Causa AFA: un mala noticia para “Chiqui” Tapia
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Claudio “Chiqui” Tapia y ratificó la continuidad de la investigación contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La causa, que tramita ante el juez Diego Amarante, investiga la presunta apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social por una suma que, según la denuncia original, asciende a los 19.300 millones de pesos.
En su dictamen, según el portal Infobae, el fiscal desarmó la estrategia de los abogados de la AFA utilizando citas textuales contundentes: aseguró que “no se observa en autos ninguna circunstancia desincriminante” y que el planteo defensista pretende una interpretación que viola el orden legal.
Un elemento central que complica la situación procesal de Tapia y de su tesorero, Pablo Toviggino, surgió del análisis de los informes enviados por el Banco Credicoop, la entidad presidida por Carlos Heller que opera como el principal agente financiero de la AFA.
Tras el levantamiento del secreto bancario, la Justicia detectó una contradicción entre el relato de la defensa y la realidad contable. Durante los períodos fiscales de 2024 y 2025 en los que la AFA incumplió con el giro de los fondos al fisco, la institución gozaba de una notoria liquidez.
Según se desprende del expediente, la Casa Madre del fútbol argentino mantenía en ese momento saldos que superaban los 8.000 millones de pesos en cuentas a la vista, a lo que se sumaban importantes colocaciones en plazos fijos en dólares.
Este hallazgo es determinante para la hipótesis de la Fiscalía. Al comprobarse que la AFA contaba con los recursos necesarios en sus cuentas, se debilita cualquier argumento sobre una imposibilidad de pago y se refuerza la figura del dolo. En los delitos de retención indebida, lo que se penaliza es que el agente de retención (la AFA) se quede con dinero que no le pertenece -como el Impuesto a las Ganancias de terceros o los aportes de sus empleados- teniendo la capacidad financiera para depositarlo.
Los abogados de Tapia, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, habían solicitado cerrar la causa argumentando que, como existen resoluciones del Ministerio de Economía que suspenden las ejecuciones fiscales contra clubes, el Estado no estaba habilitado para exigir el cobro penalmente. Navas Rial fue categórico al destruir ese argumento. En su escrito, al que accedió Infobae, sostuvo: “Cumplida la fecha de vencimiento, estamos frente a la existencia de una obligación exigible, la cual el contribuyente no cumplió en el plazo estipulado por la ley penal”.