Comedores, negocios y tensión social: el Conurbano camina sobre un hilo delgado

El delgado hilo que sostiene la situación social en el Conurbano bonaerense podría cortarse en cualquier momento. El cruce de acusaciones entre el gobierno provincial y el nacional por la caída de los recursos ha empujado a situaciones que apenas encuentran difusión masiva, pero que están ahí, latentes. La más reciente polémica está dada por el anuncio del gobierno bonaerense sobre el programa alimentario MESA, cuya suspensión entró en vigencia el primer día de mayo.

Pero detrás de este movimiento hay una cadena muy frágil -en la mayoría de los casos- que podría quebrarse con consecuencias aún más complejas. A eso se suma la tensión política de este tiempo, que no solo atraviesa Axel Kicillof en su polarización con Javier Milei, sino también puertas adentro del peronismo.

El senador Mario Ishii, alcalde de José C. Paz en uso de licencia, fue el primero que alertó sobre las consecuencias sociales que atraviesa el Conurbano, agravadas ahora por la suspensión de este tipo de programas. Es más, ante la consulta de este medio, llegó a decir que la realidad actual es aún peor que los días previos al estallido del 2001.

Su justificación fue la siguiente: “Estamos rompiendo todos los tejidos, las pymes y las industrias no paran de caer. Cuando vino la época de los saqueos y el estallido del 2001 los negocios y las fábricas estaban abiertas aún, ahora ya están cerrando. Esta apertura indiscriminada que han hecho de las importaciones no sirve porque la ropa que antes comprabas a $200 y ahora vale $25 tampoco la pueden comprar porque la gente no tiene para comer, y mucho menos para comprar los medicamentos”.

Esa pintura de la realidad llevó al legislador provincial a presentar un proyecto para declarar la emergencia alimentaria. Otro motivo de discordia interna. La tentación de explicar cada acción como consecuencia de las apetencias o intereses políticos sectoriales es un arma de doble filo. Puede llevar a la equivocación de no medir con exactitud la gravedad del problema o, peor aún, llegar tarde a su paliativo.

Es verdad que existen condiciones distintas a las del 2001 para el rebusque cotidiano. También es cierto que, por el momento, no asoma una intención visible de organizar la protesta desde los territorios. Y esto sucede por varias razones. Una central, a diferencia de aquellos años, es el verdadero control de la maniobra.

NUEVOS LIDERAZGOS

Si bien los intendentes siguen siendo las figuras más relevantes en términos institucionales dentro de un municipio, en los barrios emergieron otros liderazgos más acotados, que ya no necesariamente responden a la vieja lógica de los punteros políticos. Existen nuevas estructuras, nuevos intermediarios y también zonas donde el narco impone sus propias leyes y su propia organización.

Es por ello que nadie puede estar seguro de controlar un desbande social una vez iniciado. De allí que la cautela sea una característica esencial para tener en cuenta en estos momentos. No es casualidad la insistencia de los intendentes en tener más herramientas para controlar la seguridad de sus distritos.

Existe otro elemento clave para diferenciar aquel 2001 que describía Ishii de este presente: el avance de la tecnología. Por estas horas, se popularizó como novedad periodística una extensa hilera de aspirantes a conseguir trabajo en un frigorífico de Moreno. Todos, sin excepción, los que formaban la larguísima fila con la expectativa de tener un ingreso de entre $500.000 y $600.000 mensuales, poseían en sus manos un celular.

La vida en una pantalla y sus algoritmos cumplen un rol fundamental en atemperar o profundizar los estados de ánimo sociales. Son conjeturas que exploran los proveedores de gobernabilidad mundial, como el caso de Peter Thiel, afincado en la Argentina por razones aún poco claras para el gran público.

Lejos de esas pruebas de laboratorio que puedan estar en marcha, a la situación alimentaria en la provincia de Buenos Aires se sumó un nuevo foco de tensión. La Asociación Bonaerense de Prestadores de Servicios a Comedores Escolares y Afines presentó una nota formal ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque, para advertir sobre la delicada situación que atraviesan las empresas proveedoras del Servicio Alimentario Escolar y del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria.

El planteo no es menor: la entidad asegura representar a prestadores que cubren el servicio en el 80% de los distritos bonaerenses, es decir, en 108 municipios. Según la presentación, la combinación entre la suspensión del programa MESA, la falta de pago de prestaciones ya realizadas y una recomposición tarifaria considerada insuficiente amenaza la continuidad del esquema de asistencia alimentaria escolar.

RECLAMOS

Uno de los puntos centrales del reclamo apunta al aumento del 30% dispuesto para las prestaciones del SAE a partir de mayo. Para los proveedores, esa mejora resulta “objetivamente insuficiente” frente a una estructura de costos que viene deteriorada desde hace más de un año. El último ajuste, señalan, había sido en marzo de 2025, mientras que los costos acumulados desde entonces habrían subido alrededor del 50%. En algunos rubros sensibles, el salto fue todavía mayor: productos cárnicos, 62%, y costos energéticos, 124%.

Pero el capítulo más sensible aparece con la suspensión del programa MESA por 90 días. Según la asociación, la medida fue comunicada apenas con tres días hábiles de antelación y se suma a la falta de pago de servicios ya prestados durante marzo y abril. Ese combo, advierten, genera un perjuicio directo sobre las empresas: ruptura de contratos vigentes, reestructuraciones operativas de urgencia, falta de fondos para pagar mercadería, mano de obra y logística, además del riesgo de desvinculaciones de personal a gran escala.

SEÑAL DE ALARMA

La entidad también alerta por pérdidas vinculadas a alimentos ya comprados, insumos de embalaje personalizados, alquileres de depósitos, centros de distribución y compromisos asumidos previamente por cada municipio. En términos políticos, el reclamo introduce una señal de alarma: la crisis no queda encerrada en una discusión administrativa, sino que puede impactar directamente sobre la normal prestación del servicio alimentario en las escuelas bonaerenses.

En la nota, los prestadores reclaman el pago inmediato de los módulos MESA entregados en marzo, el pago en tiempo y forma de los correspondientes a abril, un aumento adicional del 20% para prestaciones como desayuno, merienda, comedor, albergues y residencias, además de una adecuación del menú a valores reales.

También piden una línea de crédito a tasa cero del Banco Provincia, medidas de alivio fiscal y actualizaciones trimestrales automáticas para evitar nuevos desfasajes.

La presentación deja una advertencia de fondo: si no se adoptan medidas correctivas urgentes, las consecuencias podrían exceder la capacidad de control de los propios prestadores y afectar la continuidad del abastecimiento alimentario para los alumnos bonaerenses. La asociación, de todos modos, ratificó su disposición al diálogo institucional para encontrar una salida inmediata.

Claro que el tema, agravado por el combo descripto, no exime que detrás de estos movimientos siempre haya ganadores y perdedores. Como ocurre en otros tantos puntos de la administración pública y sus contrataciones, se van generando cárteles de empresas que suelen ser las mismas ganadoras de la mayoría de las licitaciones. Y allí los nombres se repiten.

Así como en los tiempos de María Eugenia Vidal crecieron empresas como el Grupo L, en la actualidad la provisión de la comida está más atomizada, aunque con actores muy preponderantes.

Especialistas que siguen de cerca el sector aconsejan mirar los movimientos de Maximiliano Carrillo, a quien le adjudican el control de varias empresas del rubro que suelen quedarse con buena parte de las licitaciones provinciales o municipales. De hecho, Logística Sofía y la Distribuidora Don Joaquín comparten la dirección del depósito y tendrían un control casi total del servicio en Moreno, Almirante Brown o Lomas de Zamora, por mencionar solo algunos casos.

También hay otras empresas que tendrían una lógica similar, como Cofex SA, Real de Catorce SA y Tux. Donde hay una necesidad, hay un negocio.
En un Conurbano donde la situación social ya venía encendiendo luces amarillas, el conflicto por los comedores escolares puede convertirse en un problema mucho más grande que una disputa de proveedores. Porque cuando se corta la cadena de pagos en la alimentación escolar, el impacto no termina en una oficina administrativa: llega directo a las escuelas, a las familias y al territorio.

En definitiva, la comida escolar nunca es solo comida escolar. Es asistencia, contención, empleo, logística, poder territorial, paz social y también negocio. Por eso, cuando se suspende un programa alimentario, cuando los proveedores advierten que no pueden sostener la prestación y cuando los intendentes empiezan a pedir más herramientas de control, la política debería escuchar algo más que un reclamo administrativo.

El Conurbano vuelve a mostrar que la calma puede ser apenas una superficie. Debajo, se mueven la necesidad, la bronca, la interna política y los intereses económicos que siempre aparecen cuando el Estado compra, reparte o deja de repartir. Y en la Provincia, cuando el hambre empieza a ordenar la agenda, la política casi siempre descubre el problema demasiado tarde.