A los pactos los carga el diablo

A lo largo de la historia los pactos, acuerdos y tratados han tenido un devenir escasamente pacífico; más suerte tuvieron fundamentalmente los pactos preconstitucionales a los que la propia Constitución Nacional en su Preámbulo llama "pactos preexistentes" y corresponden fundamentalmente a la etapa del siglo XIX. Son aquellos en los que las provincias en plena etapa de la disgregación ratificaban su voluntad de constituir una unión confederal, hasta construir una Nación.

Sin embargo, ya en la etapa contemporánea los pactos y acuerdos han sido mal vistos, tienen mala prensa y fueron generalmente tachados de contubernistas (vocablo yrigoyeniano por antonomasia) por considerarse vehículo de claudicaciones principistas.

Sostienen algunos que esa herencia de intransigencia y antiacuerdismo se constituyó en uno de los demonios de las desventuras políticas argentinas que jalonaron varias décadas de inestabilidad institucional merced a las insurrecciones, golpes, revoluciones y contrarrevoluciones que regaron de sangre el territorio nacional.

Alguien dijo o tiene escrito que es una rémora de la histórica rebeldía española que es nuestra irrenunciable herencia cultural. La impugnación lisa y llana del adversario político lo arrojaba al círculo infernal de los réprobos, exponiéndolo a la vindicta pública individual o colectiva.

DESPUES DE PAVON

Después de Pavón y la definitiva integración nacional de todas las provincias con especial protagonismo porteño, Urquiza el líder de los federales de la primera etapa constituyente eligió replegarse sobre su dominio entrerriano dejando la escena nacional dominada por la ascendente estrella de Bartolomé Mitre gobernador porteño que fue desarmando poco a poco las estructuras del caudillismo federal del interior.

Ese pacto implícito no escrito fue excusa de los federales más extremos como López Jordán que señaló como traidor a Urquiza que finalmente cayó víctima del magnicidio.

Los acuerdos que algunos años después pretendieron bajo el nombre de Conciliación restaurar el vínculo entre la Nación, la provincia de Buenos Aires (dividida en Crudos y Cocidos) pacificar nuestro país con una sucesión presidencial acordada por Avellaneda, Mitre y Alsina, a éste le salió un grupúsculo opositor al pactismo que bajo la denominación de Partido Republicano, lideraban Aristóbulo del Valle, Leandro Alem y Roque Sáenz Peña, una tríada sobre la que volveríamos a tener noticias. El naufragio de aquel trajo la larga hegemonía del PAN Partido Autonomista Nacional liderado por Julio Roca y consensuado por los gobernadores provinciales.

PRIMER PARTIDO

Luego de la Revolución de 1890 en la que descollaban los nombrados del Valle y Alem, surgió el primer partido orgánico con estructura federal que reivindicaba elecciones sin fraude y moral administrativa, se llamó Unión Cívica y recibió la adhesión de la nueva generación política y los senectos Mitre y Bernardo de Irigoyen que fueron proclamados como fórmula presidencial para los comicios de 1892. Astuto, Roca que vislumbraba un ocaso cercano, supo tentar a Mitre con una candidatura de unión nacional renunciando a la lucha electoral.

De buen grado Mitre se sumó y fue enseguida objeto de crítica y el pacto de la discordia rechazado por el nuevo partido que surgió como consecuencia, la Unión Cívica Radical, que igualmente resolvió concurrir a los comicios obligando al gobierno a perpetuar el fraude electoral que fue causa de nuevas revoluciones hasta entrado el siglo XX.

Sáenz Peña, lúcido, antes de ser presidente escribió: “Cada elección nos cuesta una revolución y cada revolución es un desastre”. Su propósito de saneamiento electoral encontraba sustento en la necesidad de no retrasar más aún nuestro desarrollo institucional, sin dudas beneficioso para el país que se convertía en una gran economía pero carecía de integración social.

EN EL SIGLO XX

Podría decirse que también corresponde a la categoría constituyente, a pesar de haberse alcanzado y puesto en vigor en las primeras décadas del siglo XX, al acuerdo que consumaron Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen para consagrar el sistema electoral que hizo del voto obligatorio y secreto el pilar de la república democrática como la conocemos hasta la actualidad.

La solución de continuidad de ese esquema pactista para la definitiva constitucionalización argentina fue el golpe de Estado de 1930 que puso fin por la vía del hecho y la fuerza al sistema republicano y representativo abriendo un extenso ciclo de más de medio siglo de golpes militares, fraude electoral, violencia política y subversión del orden constitucional.

En el medio, los intentos pactistas en uno u otro sentido fracasaron producto de la intransigencia y la impugnación de la legitimidad del adversario. Algunos pactos consumados o en grado de tentativa, lo fueron unicamente para excluir a uno de los actores fundamentales de la política argentina, casi siempre el peronismo.

Quizá el más duradero e implícito pacto no escrito es el que allá por octubre de 1983 los argentinos fraguaron para definir el retorno definitivo a la democracia como forma de gobierno y sistema de vida (aunque por entonces no podía apostarse con certeza a la continuidad de la misma) y que, en mayor o menor medida, sigue vigente y ha permitido atravesar vicisitudes graves que pusieron en riesgo la estabilidad institucional, la convivencia cívica y la paz interior.

No obstante, cada vez que la palabra "pacto" fue puesta sobre el tapete, el o los responsables de ello pagaron un altísimo costo político. El pacto siguió y sigue vislumbrándose pecaminoso, sibilino, y así fue desterrado de la escena nacional por temor a la mácula pactista.

REFORMA CONSTITUCIONAL

La reforma constitucional que cumplirá treinta años -que superó largamente la vigencia de las dos anteriores sancionadas en el siglo XX, la de 1949 que puso en vigor la llamada Constitución Justicialista y su antitética, sancionada tan sólo ocho años después que abrogó la vigencia de aquella y restauró la original de 1853/60 con algunos agregados entre los que destaca el artículo 14 bis consagratorio de los derechos sociales- inició su camino precisamente bajo el estigma del pactismo. Tal fue el remoquete que a los acuerdos alcanzados por los dos líderes de los partidos populares y mayoritarios de entonces Raúl Alfonsín y Carlos Menem les fuera endilgado (el costo mayor corrió por cuenta de Alfonsín y el radicalismo) sin la suficiente clarividencia para entender que lo que se buscaba era una reforma sustentable en el tiempo que asegurara no solamente la vigencia del sistema sino su actualización en algunos aspectos relativos a ampliación de derechos y modernación de institutos de gobierno. Pruebas al canto. La democracia quedó definitivamente consolidada desde entonces sin alteraciones de fondo ni de forma. Pero los pactos tienen mala prensa aunque las mejores intenciones jalonen su camino.

“RARA AVIS”

El presidente Javier Milei, cuya presidencia es una rara avis en la tradición política contemporánea producto tal vez de la crisis global y de la sensación de hastío de la población sobre la falta de respuestas a las penurias socioeconómicas de los últimos años, ha tenido un dificultoso trayecto en la construcción de gobernabilidad enfrentándose exageradamente y sin razón valedera con el Congreso (en el que está en minoría) y a los gobernadores de provincias (ya que ninguno le responde), a quienes engloba con exceso de maniqueísmo dentro del término "la casta" endilgándoles la responsabilidad de trabar la agenda de reformas que pretende implementar amparado en su éxito electoral del balotaje.

Frustrado o descontento, indignado o maquiavélico, ha vuelto a lanzar al debate la idea del pacto, bajo la pretensión grandilocuente de llamarlo ‘Pacto de Mayo’, con la confesa idea de brindarle una pátina fundante como aquellas jornadas mayas que nos parieron al escenario internacional en 1810. No obstante ello, en días recientes algunas situaciones contrapuestas demostrarían que el mentado pacto o acuerdo se circunscribe exclusivamente a razones crematísticas o sea la pedestre necesidad de articular la escasez de recursos genuinos y compartir la pesada carga entre la jurisdicción nacional y la de los estados provinciales.

* Presidente del Instituto Nacional Yrigoyeneano.