Causa Sueños Compartidos: Macri aseguró que Alberto Fernández lo intimó a pagar por obras a las Madres
Mauricio Macri declaró como testigo de la causa Sueños Compartidos, ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga en Comodoro Py al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros exfuncionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales.
El ex mandatario respondió las preguntas que le hicieron en una declaración que no duró más de 20 minutos.
“Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, explicó Macri. En ese momento, su sucesor en el sillón de Rivadavia era el jefe de Gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner.
Los certificados a los que hizo referencia son una suerte de comprobantes de avance de obra que deben presentarse antes de aprobar nuevos giros de fondos públicos.
“Bullrich (Esteban, entonces ministro de Acción Social porteño) me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado” indicó y calificó como “bastante traumático” el trato con la Fundación, porque “siempre había problemas de cumplimientos para terminar los contratos de Sueños Compartidos”.
Recordó que las obras realizadas con el plan Sueños Compartidos se llevaron adelante en un predio lindero al barrio Los Piletones, donde está la Fundación Margarita Barrientos y también rememoró un episodio en el que Hebe de Bonafini y “otras mujeres fueron a la Catedral y armaron un desquicio, llamaron al Obispado diciendo que era un desastre. Finalmente, Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra Vidal (María Eugenia)”.
Tras finalizar su declaración, salió sin hacer declaraciones de Comodoro Py desde el acceso del subsuelo, donde lo esperaron su camioneta y su custodia.
En el juicio de Sueños Compartidos se debate si entre 2005 y 2011 existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.
Ese monto equivale a un 23% de los 748 millones de pesos que transfirió para las obras la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de José López, otro de los acusados.