno es innegociable la reducción de la inflación y llegar al déficit cero. Objetivos loables. Pero con ellos no alcanza. Porque si se puede asesinar a un fiscal –Nisman– el día antes de que acuse a la entonces Presidente ante el Congreso, o si se puede secuestrar a un menor, Loan, delante de muchos mayores -uno de ellos alto oficial de la Marina- sin que en ninguno de esos casos se detecte un culpable, esto no funciona.
Si aparecieran, podríamos volver a ser el país que alguna vez fue la Argentina. Si no, a no hacerse ilusiones.