Advierten por el abandono en rutas

“Una ley que no se aplica no existe”, destacó a La Prensa Viviam Perrone para resumir la encrucijada cotidiana que atraviesa la seguridad vial en la Argentina. La referente social y miembro de Madres del Dolor presentó hace pocos días en la Legislatura porteña la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito, que concentrará su labor de lleno en la prevención.

El trasfondo de esta iniciativa responde a una realidad estadística preocupante sobre el problema de la siniestralidad en el país. "Es la primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina y son 8.000 muertes por año en hechos viales. En el mundo mueren 1,2 millones de personas por hechos viales. Todo prevenible, pero en el país no se previene. Detrás de cada una de esas estadísticas hay una persona, hay una familia”, enfatizó la mamá de Kevin Sedano.

Durante una entrevista con este diario, Perrone destacó que los proyectos internacionales observados en distintos congresos resultan aplicables en el país mediante campañas activas, charlas en empresas destinadas a conductores de flotas e iniciativas conjuntas con firmas del sector privado, tales como petroleras, para difundir contenidos educativos en redes y medios masivos.

En paralelo al lanzamiento institucional, la dirigente profundizó su reclamo directo al Congreso de la Nación para que trate con urgencia las reformas pendientes en el Código Penal antes de que los expedientes pierdan estado parlamentario. “Hoy en día en el 90% de los casos de siniestros viales con víctimas lo que ocurre es que te dicen desde la Justicia es que “tu ser querido estaba parado sobre la vereda, vino un conductor a exceso de velocidad, no respetó el semáforo, se subió a la vereda, se fugó del lugar, mató a tu ser querido y la pena es 3 años en suspenso, se va a su casa”, advirtió la referente al graficar la impunidad que rodea a los homicidios culposos.

Para subsanar este vacío legal, la organización impulsa una iniciativa legislativa elaborada por el doctor Nicodemo y el perito Walter Gorbach. La propuesta busca modificar la escala penal para que, ante la presencia de dos o más agravantes, la sanción oscile entre 4 y 12 años y sea de cumplimiento efectivo. 

Al respecto, según explicó Viviam Perrone, “más que el máximo, lo que nos interesa es el mínimo que sea de cumplimiento efectivo, porque podemos pedir 50 años y si los jueces siguen dando 3 años en suspenso, no nos sirve de nada”. 

A su vez, remarcó que las exigencias probatorias actuales para caratular estas muertes bajo homicidio simple con dolo, cuya pena va de 8 a 25 años, resultan prácticamente imposibles de acreditar en los tribunales. “Para que se catalogue como homicidio simple con dolo, hay que demostrar que el conductor fue consciente del peligro letal y aun así decidió avanzar con indiferencia. ¿Cómo se prueba algo así? Salvo que exista constancia de que alguien le advirtió que no condujera en ese estado y él haya contestado que no le importaba, es casi imposible acreditarlo”, señaló Perrone.

CONTROLES EFECTIVOS

La referente alertó además sobre la falta de aplicación federal de ordenanzas como Alcohol Cero al Volante debido a disputas de jurisdicción y a la escasez de controles rigurosos. En palabras de Perrone, “en todas las calles y rutas tiene que haber controles; no a las 11 de la mañana, sino donde y cuando realmente se sabe que ocurren los hechos”. 

La especialista en prevención de siniestros viales reclamó inspecciones tanto fijas como móviles, a través de patrullajes en moto en arterias clave como la Autopista Panamericana para interceptar banquineros y automovilistas que usan el teléfono celular, y propuso que los fondos recaudados mediante multas se destinen a infraestructura, educación y hospitales.

La precariedad vial y el recorte de fondos para el mantenimiento de caminos también formaron parte del diagnóstico. Sostuvo la experta que, de un tendido de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, únicamente está previsto el mantenimiento básico de 9.000 kilómetros, dejando desatendidos otros 30.000 kilómetros vitales para el transporte y el comercio de cargas. “Tenemos que realmente fijarnos en la infraestructura vial porque en este momento está destruida”, alertó al contrastar el mal estado de las calzadas con los debates globales sobre tecnología vial.

CONTENCIÓN

En cuanto a la contención postraumática, Perrone recordó la vigencia de herramientas como la Guía para Víctimas, declarada de interés parlamentario, que es un documento que consta de los pasos que debe seguir una persona si es víctima de un hecho violento, los derechos y garantías con los que cuenta y las etapas emocionales que podría atravesar. El texto también contiene los números de emergencia y contactos de asesoramiento, y remarca la recomendación de que la víctima esté acompañada por una persona allegada a lo largo del proceso institucional y emocional que deba atravesar. 
En tanto, la Guía ha sido adaptada en distritos como Vicente López, San Isidro, Salta, Ushuaia y Tandil, y la línea telefónica gratuita 149 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Justicia, se encuentra operativa las 24 horas los 7 días de la semana con psicólogos y abogados. 

Sin embargo, pese a la existencia de estas herramientas, Perrone denunció que las oficinas de asistencia creadas bajo la Ley de Víctimas de 2016 se encuentran desmanteladas en numerosas provincias. 

Finalmente, consultada sobre si tuviera que marcar las tres prioridades indelegables que el Estado debería ejecutar actualmente para frenar las muertes evitables, la fundadora de la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito fue categorica.

“Primero y principal, campañas y educación vial para prevenir. Segundo, leyes efectivas y que se apliquen, porque de nada sirve tenerlas y que no se apliquen. Y tercero, el acompañamiento a víctimas, tanto a nivel psicológico como judicial, como para que puedan salir adelante en un momento tan difícil”.