Airada reacción contra Trump de la Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional arremetió el miércoles contra las sanciones más recientes de Estados Unidos contra altos funcionarios de la CPI, incluida su presidenta, al calificarlas de “ataque flagrante” contra la independencia del tribunal mundial, y prometió seguir buscando justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo.
El Departamento de Estado anunció el martes que impuso sanciones a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de nacionalidad japonesa, y al abogado principal de la acusación de la CPI, Abdoulaye Seye, originario de Senegal. Las sanciones congelan cualquier activo que tengan en jurisdicciones de Estados Unidos o que entre en contacto con el sistema financiero de Estados Unidos.
El gobierno de Trump ya ha impuesto sanciones a nueve de los 18 jueces de la CPI, sus dos fiscales adjuntos, a su exfiscal jefe y a otro miembro de la fiscalía, indicó la corte. Estados Unidos acusa a la corte de exceder su mandato al investigar y buscar procesar a altos funcionarios militares y políticos de países, como Israel y Estados Unidos, que no son miembros del tribunal.
En un comunicado, la CPI afirmó que cuando “se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”. Señaló que la corte “seguirá cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad”.
En un comunicado el martes, el secretario de Estado, Marco Rubio calificó a la CPI como “un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha excedido en su mandato”.
La medida se produjo semanas después de que Rubio anunciara que Estados Unidos estaba lanzando “una amplia campaña para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos”.
Rubio manifestó que presionará a los 125 Estados miembros del tribunal para que se retiren de la institución, sancionará a organizaciones que trabajen con la corte y prohibirá que el personal viaje a Estados Unidos.
Desde entonces, Venezuela y Chad han anunciado que planean abandonar el tribunal, lo que eleva a cinco el número de países que se han retirado de la corte en el último año. La decisión de un país de dejar el tribunal tarda un año en formalizarse.
Las sanciones pueden afectar la vida cotidiana de los funcionarios del tribunal. Impiden que los funcionarios de la CPI y sus familias ingresen a Estados Unidos y bloquean su acceso incluso a servicios financieros básicos, lo que dificulta hasta ir a una tienda de alimentación.
La jueza canadiense Kimberly Prost, sancionada el año pasado, perdió el acceso a sus tarjetas de crédito, y Alexa de Amazon dejó de responderle. “Todo tu mundo queda restringido”, declaró a The Associated Press después de que fue sancionada.
El órgano de supervisión de la corte, la Asamblea de los Estados Partes, calificó las sanciones como una “escalada” que “corre el riesgo de socavar las investigaciones en curso y obstaculizar los esfuerzos globales” para garantizar que la justicia llegue a las víctimas de atrocidades globales.
Japón también critica la medida de Estados Unidos.
“Las medidas anunciadas son muy lamentables”, señaló en un comunicado el miércoles Toshihiro Kitamura, secretario de prensa del Ministerio japonés de Exteriores.
Japón ha respaldado de manera constante a la CPI en sus esfuerzos por procesar y castigar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional y por defender el Estado de derecho, afirmó. “Japón seguirá comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho en la comunidad internacional, al tiempo que mantiene la comunicación con los países relacionados”.
Yuichiro Tamaki, líder del opositor Partido Democrático para el Pueblo de Japón, escribió en X que las sanciones de Trump eran “indignantes e intolerables”. Instó al gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, a mostrar su apoyo a la CPI y a hablar con el gobierno de Estados Unidos para “hacer que retire esta sanción injusta”.
Balkees Jarrah, directora para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch, calificó las sanciones como “el ejemplo más reciente del absoluto desprecio del gobierno de Trump por el derecho internacional y un intento descarado de proteger de la justicia a funcionarios estadounidenses e israelíes implicados en delitos graves”.
Human Rights Watch y otros tres grupos demandaron la semana pasada al gobierno de Trump para impugnar su campaña contra la CPI. La demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, sostiene que el decreto de Trump del año pasado dirigido contra el tribunal penal con sede en La Haya y las sanciones de Estados Unidos emitidas contra un experto en derechos humanos de la ONU y tres grupos palestinos de derechos representan “un ataque descaradamente ilegal contra la justicia internacional y deberían ser anulados”, según un comunicado de prensa