Auxiliado por los "dialoguistas", el Gobierno busca la sanción en el Senado de la reforma laboral
La Libertad Avanza aisló a la oposición peronista que no presentó un dictamen alternativo. El PJ centró su estrategia en prolongar el debate, denunciar la precarización laboral y acusar al Gobierno de quitar derechos a los trabajadores.
El Senado se aprestaba a aprobar y girar a Diputados un extenso proyecto de reforma laboral impulsado por La Libertad Avanza y apoyado por los bloques “dialoguistas”: la UCR, el PRO y los partidos provinciales. El aislamiento de la oposición peronista anticipó una segura votación favorable en general de la iniciativa.
La norma incluye restricciones del derecho de huelga en servicios esenciales y modificaciones a los aportes de los trabajadores a los sindicatos. Les pone un tope de 2% del salario, aunque los mantiene por tiempo indeterminado. Cambia también la ultraactividad de los convenios colectivos y establece la prelación de los convenios por empresa.
En otro orden, el proyecto crea un régimen de incentivo al “blanqueo” de los trabajadores no registrados, así como disposiciones para eliminar la “industria del juicio”. Lo hace precisando el concepto de remuneración. Se introduce la flexibilización de la jornada laboral a través de la creación del “banco de horas” y la institución de un Fondo de Asistencia Laboral para garantizar el pago a los trabajadores en casos de desvinculación o cierre de empresas.
Respecto de la “industria del juicio”, también se refuerza el derecho del empleador a los controles médicos y a fiscalizar las juntas médicas para evitar los fraudes.
RESPALDO
Para conseguir el respaldo de gobernadores peronistas no K, del radicalismo y de partidos provinciales el oficialismo debió flexibilizar su posición inicial y aceptar cambios como la eliminación de la baja de tres puntos al impuesto a las Ganancias promovida por el Ejecutivo que afectaba la coparticipación.
También aceptó que los sindicalistas sigan recibiendo los aportes compulsivos de los trabajadores por tiempo indeterminado, aunque inicialmente amagó con volverlos voluntarios. Tendrán un techo del 2%. En igual sentido, retrocedió con los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras del sector que tendrán un tope del 0,5%, pero sin plazo para volverse voluntarios.
Inicialmente, el peronismo se negó a dar quórum, pero la sesión comenzó sin demoras porque el oficialismo tardó apenas 15 minutos en ubicar 37 senadores en sus bancas. La presentación del dictamen estuvo a cargo de Patricia Bullrich que sostuvo que “la reforma laboral era una tarea pendiente desde el restablecimiento de la democracia” en 1983.
Acto seguido, delegó la tarea de analizar el proyecto en dos senadores de LLA: Juan Godoy (Chaco) y Bruno Olivera Lucero (San Juan). Godoy explicó que la norma propuesta apuntaba a bajar la litigiosidad laboral. Argumentó, además, que “respetaba y conservaba los derechos de los trabajadores” y mantenía su protección. “No niega derechos, sino que los define”, aseguró.
A su turno, el camporista Mariano Recalde calificó la reforma como un “negociado brutal y horrendo” que “beneficiaba la situación de las empresas frente al trabajador”. Consideró que la norma era “absolutamente desequilibrada y producto del revanchismo”.
Le respondió la radical Mariana Juri acusándolo de soberbia y de no hacerse cargo de la crisis que el kirchnerismo legó al gobierno que lo sucedió. Señaló también que el peronismo se limitaba a la crítica, pero no había presentado ningún proyecto alternativo.
Al margen del intercambio de imputaciones, la estrategia opositora consistió en hacer intervenir en el debate a la casi totalidad de los integrantes del bloque para prolongar artificialmente la sesión en la esperanza de que se cayera. Sobre un total de 28 senadores, 21 repitieron una y otra vez las mismas denuncias y descalificaciones.
Las modificaciones que el Senado terminó incorporando al proyecto del Poder Ejecutivo no respondieron, por lo tanto, a los planteos radicalizados del PJ, sino a demandas de los “dialoguistas” y de sectores afectados. En su mayor parte estuvieron relacionadas con presiones de quienes perdían financiamiento, como las provincias o los sindicalistas, o partes de su negocio, como en el caso de los bancos que mantuvieron el monopolio de las cuentas sueldos que les disputaban las billeteras virtuales.