Dolarización, un camino inconstitucional
“Los economistas fueron más culpables que los filósofos por la Revolución, pues olvidaron los derechos privados en función de la utilidad pública.”
Alexis de Tocqueville
Por Denis Pitté Fletcher
Ante la escalada de los precios que lleva la inflación a aproximadamente un 120% anual, los aprendices de brujo han introducido como gran idea salvadora la dolarización de la economía argentina. La propuesta no resiste el menor análisis serio.
El gobierno (éste y los anteriores) continuó gastando más allá de sus medios, tomando préstamos en dólares en el mercado de capitales internacionales y emitiendo moneda para financiar el déficit. Por lo que el problema central es el altísimo gasto público y no la pérdida de valor de la moneda, que es consecuencia de ese gasto impagable.
No se puede mantener una moneda común (con los Estados Unidos en este caso), cuando se tienen gastos públicos, productividad, políticas fiscales, laborales y tributarias distintos. La problemática argentina no es el tipo de cambio sino el exceso de gasto público, que determina el tipo de cambio elevado, más allá de que actualmente el peso esté sobrevaluado artificialmente (respecto del dólar oficial) por la irresponsabilidad del gobierno y del Banco Central.
En Europa se hizo ya el experimento de adoptar una moneda única entre países completamente disímiles en productividad. Como decía Armando Ribas citando a Andrew Moravcsic, la comunidad del Euro ha significado que a partir del 2007 la economía alemana ha crecido un 7% en tanto que las economías de Bélgica, Francia y Holanda permanecieron estancadas y las de Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal se han contraído más que cuando se produjo la Gran Depresión. Y ello precisamente en razón de tener una moneda en común entre países con economías disímiles.
La experiencia debería enseñarles a estos economistas que su receta atenta contra los derechos individuales, en particular el de propiedad, y ello resulta violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional. Porque si se dolarizara la economía, todo el sistema productivo iría a la ruina, pues es imposible competir con los productos de los EE.UU. y de otros países con el nivel del gasto público y en consecuencia con los impuestos y demás cargas que deben afrontar las empresas nacionales, que necesariamente deben trasladar a precios. Seríamos un país caro en dólares, y que podríamos importar a precios de liquidación, haciendo imposible la competencia propia de un sistema verdaderamente liberal.
Las soluciones milagrosas son muy infantiles. Si todo se arreglara dolarizando no habría necesidad de ninguna otra reforma. En economía no hay soluciones mágicas.
Es un sistema de vasos comunicantes y hay que entender qué ocurre en una punta del sistema cuando se toquetea la otra. Y quienes creen que solucionando la inflación todo lo demás se da por añadidura, están profundamente equivocados. Y la prueba es lo que produjo la adopción del euro (que no era otra cosa que el marco alemán, y por tanto Alemania era la única en la que el euro era compatible con sus precios internos) como moneda única en Europa.
Algo similar a la dolarización fue la convertibilidad impuesta en la Argentina en abril de 1991, con la conversión de un peso un dólar. Es bien claro que si no se está dispuesto a mantener controlado el gasto público, mal puede controlarse rígidamente el tipo de cambio, pues de este modo los desequilibrios provocados por el aumento del gasto no pueden ser compensados por la variación de la relación cambiaria.
Lo que destruyó la convertibilidad fue el incremento en un 120% del gasto público, y lo que destruyó finalmente al sector privado de la economía fue el régimen de convertibilidad fija, pues el incremento del costo de producción generado por el incremento del gasto público no podía ser trasladado por los empresarios a los precios por cuanto quedaban fuera de la competencia internacional merced a la convertibilidad uno a uno del dólar con el peso que determinaban que los productos importados fueran mucho más baratos que los nacionales.
Además, el hecho de que no hubiera inflación nominal, no significa que no existiera en forma contenida, pues los bienes no transables como los servicios públicos sí vieron incrementados sus precios a diferencia de los transables, para los que existía el límite de la competencia internacional con el peso sobrevaluado. Y la imposibilidad de trasladar a los precios el incremento de los costos y la presión que significaba la mayor demanda provocada por el mayor gasto público, produjo inevitablemente el quiebre del sistema.
La devaluación de 2002 se imponía como la ley de gravedad, y de resultas de ella, la economía general ingresó en una etapa de crecimiento, hasta que nuevamente los políticos incrementaron el gasto de modo brutal, y la Argentina se encuentra en una crisis estructural de la que será muy difícil salir.
La Argentina no puede renunciar a la herramienta de la política cambiaria. Porque un sistema verdaderamente liberal es el que custodia los derechos individuales, y para ello es menester contar con herramientas que impidan destruir el sistema productivo, que es a la postre el que genera riqueza, fuentes de trabajo, y la mano invisible que mediante los salarios reparte esa riqueza.