La acción se desarrolló entre abril y diciembre de 1985 en un procedimiento inédito y ejemplar hasta entonces no solamente para la Argentina sino para el mundo en general.
Hace cuarenta años la República Argentina daba un paso fundamental en el proceso de consolidación definitiva de sus instituciones constitucionales democráticas reconstruídas.
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital dictaba sentencia en el ejemplar Juicio seguido a las Juntas Militares como responsables máximas de la conducción del Estado durante la dictadura cívico militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” y por ende también de la comisión de delitos aberrantes contra la dignidad y la vida de personas secuestradas fuera de todo marco jurídico legal mientras duró su dominio todopoderoso sobre el territorio nacional.
COMPROMISO ETICO DE ALFONSIN
Ello fue posible gracias a la firme determinación del presidente Raúl Alfonsín que ya en la campaña para los comicios generales del 30 de octubre de 1983 había comprometido su palabra en caso de triunfar en la búsqueda de verdad y justicia para las miles de víctimas de una represión atroz e ilegal que se había desplegado sobre la sociedad argentina.
No había, conviene recordarlo, una demanda social colectiva en torno a dicha circunstancia. Fue ante todo un compromiso ético propio del presidente electo al impulsar a la joven y naciente república democrática y sus bases fundantes en un principio moral que implicaba ante todo la necesidad de revisar el pasado reciente y, en un marco de absoluta trasparencia y legalidad, desarrollar la acción reparadora del Estado bajo los principios del debido proceso sustantivo y adjetivo.
Bajo esas motivaciones el presidente Alfonsín en acuerdo general de ministros dictó los decretos 157 y 158 apenas había asumido la titularidad del Poder ejecutivo mandando a enjuiciar a los responsables de la cúpulas guerrilleras así como a las tres primeras juntas militares.
El paso imprescindible fue impulsar en el nuevo Parlamento la derogación de la autoamnistía decretada por los militares antes de dejar el gobierno.
EL OBJETIVO
La intención primigenia fue que las propias FF.AA. a través de una acción ejemplar del Cosejo Supremo, su órgano jurisdiccional, llevara a cabo el procedimiento que desembocara en la exposición de la verdad de aquel horror y aplicara los castigos consecuentes a sus compañeros de armas que habían deshonrado su uniforme y su juramento. No fue así, ya que el Consejo distrajo el tiempo otorgado para la instrucción sumarial en dilaciones y artilugios que solamente pretendieron impedir la acción persecutoria.
Pero la propia democracia naciente había previsto un mecanismo de superintendencia y apelación en el ámbito de la justicia ordinaria. Así fue como ante las injustificables dilaciones finalmente el órgano judicial se avocó a la denominada Causa 13, notificando al fiscal y a los defensores de los acusados para asegurar a todas las partes involucradas que se cumplieran todas las previsiones de un juicio justo.
La acción se desarrolló entre abril y diciembre de 1985 en un procedimiento inédito y ejemplar hasta entonces no solamente para la República Argentina sino para el mundo en general. Un sistema democrático que sin ninguna clase de negociación ni concesión previa a los dictadores sentaba las bases de su refundación sobre la verdad y la justicia.
La Cámara llevó a cabo su labor de manera ejemplar y discreta, cuidando hasta el mínimo detalle en materia de transparencia y discreción procedimental, imponiendo condenas a los culpables y absolviendo a aquellos sobre cuya responsabilidad en los hechos ventilados existió un margen de duda razonable.
Fueron treinta y tres semanas de audiencias, escuchando testimonios por momentos desgarradores, evaluando material probatorio reunido diligentemente por los eficaces fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo sobre la base de la documental reunida anteriormente por la legendaria e imprescindible Conadep único ejemplo mundial de una comisión de la verdad extrapoder integrada por personalidades de la sociedad civil que contaba además con muy escasos recursos materiales para su labor que sin embargo fue ciclopea y determinante para formar el corpus probatorio.
LEGADO DE JUSTICIA
El juicio a las Juntas dejó para los tiempos un legado de justicia en cuanto a haber clarificado la existencia de un plan coordinado y ejecutado sistemáticamente para el exterminio de personas, lo cual desmontó para siempre el argumento de los hechos aislados y de los autores autónomos y descontrolados, a pesar de que aún hoy el negacionismo pretenda falsear los hechos.
Muchos de aquellos héroes que hicieron realidad el magno postulado del Preámbulo de la Constitución Nacional al “afianzar la justicia” aún viven y son reconocidos públicamente por la Nación en su conjunto, sus instituciones de gubernamentales, las corporaciones académicas y profesionales del derecho y la opinión pública en general.
Conviene mencionarlos por sus nombres propios porque no sin riesgo para su vida y su integridad, pusieron el cuerpo y su destreza intelectual en un episodio fundante de nuestro naciente sistema democrático. Los jueces fueron Leon Carlos Arslanian, Andrés D'Alessio , Ricardo Gil Lavedra, Jorge Edwin Torlasco, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Araoz.
Bien vale honrarlos con los versos de Jorge Luis Borges: "siempre el coraje es mejor/la esperanza nunca es vana".