Comienza a tratarse la reforma laboral

El oficialismo y sus aliados “dialoguistas” intentarán sancionar un proyecto de reforma laboral de casi 200 artículos que introduce importantes cambios en la legislación vigente y es resistido por el peronismo y los sindicatos.

Para consolidar el ansiado triunfo legislativo, la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, selló, según sus palabras, “un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia” con el aporte de “muchos bloques y provincias”.

Con la “primera ley laboral en democracia”, la senadora hacía referencia tácita al fracaso que en similares intentos tuvieron los gobiernos no peronistas de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Con el aporte de “muchos bloques y provincias”, se refería al respaldo político que tendrá la ley a la hora de la votación, calculado en 44 votos sobre un total de 72.

Para alcanzar el entendimiento el Gobierno debió introducir 28 modificaciones al dictamen que había logrado en diciembre pasado. La principal fue el retiro de la reducción del impuesto a las Ganancias que beneficiaba a las empresas y al que los gobernadores aliados habían opuesto un firme rechazo porque reducía la coparticipación. La baja de Ganancias quedará postergada hasta el tratamiento de una reforma fiscal integral.

Para dar prueba del consenso al que había llegado con los “dialoguistas”, Bullrich llamó a conferencia de prensa y se presentó rodeadas por legisladores de la UCR, el PRO y partidos provinciales.

El presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, explicó que su sector había hecho todo el esfuerzo posible para que “los argentinos puedan tener trabajo registrado”. Por su parte, el jefe del bloque PRO, Enrique Görling, consideró la nueva mayoría como “un paso muy importante” para otras reformas pendientes.

CAMBIOS

Entre los cambios introducidos al dictamen de diciembre se destacan la definición de “mejor salario” para desalentar la industria del juicio. En tanto, para formar el fondo de asistencia laboral que reemplaza a las indemnizaciones, los empresarios deberán aportar un 1% de la masa salarial -en el caso de las empresas grandes- y un 2,5% las pymes. Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

En cuanto a los sindicatos, se mantienen los aportes compulsivos de los trabajadores por dos años con un tope del 2%, pero a partir de ese plazo pasarán a ser voluntarios. En el caso de los aportes de las empresas a las cámaras del sector, también se mantendrán por dos años con un tope de 1%. Con posterioridad los aportes también serán voluntarios.

El Gobierno aceptó, en cambio, en beneficio de los sindicalistas que los aportes a las obras sociales se mantengan en un 6% en lugar de bajarlos al 5%. Por lo contrario, no hubo variaciones sobre los convenios colectivos: los de una empresa provincial tendrán, por ejemplo, prelación respecto de uno nacional.

La intención de LLA es aprobar la reforma hoy en el Senado y remitirla a Diputados para que la sancione antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei debe presentarse ante el Congreso para dar cuenta del estado de la Nación.