¿Cómo vamos?

Tras más de dos años de la gestión de Milei, la pregunta, que al principio se silenció por el necesario compás de espera que todo nuevo gobierno genera y reclama -a lo que se unió la percepción de que se había resurgido de las llamas del averno- ha comenzado a ser cada vez más frecuente y unánime. 

Ya sea porque la contribución forzada del ajuste les consumió los ahorros a las clases media y baja, si los tenían, porque los jubilados son poco menos que mendigos que viven de la caridad familiar, porque la relación costo de vida real versus salario real sigue siendo despiadadamente desfavorable, o porque los productores se sienten perjudicados, las pymes están extinguiéndose y la inversión generadora de empleo aún no llega o se licua vía los tradicionales contratistas o licitadores (incluidos los energéticos, claro) la pregunta crece en intensidad y frecuencia. 

También la formulan los prebendarios que ven que un dólar barato junto a la importación que tiende a abrirse y los recargos a bajar los obliga la odiosa competencia, los economistas y analistas que ven una realidad distinta a  los números que se anuncian, junto a todos los sectores que no alcanzan a sentir en su piel o su bolsillo los logros que el Gobierno anuncia orgullosamente, los ahorros y desburocratización de que se alardea, o dudan de  los efectos de las leyes que se aprueban con alto costo financiero y económico cercano al delaruismo y se gritan como el gol del triunfo. Hasta los más fervientes partidarios del oficialismo cambian el festejo de esos logros por un escueto “es un primer paso” cuando se les enfrenta a la realidad numérica y la verdad del día a día. 

Pese a que el Gobierno sostiene con empecinamiento que no se ha desviado un ápice de su programa inicial, suponiendo que existiera, eso simplemente no es cierto. Ha dado varios volantazos en su rumbo, siempre enfilando hacia la luz del faro de la libertad, pero habrá que aceptar que lo hace bordejeando, como diría un aficionado a la vela, o sea zigzagueando. Lo empeora cuando trata de explicar, en especial el ministro Caputo, que el plan no ha cambiado un ápice. Un mecanismo casi ofensivo a la inteligencia del oyente, lo que también colabora a crear serias dudas y a socavar la esperanza. 

Pero ¿cómo vamos? La respuesta más responsable que se le ocurriría a un profesional o analista serio es “no lo sé”. Algunas explicaciones para sostener este sorpresivo aserto. 

Concepto mussoliniano

Está claro que el sistema que ha usado Argentina durante los últimos 80 años, aun con algunos intentos de cambiarlo, es el que se origina en el concepto mussoliniano de Perón, también avalado por la Cepal de Prebisch y su “vivir con lo nuestro. En algunos puntos se identificaba con el keynesianismo. La necesidad de crear una industria para complementar al campo, insuficiente para proveer empleo y bienestar a una población creciente que además empezaba a demandar mejores condiciones de vida y la afluencia de habitantes del interior a la Capital, materia prima y origen de las villas miseria, y una decisión de popularizar y reivindicar al ejército mandante del líder, hacía imprescindible proteger a una industria naciente. Protección que sigue aunque la industria sea ya centenaria, que continúa actuando infantilmente, como todo bebé sobreprotegido.  

La forma de ayudar a esas empresas y de mantener la supuesta soberanía del país, fue que todas las nuevas industrias recibieran la protección contra la fatídica importación, vía recargos y prohibiciones. Al mismo tiempo, también para garantizar la seudosoberanía, las empresas que se creaban tenían que ser del Estado, tener una participación estatal, o tener alguna clase de excepción, exención o permiso concedido por el estado. El concepto de Mussolini. Tal formato marcó al país con fuego hasta ahora y sembró la semilla de la corrupción y la ineficiencia, que florece en nuestros días. También creó fortunas. 

El proteccionismo no sólo se manifestó en la restricción de importaciones, sino que se acentuó con el ataque económico al campo, ataque cuyas Juntas nacionales de carne y granos fueron su brazo recaudador y expoliador mientras el IAPI era una especie de estatización del resto del mercado externo, golpes y hábitos de los que el país jamás se recuperó y jamás dejó de añorar. El sueño de Perón de ser potencia nuclear es un ejemplo lamentable de pérdida de tiempo y recursos, a la vez que presupuestario. La industrialización era imprescindible, pero equivocó los métodos. 

Ese amichamiento entre las empresas privadas y el Estado fue un virus incurable que propagó y aumentó la corrupción hasta niveles intolerables, que campea y reina hoy. 

Los golpes militares no corrigieron esos problemas, sencillamente porque compartían y coincidían con el modelo. El llamado Proceso agregó la corrupción a su ilegitimidad usando los mismos resortes del peronismo con los mismos propósitos y llevando al límite el despojo del Estado con un sistema financiero delirante que enriqueció a muchos que aún posan como importantes personalidades, analistas políticos o banqueros (o diplomáticos) y consolidó la proterva hermandad del delito. A la salida de ese vergonzoso sistema financiero, donde se cometieron tropelías que jamás se ventilaron y que se fueron convenientemente dejando prescribir, el radicalismo y el peronismo sellaron un pacto, que se conoció con el apellido de sus gestores, por el cual los dos partidos se comprometían a no denunciar a ninguno de sus correligionarios ante la justicia por las tropelías cometidas durante la dictadura que sin embargo condenaban a los alaridos. El pacto sigue vigente. Los dos firmantes participan todavía activa y patrióticamente de la vida nacional. 

Sociedad mafiosa

El sistema de justicia creado a partir de la vuelta de la democracia y modificado a gusto por los siguientes gobiernos se plegó rápidamente a esa sociedad mafiosa, de la que primero fue proveedora de impunidad, hasta llegar a ser el centro mismo del sistema delictivo, creando una telaraña de favores que sostiene a la casta, a la que este gobierno no ha logrado hacer ningún daño, si no se ha contagiado del virus. No hay salida para el país si no se demuele toda la estructura judicial y se reconstruye desde sus cimientos, con un sistema de elección de fiscales y jueces que no los haga depender de los poderes ni partidos políticos y al mismo tiempo les de poder y los haga millonarios. 

El sindicalismo pasó rápidamente a asociarse con los grandes empresarios prebendarios y a transformarse en una fábrica de billonarios que fingen paros y enojos, pero que terminan siempre negociando con el Estado y los empresarios para asegurar su imperio, de paso defendiendo la “fuente de trabajo”.  

El país trató de mostrarse sorprendido al estallar la causa de los cuadernos, como si no hubiera sabido que esas tramoyas habían empezado en 1955 y no precisamente porque se le “exigieran coimas para trabajar” sino porque siempre se trató de una asociación entre el Estado, los sindicatos y los licitadores y contratistas (no sólo los de la construcción). El sistema no lo inventaron los Kirchner, sólo lo pusieron al alcance de los humildes bancarios y choferes. Todos, encuadernados, sindicalistas y políticos, luego de décadas, siguen aún dando opiniones sobre cómo salvar al país y haciendo negocios con el Estado, algunos ahora en rubros que se consideran clave para el futuro. La justicia, con honrosas excepciones, acunó amablemente ese contubernio. 

El radicalismo posProceso, con los jóvenes emprendedores mimados o consentidos por Alfonsín, tardó poco en abonarse a la hermandad, y fue pronto imitado por todo el arco político. Recuérdese el escandaloso Pacto de Olivos, que tuvo un costo (O un precio).  Hoy se puede afirmar, basados en la experiencia que los tres poderes están plagados de corrupción, y que esa corrupción es multipartidaria, aunque respetando los estilos de cada partido. También es multisectorial. 

Un país corrupto

La Argentina es un país corrupto sus instituciones son corruptas, cualquier perejil  que se descubre al levantar una piedra por error, tiene millones de dólares lavados, mansiones, autos, cuadros, amantes caras, caballos, yates e impunidad, por supuesto, fuera de algún susto. La pregunta es cuántos millones acopió su jefe, o el jefe de su jefe. Es justo que Cristina esté presa. Lo injusto es que los entobillados no sean muchos más.

Difícil es, para Milei o para cualquier otro, pasar a un sistema de libertades, respeto a la propiedad privada y seriedad fiscal, con empresarios que compitan legalmente, no consiga prórroga de contratos sin licitación o trucos indios similares y una sociedad que no robe planes, pensiones por discapacidad, subsidios y jubilaciones de muertos. Y gobiernos que no cultiven el nepotismo, donde ahora se han incorporado los amantes y las amantes, para respetar el lenguaje inclusivo. Las esposas también, hay que ser respetuoso y equitativo. 

Será imposible conseguir un país competitivo y eficiente con el actual contexto y formato, mucho menos una nación confiable, no importa lo que diga el riesgo país. Salvo que se radiquen inescrupulosos que hagan juego con el país. Esta tarea tomaría varios años, más de una o dos presidencias. El factor confianza se basa en la calidad institucional, en el sistema de justicia y en el proceder de los gobiernos presentes y futuros. No basta con que un gobierno sea decente y ortodoxo para crear confianza. Se debe mostrar que los futuros gobiernos también lo serán. Los resultados tardan. A menos que el inversor sea un futuro “contratista”, en cuyo caso el resultado será el mismo que ahora. 

Nunca hay que olvidar que la ley obliga a cualquier empresa extranjera que quiera presentarse en una licitación, a asociarse con una empresa local. Salvo que sea para delinquir como en tantos casos, ¿quién se querría asociar con una empresa argentina? 

Ese país así conformado ha inventado cuatro millones de empleos públicos, ha regalado cuatro millones de jubilaciones, ha logrado ineficientizar al Estado y a las empresas privadas, ha generado seis millones de planes sin contar la AUH, una estupidez también multipartidaria. Ha logrado inflexibilizar la negociación salarial que, aún con la modesta nueva ley, no permite ninguna clase de reconversión ni de adecuación a los valores internacionales. Haber llegado al actual número de habitantes sin flexibilidad laboral es garantía de trabajo en negro, desempleo, delito y altos costos que son incompatibles con el crecimiento y con la generación de empleo. 

La cifra de empleos estales se ha reducido apenas en 1% durante estos dos años. Un primer paso, digamos. Esos costos hacen que cualquier ajuste caiga sobre los trabajadores, los jubilados y las pymes, como está ocurriendo. Aun munido de una férrea voluntad, ni LLA ni ningún otro gobierno puede imponer un sistema eficiente que baje los impuestos en serio, que reduzca la pobreza, que ataque la precariedad, la informalidad y la miseria eficazmente. No se cambia en pocos años. La Argentina se ha endeudado hasta los defaults y se ha puesto fuera del mundo para mantener funcionando ese monstruo. 

Los empleados públicos deben bajar a la mitad, no menos, en todos los niveles. El gasto que generan es mucho más grande que el de sus sueldos. El robo también. Eso significa impuestos imposibles de reducir para aumentar la competitividad. Eso significa pérdida de empleos, eso significa atacar a todo el sistema privado, de todas las clases sociales. Creer que la economía va a crecer tanto que permita mantener a cuatro millones de jubilados extra más a cuatro millones de empleos públicos no es ya desconocer las reglas de la economía. Es ignorar las más elementales reglas matemáticas. 

Un requisito adicional que no puede omitirse es que para hacer cualquier ajuste de magnitud que pueda modificar el nivel del gasto equitativamente, hay que tener funcionarios que conozcan cada una de las áreas, además de ser decentes, además de saber manejar un proceso de tal envergadura en cada una de las áreas. Por eso, entre otras razones que de algún modo se exponen aquí, el ministerio del gasto hace reducciones formales que no cambian nada, que desencantan a los usuarios y consumidores más que alegrarlos. 

Si el país fuese gobernado por una inteligencia artificial, el gasto bajaría a la mitad sin mermar los servicios reales que presta el Estado. Entre otras cosas, la IA no roba. (A menos que en Argentina aprenda) Los funcionarios intermedios son de vital importancia en cualquier intento de eficientización. Mire el lector quienes ocupan esos cargos en este gobierno o en cualquier otro y saque conclusiones. Inutilidad también multipartidaria. 

 Por supuesto que bajar en serio el número de empleos del Estado significa poder ofrecer esa misma cantidad de empleos en el sector privado. ¿Los tiene o tendrá a corto plazo el país? ¿O los empleados públicos se transformarán en planeros?  La observación del magro ajuste en el Estado no es una crítica. Es un dilema que deberá enfrentar cualquiera que intente solucionar el puzle nacional.

Otro problema insoluble

Y aquí debe mencionarse otro problema insoluble del país. Su criterio educativo.  La combinación de enseñanza gratuita con ingreso irrestricto y libre elección de carrera es simplemente estúpido, cualquiera sea la ideología o el tipo de gobierno que conduzca un país. 

Empeora cuando las universidades reciben los fondos del Estado en función de su número de alumnos, sin importar si los alumnos están alcanzando metas mínimas de calidad y de materias aprobadas. Eso hace que el 80 % de los recursos de educación se gasten en una gran cantidad de estudiantes que nunca se graduarán de nada o en financiar carreras de tipo vocacional o de formación general, en vez de asignar la mayor parte de los recursos a quienes aprovecharán ese dinero para especializarse en carreras que coadyuven a hacer crecer al país. (La columna acepta marchas de padres, alumnos, sindicatos y damas exponiendo sus atributos - todos indignados y sensibilizados por este comentario - para defender el derecho de los estudiantes argentinos y migrantes extranjeros a que los recursos de la sociedad se gasten impartiendo gratuitamente una educación de la que la gran mayoría nunca aprovechará, de disciplinas que la sociedad requiere diez veces menos que los profesionales que se gradúan)

El caso de China es digno de análisis. Común mente se dice que es un país comunista, y entonces sus logros no existen. China es un país con gobiernos dictatoriales que matan a los opositores. Pero se comporta como una gigantesca empresa. Su educación ha producido cientos de miles de técnicos que hoy ganan más que sus colegas en otros países, lo que también ha generado avances tecnológicos insospechados. Eso es lo que Trump no quiere entender cuando acusa a China de subsidiar todo lo que vende y de copiar técnicas y desarrollos que Estados Unidos nunca se ocupó de crear. 

Eso se puede lograr. Pero no en 4 o 5 años. Toma una o dos generaciones. Y otras dos generaciones para que los que marchan dejen de hacer solidarismo barato sobre temas que no entienden o no quieren entender. ¿Hay algún proyecto en marcha o en el tablero que apunte hacia algo similar como ocurre en Corea del Sur o en Taiwan? ¿Hay conciencia en la sociedad de esta necesidad? ¿Se tiene clara la cantidad de estudiantes que nunca rinden una materia o que nunca pasan de primero o segundo año, o también es un derecho divino que les cabe? Mientras todo siga como ahora, también los resultados serán como ahora. 

El criterio de creer que “este es un país rico” y enumerar sus ventajas, se acompaña de inmediato con la creencia de que semejante don del cielo hace que sus habitantes tengan el derecho divino a vivir mejor, a trabajar menos, sin una sería formación previa, o de varias formaciones previas a medida que cambian las necesidades mundiales, es una pretensión que termina en subsidio, endeudamiento, default, desempleo y miseria. No se cambia en dos años. Milei no tiene la culpa. En algún momento de sinceridad, el Presidente dijo antes de su mandato que se necesitaban cuarenta años para recuperar la grandeza. Tal vez estuvo más acertado entonces que cuando celebra sus teóricos triunfos ahora. 

  Efecto Trump y UE

 A todo este planteo se deben agregar los factores exógenos, tema no menor. Argentina exporta materias primas alimenticias y es posible que aumente su exportación de petróleo y extractivas. Es decir que no es formadora de precios. El mundo ha abandonado su etapa de globalización y libertad de comercio. Empezando por EEUU, que se ha tornado todavía más proteccionista que lo que siempre fue, además con medidas cambiantes, caprichosas y arrebatadas, o peor, con amenazas que luego cumple o no según le convenga, lo que torna imprevisible cualquier inversión y paraliza las inversiones en todo Occidente.

Los tratados, suponiendo que el que se firmó con Europa sea confirmado por el Parlamento europeo y el que se firmó con EEUU contenga algo más que algunas concesiones graciosas en el tema exportación de carne, de limitado efecto, y suponiendo que ambos no terminen sufriendo con la terrible catarata de obligaciones que debe cumplir el país para vender, son ahora mecanismos de protección, no de intercambio. El valor agregado que se exporta, con tratados o sin ellos, es escaso. Eso significa que los empleos adicionales que pueden crear son por ahora limitados. Tienen la desventaja de que, al no tener ninguna innovación propia, compiten por precio con el resto del mundo. Nuevamente, si no se pueden controlar el costo salarial y el impositivo, los volúmenes y los montos no cambiarán la historia. 

Ni la innovación tecnológica ni los aspectos salariales se podrán modificar en el corto o mediano plazo. De modo que es demasiado optimista creer que Argentina se convertirá en un gran exportador de otra cosa que no sea algunas de las mencionadas, que, pese a las declaraciones, tampoco generan demasiado empleo de calidad. 

No se han creado en las últimas décadas recursos tecnológicos o educativos que lleven a esa situación. Soñar con un crecimiento de semejantes magnitudes como las que se manejan y necesitan es algo irreal. Posiblemente aumente fuertemente el valor de la exportación de gas y minería, pero debe recordarse que el RIGI, que los futuros “inversores” supieron conseguir, hace que esos ingresos no sean del estado, tornándolos así en una suerte de PBI de segunda categoría, no permeable a la sociedad. 

La columna ha advertido reiteradamente sobre la inconveniencia de otorgar exenciones importantes a las industrias extractivas incluyendo las energéticas, porque fuera del empleo directo e indirecto que pueden ofrecer, que no es menor pero que no es relevante frente a la cifra que se necesita, no aporta ingresos que el Estado va a necesitar inevitablemente para pasar la larga transición sin hambrear a la sociedad. Es decir, ante la necesidad mundial de este tipo de productos, otorgar subsidios y exenciones es casi innecesario, es mejor crear un clima de confianza y seguridad jurídica y financiera (por ejemplo, no manosear el tipo de cambio todo el tiempo) 

Quienes admiran el sistema de Noruega, el bienestar que ha creado y las enormes reservas que ha sabido acumular, sin déficit presupuestario, deben tener en cuenta que todo su estado de bienestar se financia con un alto impuesto a las industrias petroleras, no mediante el otorgamiento de exenciones impositivas. Y también que Noruega tiene sólo 5.600.000 de habitantes. Claro, las industrias petroleras no son de amigos del Estado. Se espera entonces que haciendo todo lo opuesto, con una relación de PBI per cápita tan diferente a la noruega, se logren resultados similares. Otra gran incógnita. 

Las teorías y recetas económicas aplicadas universalmente hasta ahora funcionaron mientras la población mundial era la tercera parte de la actual. A medida que la cifra fue creciendo y las expectativas de las sociedades también, y también a medida que los políticos se vendían como repartidores de bienestar, esas teorías fueron deshilachándose, y no sólo la comunista o socialista. A nadie se le ocurriría hoy aceptar los niveles de pobreza de comienzos del siglo XX, por ejemplo, en nombre de la eficiencia. 

También a medida que crecía la población y sus necesidades, se fueron desarrollando estructuras estatales, niveles de gasto, déficits, endeudamiento, empleos, cambiando los modelos de consumo, de salud, de esparcimiento etc. En algunos casos eficiente y equilibradamente, en otros no. El nivel de población ha dejado de ser una ventaja para empezar a ser un problema.  De modo que se debe ser cuidadoso con lo que se hace y mucho más con lo que se promete, sobre todo si se piensa cumplirlo. 

Retroceder la historia y las costumbres, sobre todo cuando son malas costumbres o facilistas, puede ser algo cercano a lo imposible. Argentina no tiene otro camino que ordenar sus cuentas, bajar su gasto de un modo inteligente y relevante, no con licuadora al voleo, y tratar de exportar más y con mayor tecnología incorporada. Debe para eso cambiar muchas costumbres, lesionar muchos intereses creados, romper muchas mafias y sobre todo ser capaz de competir con el resto del mundo y venderle. Y de paso, tener suerte en los diagnósticos y la soluciones, que ya no siempre son de libro. 

De ahí que la tarea sea titánica y difícilmente pueda llevarse adelante con un solo partido, en un solo mandato, sin pasar por el duro camino del ajuste y los costos de la reconversión, que será salvaje aun antes de que se noten los efectos de la IA en los mercados laborales del mundo.

Por eso ante la pregunta “¿cómo vamos?”  la respuesta más honesta y precisa es: “no lo sé”.