Aprobó la Cámara de Senadores un régimen restrictivo de DNU
Una amplia coalición opositora formada por el PJ, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales aprobó en el Senado por 56 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones y giró a la Cámara de Diputados un nuevo régimen para los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Los votos negativos correspondieron seis a LLA y uno a la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero. Se abstuvieron dos senadores “roviristas” de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
La norma sancionada modifica radicalmente la situación actual de los DNU, ya que exige su ratificación por ambas cámaras del Congreso con mayoría absoluta y en un plazo de 90 días corridos para que no pierdan vigencia.
La iniciativa opositora forma parte de la ofensiva legislativa contra el gobierno de Javier Milei que, amparado en la ley 26.122 sancionada por el kirchnerismo en 2006, ha utilizado los decretos de necesidad y urgencia para tomar medidas económicas clave que no hubiera podido convertir en leyes a causa de su escasa representación parlamentaria.
Con el régimen vigente los DNU tienen pleno efecto si no son rechazados de manera explícita por ambas cámaras. El silencio del Congreso o de una de sus cámaras los consolida, lo que es equivalente a la sanción ficta de leyes que la Constitución prohíbe.
Fue impulsado por la ex presidenta Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta durante la presidencia de su marido Néstor Kirchner. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, sin embargo, había manifestado otro criterio, el de la aprobación obligatoria del DNU por las dos Cámaras del Congreso, que casi dos décadas más tarde el kirchnerismo volvió a adoptar.
El proyecto sancionado anoche es aplicable también a los decretos delegados y la promulgación parcial de leyes. Dispone además que los DNU deben tratar una sola materia, volviendo imposible los decretos ómnibus. Habilitan también su tratamiento durante el receso parlamentario. En caso de que un DNU no consiga la aprobación del Congreso el proyecto deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
La iniciativa dispone además que, en caso de no conseguir la aprobación del Congreso, el Ejecutivo no puede promulgar uno similar en el mismo año parlamentario.
Durante el debate oficialismo y oposición se acusaron recíprocamente de oportunismo. El primero destacó particularmente el cambio de criterio del kirchnerismo y sus aliados ocasionales que mantuvieron durante casi 20 años por intereses partidarios una norma que ahora acusan de contraria a la Constitución.
Por su parte los promotores de la norma señalaron que aun cuando el régimen de la 26.122 había cuestionado anteriormente por los libertarios ahora no querían cambiarlo porque estaban a cargo del Poder Ejecutivo.