Acuerdo para el juez que ratificó la validez de la reforma laboral
Reunida en sesión de acuerdos la Cámara de Senadores aprobó más de 30 pliegos de jueces y diplomáticos remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso. Entre ellos, el del integrante de la Cámara Federal de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, magistrado que rechazó el amparo presentado por la CGT contra la ley de modernización laboral.
De esa manera Pesino, fuertemente criticado por el sindicalismo y el partido peronista, obtuvo una prórroga por cinco años para seguir en el desempeño de su cargo. El 27 de julio cumplirá 75. Sin el nuevo acuerdo ese día habría tenido que jubilarse.
Por ese motivo el oficialismo tenía premura en sesionar. Consiguió el objetivo de dar luz verde al pliego de Pesino, pero como no tenía los votos aún para sancionar la cuestión de fondo del temario -el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada—se vio obligado a pasar las deliberaciones cuarto intermedio hasta el mes próximo (ver aparte).
La votación a favor de Pesino fue pareja, 35 votos a favor y 32 en contra, y a través del senador Mariano Recalde el peronismo lo impugnó considerándolo un simple instrumento del Poder Ejecutivo. El legislador porteño dijo que no tenía pruebas, pero sí indicios de que el magistrado había obtenido la prórroga de funciones mediante negociaciones con el Ejecutivo, lo descalificó, comparándolo con un famoso delincuente norteamericano y sostuvo que la sala de la Cámara en la que se desempeña ha sido bautizada “sala Banelco”. Como fuente citó versiones de los pasillos de los tribunales.
Para fundar su voto negativo Recalde admitió que el magistrado conocía la ley, pero alegó que “no le tenía confianza”.
Por su parte la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que no se puede cuestionar a los jueces por sus sentencias, porque hacerlo significa minar su independencia y libertad de criterio.
En otro orden, fue aprobado para ocupar el jugado federal 2 de Lomas de Zamora, el pliego de Tomás Rodríguez Ponte. El nombramiento fue apoyado por unanimidad. A Rodríguez Ponte se lo vincula con el juez federal Ariel Lijo, de quien fue secretario letrado. Es un especialista en derecho penal en cuyas manos estará, entre otras causas de corrupción política, la de los “dólares del vestidor” que involucra al ex intendente peronista Martín Insaurralde.