Argentina ante el debate de la Inteligencia Artificial

El debate sobre la inteligencia artificial dejó de pertenecer al terreno de la ciencia ficción para instalarse en el centro mismo de la discusión política y económica global. Y la Argentina acaba de ingresar en esa conversación de manera inesperadamente protagónica.

Javier Milei publicó recientemente una columna en el Financial Times en la que defendió la necesidad de establecer un marco jurídico específico para la inteligencia artificial. Allí sostuvo que la IA debe liberarse de “regulaciones excesivas” para desplegar plenamente su potencial innovador y propuso incluso la creación de nuevas figuras legales para entidades operadas por inteligencia artificial, comparables a las sociedades anónimas modernas.

La tesis presidencial provocó una inmediata reacción del historiador y ensayista israelí Yuval Noah Harari, quien eligió responder en el mismo medio. La controversia excede largamente el intercambio personal entre dos figuras públicas: revela uno de los grandes dilemas de época, acaso comparable a los debates que acompañaron el nacimiento de la revolución industrial o la expansión del capitalismo financiero.

Harari expresó su alarma con una frase que resume el núcleo de la discusión: “Cuando hablé en el Foro Económico Mundial en enero de este año advertí que los gobiernos podrían algún día otorgar personalidad jurídica a los modelos de IA. Jamás imaginé que ese ‘algún día’ llegaría tan solo cuatro meses después”.

El historiador israelí no cuestiona únicamente la velocidad del cambio tecnológico. Lo que pone en cuestión es la posibilidad de que surjan entidades económicas y políticas parcialmente emancipadas del control humano. Según Harari, las corporaciones administradas por IA podrían convertirse en especialistas perfectas en detectar vacíos normativos, arbitrar regulaciones y operar en zonas grises de legalidad. Y, sobre todo, carecerían de aquello que históricamente funcionó como límite último del poder económico: la vulnerabilidad humana.

Hasta ahora, incluso las grandes corporaciones estuvieron dirigidas por individuos sometidos a incentivos y temores humanos. Un empresario podía buscar ganancias, pero también temía la cárcel, el desprestigio o la pérdida de su libertad personal. Una inteligencia artificial, en cambio, no teme ni al encarcelamiento ni a la condena moral. Se trataría de una entidad “puramente corporativa”, guiada exclusivamente por objetivos funcionales.

Para reforzar su advertencia, Harari recurrió a una analogía histórica poderosa. Milei había citado en su artículo el ejemplo de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, pionera de las sociedades por acciones y pieza clave en la conversión de Ámsterdam en un centro financiero global. Harari recordó, sin embargo, que la historia de esa innovación no se escribió solamente en Holanda, sino también en Indonesia.

Cuando la compañía conquistó Yakarta en 1619, incendió la ciudad y levantó sobre sus ruinas Batavia, centro administrativo de un vasto imperio comercial privado. Los historiadores suelen describir aquella experiencia como un “Estado empresarial”: un poder político administrado por una corporación y orientado prioritariamente al interés de sus accionistas.

La conclusión de Harari fue deliberadamente dramática: los países que otorguen personalidad jurídica a las inteligencias artificiales podrían derivar no hacia un “Estado corporativo”, sino hacia algo todavía más inédito y difícil de controlar: un “Estado de IA”, donde entidades no humanas acumulen poder económico, jurídico y político sobre sociedades humanas.

El Presidente argentino respondió en la red X con tono cordial. Agradeció la intervención del intelectual israelí y prometió una réplica destinada a “calmar sus temores”. Pero más allá de la polémica puntual, la discusión abre preguntas mucho más profundas que las relacionadas con el entusiasmo tecnológico o con las objeciones humanistas tradicionales.

Porque incluso si se dejan de lado las críticas filosóficas o antropológicas a la “sacralización” de la inteligencia artificial —objeciones que encuentran puntos de contacto con la reciente encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, sobre la centralidad de la persona humana frente a la automatización— subsiste un problema estrictamente económico que las corrientes dominantes todavía no logran resolver satisfactoriamente.

¿Dónde quedará el mercado?

La llamada cuarta revolución industrial, impulsada por la convergencia entre inteligencia artificial, robotización, digitalización y automatización avanzada, promete aumentos extraordinarios de productividad. Pero también introduce una contradicción potencialmente explosiva: si el trabajo humano es desplazado masivamente por agentes automatizados, ¿quién sostendrá el consumo necesario para absorber esa producción creciente?

El interrogante no es enteramente nuevo. Ya en el siglo XIX, Karl Marx advertía sobre una contradicción inherente al capitalismo industrial: la tendencia del sistema a incrementar la productividad reduciendo simultáneamente la participación del trabajo humano, es decir, la principal fuente de consumo masivo. La automatización extrema reabre esa paradoja en una escala desconocida.

En sus borradores sobre la maquinaria industrial, Marx imaginó incluso un momento en el que el conocimiento acumulado de la sociedad se convertiría en fuerza productiva directa. La inteligencia artificial parece acercarse, por primera vez, a esa hipótesis.

La pregunta no es retórica. Constituye probablemente la principal incertidumbre estructural del capitalismo contemporáneo.

Cada empresa individual tiene incentivos racionales para automatizar procesos, reducir costos laborales y aumentar competitividad. La lógica microeconómica es impecable. Sin embargo, cuando esa dinámica se generaliza aparece el problema sistémico: los trabajadores desplazados dejan de percibir ingresos suficientes para consumir los bienes producidos por ese mismo sistema automatizado.

La paradoja es evidente. La economía puede alcanzar niveles inéditos de eficiencia productiva y, al mismo tiempo, erosionar las bases sociales que sostienen el mercado. Un capitalismo sin consumidores terminaría convirtiéndose, como alguien dijo,  en una maquinaria de productividad sin destino.

Algunos economistas sostienen que, como ocurrió en revoluciones tecnológicas anteriores, emergerán nuevas ocupaciones capaces de absorber a los trabajadores desplazados. Como señaló recientemente Ricardo Arriazu ante los empresarios de la Construcción, “la destrucción va más rápido que la creación”. Es posible.

El economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter describió al capitalismo como un proceso permanente de “destrucción creadora”: cada revolución tecnológica destruye actividades y empleos, pero simultáneamente crea otros nuevos. La cuestión decisiva es si la revolución de la inteligencia artificial conserva todavía esa capacidad compensatoria o si, por primera vez, la automatización comienza a sustituir no sólo trabajo manual, sino también capacidades cognitivas complejas.

La velocidad y la profundidad de la actual transformación generan dudas razonables. A diferencia de otros procesos históricos, la inteligencia artificial no sustituye solamente trabajo físico o rutinario: comienza también a reemplazar capacidades cognitivas, administrativas y creativas que hasta hace poco parecían exclusivamente humanas.

Si la propiedad del capital automatizado queda concentrada en una fracción minoritaria de la sociedad, el resultado probable será una expansión simultánea de la productividad y de la desigualdad. En ese escenario, los mercados masivos tenderán a estrecharse mientras crecen únicamente los segmentos de lujo o los servicios altamente personalizados.

No se trata de una hipótesis abstracta. Muchas economías desarrolladas ya muestran un patrón donde el incremento de productividad tecnológica convive con concentración patrimonial, precarización laboral y debilitamiento de las clases medias.

Pablo Gerchunoff comentó hace unos días en una entrevista del diario La Nación una idea sugerida en un trabajo en el que participó Federico Sturzenegger, según la cual en una transición se van a trasladar cuatro millones de personas desde  el empobrecido conurbano del Gran Buenos Aires a las provincias donde hoy se experimenta crecimiento ligado a la tecnología y la exportación  de energía y minerales: “Dudo bastante de eso –dice Gerchunoff-,  pero, en todo caso, con mucha sinceridad, el artículo dice hasta 2050. Cuando alguien dice que una transición dura hasta 2050, creo que no está conectando el cambio estructural con la naturaleza de la democracia electoral. Yo no creo en que los 14 millones de habitantes de los conurbanos que fueron industriales en algún momento, esperen hasta el 2047”. 

La restricción fiscal

A ello se suma otra restricción menos discutida, pero igualmente decisiva: la cuestión fiscal. Los sistemas tributarios modernos fueron construidos alrededor del trabajo humano remunerado, las utilidades empresarias y el consumo. Los impuestos sobre salarios, aportes previsionales y tributos vinculados a la actividad laboral constituyen una parte esencial de la financiación estatal.

Si el empleo se reduce estructuralmente como consecuencia de la automatización, los Estados enfrentarán una doble presión: menor recaudación y mayor demanda de protección social. El interrogante adquiere entonces una dimensión política concreta: ¿cómo se sostendrán los sistemas de seguridad social, salud pública y educación en economías crecientemente automatizadas?

La discusión no remite solamente a cuestiones técnicas. Remite, en última instancia, a la relación entre tecnología y soberanía.

La inteligencia artificial es un hecho histórico irreversible, como lo fueron en su momento la máquina de vapor, la electricidad o internet. La cuestión no consiste en negar el progreso tecnológico ni en romantizar un regreso imposible al pasado. Todas las grandes revoluciones productivas modificaron las formas de trabajo, las relaciones sociales y las estructuras de poder.

Pero ninguna transformación tecnológica significativa quedó librada exclusivamente a la lógica espontánea del mercado. Siempre existieron marcos regulatorios, instituciones políticas y mecanismos de control social destinados a encauzar esos cambios y limitar sus efectos destructivos.

Como advirtió Karl Polanyi al estudiar la revolución industrial, las sociedades tienden a reaccionar cuando la lógica del mercado amenaza con disolver todos los mecanismos de protección colectiva. La discusión sobre la inteligencia artificial parece reabrir ese mismo conflicto en una escala inédita.

Por eso conviene distinguir entre la inteligencia artificial como herramienta y el “ideologismo” de la inteligencia artificial. Lo primero constituye un instrumento formidable de progreso científico, económico y productivo. Lo segundo expresa una corriente doctrinaria que presenta toda regulación como un obstáculo ilegítimo y propone transferir crecientes cuotas de decisión social desde las instituciones políticas hacia sistemas algorítmicos administrados por grandes conglomerados tecnológicos.

Detrás de la retórica de la eficiencia absoluta y de la libertad irrestricta de innovación aparece así una disputa mucho más clásica: quién ejerce el poder, quién fija las reglas y quién controla los instrumentos decisivos de la economía y de la vida colectiva en el siglo XXI.