Opinión
Cómo las PASO contribuyeron a la degradación de los partidos
Por Juan Ruiz *
Muchos ciudadanos desconocen que el artículo 38 de la Constitución Nacional define que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Otros lo saben, pero no terminan de dimensionar el alcance de esa afirmación, o la consideran una fórmula vacía.
Sin embargo, no hay un concepto que explique mejor en pocas palabras cual es la instrumento básico de la convivencia civilizada de una sociedad, porque en la teoría los partidos políticos son en esencia asociaciones civiles con un objeto social predeterminado y una estructura institucional particular en cuyo interior se debaten ideas que pueden ser multiversales pero que tienen todas la noble finalidad de arribar a programas de gobierno para fijar reglas equitativas para el universo social.
En este orden de ideas, los partidos funcionan en la teoría política como estructuras organizadas para debatir ideas, elaborar programas de gobierno y canalizar la representación política en función del bienestar general de la sociedad.
La práctica, no obstante, dista mucho de ese ideal. En el interior de las agrupaciones conviven en permanente conflicto intereses diversos -y muchas veces contrapuestos-. La influencia de grupos de presión como sindicatos, empresarios o financistas, en un contexto económico inestable, termina desplazando el debate de ideas por la negociación de intereses sectoriales.
ORTEGA Y GASSET
En ese escenario, la definición clásica de la política como la búsqueda racional del bien común pierde sentido. La claridad de ideas sobre que hacer desde el Estado para bien de la Nación que el brillante pensador español Ortega y Gasset sentenció como el quid de la política cede lugar a disputas extraviadas, y la discusión programática es reemplazada por la descarnada competencia por espacios de poder.
Las consecuencias son visibles: internas cada vez más conflictivas, dificultad para construir proyectos comunes y proliferación de rupturas partidarias. Cuando los mecanismos internos dejan de procesar esas tensiones, surgen nuevas agrupaciones, muchas veces como resultado de disputas por candidaturas más que por diferencias ideológicas.
Este fenómeno se refleja también en el ámbito legislativo, donde el transfuguismo se ha vuelto habitual y la disciplina partidaria aparece debilitada con la consecuencia de libanizar la representación de los partidos.
En este contexto, el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), establecido por la ley 26.571, lejos de ordenar la competencia, ha tendido a exacerbar estos conflictos. La exposición pública de las disputas internas, muchas veces cargadas de agresividad, deteriora la calidad del debate político y erosiona la confianza de los votantes.
Es cierto que uno de los argumentos para su implementación fue limitar el poder de las estructuras partidarias cerradas conocidas como oligarquías partidarias y favorecer la renovación dirigencial. Pero, tras más de una década de vigencia, resulta evidente que ese objetivo no se ha cumplido en los términos esperados.
Por el contrario, la intervención del Estado en un ámbito que históricamente pertenecía a la vida interna de los partidos ha contribuido a debilitar sus estructuras. Al delegar la selección de candidatos en un mecanismo externo, los partidos resignaron funciones esenciales y profundizaron su fragmentación interna.
LUCHA ABIERTA
Las corrientes internas se transformaron en facciones, y la competencia de ideas derivó en una lucha abierta por candidaturas, incentivada además por la participación de votantes ajenos a cada espacio político que por lo general ni siquiera conocen las propuestas ni las trayectorias de os personajes que compiten.
Si los partidos son -como dice la Constitución- pilares de la democracia, seguir erosionándolos no es un detalle técnico: es un problema de fondo.
Frente a este panorama, resulta necesario que las dirigencias -especialmente en los partidos de mayor peso- encaren un proceso de reorganización institucional. Recuperar mecanismos propios de selección de candidatos y fortalecer la vida interna no es solo una cuestión partidaria: es una condición para recomponer la calidad del sistema democrático en su conjunto y así asumir realmente el rol que le asigna la Constitución.
* Autor del libro “Derecho de los Partidos Políticos”.
Muchos ciudadanos desconocen que el artículo 38 de la Constitución Nacional define que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Otros lo saben, pero no terminan de dimensionar el alcance de esa afirmación, o la consideran una fórmula vacía.
Sin embargo, no hay un concepto que explique mejor en pocas palabras cual es la instrumento básico de la convivencia civilizada de una sociedad, porque en la teoría los partidos políticos son en esencia asociaciones civiles con un objeto social predeterminado y una estructura institucional particular en cuyo interior se debaten ideas que pueden ser multiversales pero que tienen todas la noble finalidad de arribar a programas de gobierno para fijar reglas equitativas para el universo social.
En este orden de ideas, los partidos funcionan en la teoría política como estructuras organizadas para debatir ideas, elaborar programas de gobierno y canalizar la representación política en función del bienestar general de la sociedad.
La práctica, no obstante, dista mucho de ese ideal. En el interior de las agrupaciones conviven en permanente conflicto intereses diversos -y muchas veces contrapuestos-. La influencia de grupos de presión como sindicatos, empresarios o financistas, en un contexto económico inestable, termina desplazando el debate de ideas por la negociación de intereses sectoriales.
ORTEGA Y GASSET
En ese escenario, la definición clásica de la política como la búsqueda racional del bien común pierde sentido. La claridad de ideas sobre que hacer desde el Estado para bien de la Nación que el brillante pensador español Ortega y Gasset sentenció como el quid de la política cede lugar a disputas extraviadas, y la discusión programática es reemplazada por la descarnada competencia por espacios de poder.
Las consecuencias son visibles: internas cada vez más conflictivas, dificultad para construir proyectos comunes y proliferación de rupturas partidarias. Cuando los mecanismos internos dejan de procesar esas tensiones, surgen nuevas agrupaciones, muchas veces como resultado de disputas por candidaturas más que por diferencias ideológicas.
Este fenómeno se refleja también en el ámbito legislativo, donde el transfuguismo se ha vuelto habitual y la disciplina partidaria aparece debilitada con la consecuencia de libanizar la representación de los partidos.
En este contexto, el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), establecido por la ley 26.571, lejos de ordenar la competencia, ha tendido a exacerbar estos conflictos. La exposición pública de las disputas internas, muchas veces cargadas de agresividad, deteriora la calidad del debate político y erosiona la confianza de los votantes.
Es cierto que uno de los argumentos para su implementación fue limitar el poder de las estructuras partidarias cerradas conocidas como oligarquías partidarias y favorecer la renovación dirigencial. Pero, tras más de una década de vigencia, resulta evidente que ese objetivo no se ha cumplido en los términos esperados.
Por el contrario, la intervención del Estado en un ámbito que históricamente pertenecía a la vida interna de los partidos ha contribuido a debilitar sus estructuras. Al delegar la selección de candidatos en un mecanismo externo, los partidos resignaron funciones esenciales y profundizaron su fragmentación interna.
LUCHA ABIERTA
Las corrientes internas se transformaron en facciones, y la competencia de ideas derivó en una lucha abierta por candidaturas, incentivada además por la participación de votantes ajenos a cada espacio político que por lo general ni siquiera conocen las propuestas ni las trayectorias de os personajes que compiten.
Si los partidos son -como dice la Constitución- pilares de la democracia, seguir erosionándolos no es un detalle técnico: es un problema de fondo.
Frente a este panorama, resulta necesario que las dirigencias -especialmente en los partidos de mayor peso- encaren un proceso de reorganización institucional. Recuperar mecanismos propios de selección de candidatos y fortalecer la vida interna no es solo una cuestión partidaria: es una condición para recomponer la calidad del sistema democrático en su conjunto y así asumir realmente el rol que le asigna la Constitución.
* Autor del libro “Derecho de los Partidos Políticos”.