El combate a las redes narco requiere consenso y decisión

Durante los períodos de transición entre un ciclo que se extingue y otro que se insinúa, el cambio del talante político se expresa en la gestación de nuevos consensos, que paulatinamente disuelven y suplantan a los preexistentes.­

En este caso, son los hechos los que obligan a buscar consensos creativos sobre una combinación de temas en los que el sistema político jugó al avestruz durante mucho tiempo: los de la inseguridad y el avance del crimen organizado y las redes narco.­

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No es "una sensación"­

Que la inseguridad no es una alucinación colectiva ni un embeleco fraguado por los medios quedó decretado la última semana. Una docena de balazos en la madrugada rosarina contra un local de la cadena de supermercados que pertenece a la familia política de Lionel Messi y un mensaje borroneado y de tono amenazante dirigido al número diez de la Selección argentina resonaron en todos los medios de comunicación del mundo y sacaron de su largo letargo a los responsables de la política argentina (oficialistas de ayer y de hoy).­

Rosario es desde hace años una ciudad en la que campean las bandas dedicadas a la extorsión y al negocio de la droga. Los jefes de esas pandillas gozan de la relativa seguridad que les garantiza el sistema carcelario, desde donde siguen conduciendo confortablemente sus organizaciones por teléfono. Las fuerzas de seguridad locales están superadas o infiltradas por los delincuentes, la justicia está desmantelada: por falta de acuerdos e inacción política está vacante el 40% de los juzgados federales que deberían atender este tipo de delitos; en mayo del último año la Corte Suprema en pleno estuvo en la ciudad y participó de un evento de la Justicia Federal donde se trató el juzgamiento de los casos de narcotráfico.­

La balacera del jueves a la madrugada y el apellido Messi generaron movimiento y reclamaron acción. Decir Messi es decir el mundo: desde ese punto de vista, puede entenderse que el todo el planeta obligó a la política a pronunciarse sobre un asunto en el que prefería la discreción o el oficio mudo. Y la obliga a pensar. La presión no sólo llegó desde el mundo, sino también desde casa: la movilización popular que en un barrio de Rosario arrasó el domicilio de una persona vinculada con el comercio de droga y con el asesinato de un chico de 11 años, fue otro despertador. La acción directa puede provocar contagios vertiginosos.­

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No es solo Rosario­

El delito ligado al narcotráfico se destaca en Rosario, pero no vive solo en esa ciudad. Paulatinamente el Estado ha ido perdiendo control del territorio: en numerosos espacios el orden lo imponen poderes de hecho, vinculados al delito organizado. La policía admite que en muchos lugares sus agentes no pueden entrar si no es en el marco de grandes operativos, pues en otras condiciones no tienen garantías de seguridad. Las ambulancias públicas no se atreven a penetrar en los asentamientos de emergencia ni siquiera en compañía de un policía.­

En esos territorios la ley la imponen los que ejercen la fuerza o amenazan plausiblemente con usarla y los que reclutan y facilitan ingresos, habitualmente vinculados a la actividad delictiva. El orden es impuesto por el crimen organizado y su tejido de influencias, que llega a niveles políticos y estatales. En esa jerarquía, las redes narco se encuentran en la cúspide. Y la numerosa población de esos espacios que no está vinculada a tales actividades queda sometida a su poder, desprovista del resguardo permanente de una autoridad legítima. La tarea de preservación, construcción y restauración de tejido social sano que llevan adelante curas villeros, maestros y asistentes sociales es un precario puente con la Nación, reemplazo vicario de una acción decidida del Estado para asistir y promover seriamente a amplios segmentos de la población, establecer allí el orden de la Constitución y la ley y desalojar a las organizaciones que convierten esos espacios en "territorios liberados".­

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Rectificaciones­

"En Rosario ganaron los narcos", había confesado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cascoteado desde la provincia porque el Estado central es el principal responsable de atender a delitos federales. "El problema de la violencia y del crimen organizado es muy serio -había constatado el presidente Alberto Fernández-. Hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos". La inacción por la que reclamaba la provincia de Santa Fe tuvo que modificarse de urgencia: el gobierno adoptó el martes la decisión de ampliar los contingentes de fuerzas federales y enviar recursos; el presidente también prometió una presencia del Ejército, dentro de los límites que las leyes no le prohíben.­

El primer mandatario actuó morosamente, pues hasta ese martes no había atendido el pedido de las autoridades santafesinas. Hubo varios dirigentes que no quisieron perder la oportunidad de opinar en un tema que, con el atractivo del apellido Messi, aseguraba resonancia. La ex ministra de Seguridad de este Gobierno, Sabina Frederic, sugirió que Messi colabore en una campaña en favor del desarme en Rosario. Sergio Berni, a cargo de la cartera Seguridad de la provincia de Buenos Aires, afirmó que habría que aplicar métodos análogos a los del presidente de El Salvador, Nayib Bukele (grandes cárceles y trabajos forzados para este tipo de delitos). "Creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza", aventuró.­

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también intentó mostrarse en una posición de dureza: "La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel; debemos usar todos los medios del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas".­

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, difundió en cambio un artículo en el que, indirectamente, toma distancia de una posición de ese tipo. Su definición -deja bien aclarado- tiene el carácter de "asesoramiento técnico y profesional desde el nivel estratégico militar sobre qué tipo de misiones el instrumento militar está en condiciones de cumplir y para cuáles no es apto".­

En el análisis del teniente general Paleo "la concepción de empleo de las FF.AA. contra las nuevas amenazas es una doctrina errónea que llega tarde, cansada y pasada de moda a nuestro país", fruto de un momento histórico en el que se supuso que los conflictos interestatales tendían a desaparecer ("fin de la historia"). Pero, señala el militar, "el conflicto armado interestatal sigue siendo una posibilidad vigente y relevante" y hoy "muchas voces militares y políticas de países de occidente del primer mundo lamentan la pérdida de capacidades para enfrentar una guerra convencional por haberse dedicado por más de 20 años a combatir al terrorismo y las nuevas amenazas. Frente a este escenario internacional -concluye Paleo- y teniendo en cuenta nuestros recursos naturales altamente demandados a nivel global, la usurpación de nuestros territorios en el Atlántico Sur y la bicontinentalidad antártica, pensar emplear a las FF.AA. en detener a un grupo de personas que tiene una cocina de pasta base es un despropósito total".­

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Las reticencias tienen motivo­

Particularmente, podría añadirse, cuando la política no toca los instrumentos jurídicos que dan marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas. El texto de la Ley de Defensa Nacional, aprobada en 1988 (gobierno de Raúl Alfonsín), afirma en su artículo 2 que "la Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo".­

Si se admite que las redes del narcotráfico son configuraciones transnacionales que agreden al país y disputan al Estado el control efectivo de espacios, no hay en el texto de la ley límites para el uso de las fuerzas militares ante esa presencia. En rigor, ese límite fue incorporado a través del decreto reglamentario (727/2006, presidencia de Néstor Kirchner, ministra de Defensa Nilda Garré); ese decreto dispuso que el sistema de Defensa "debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado, dejando fuera de la órbita del mismo, ya sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así como también de producción de inteligencia, toda cuestión que haga y/o refiera a la seguridad interior".­

El decreto surge del aliento a cierto consenso antimilitar fogoneado por el primer kirchnerismo, en una mezcla de ideologismo y búsqueda pragmática de un enemigo que alimentara la polarización y fortaleciera así a su corriente, que había accedido a la Casa Rosada con un 22 por ciento de los votos.­

Ese consenso prácticamente se ha evaporado: los dos últimos ministros de Defensa, Agustín Rossi y Jorge Taiana, han trabajado en una atmósfera sumamente cooperativa con las fuerzas. Pero el decreto sigue en pie y hacia fines del gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Ejército fue convocado a actuar en operaciones de control del narcotráfico, en el marco del operativo Escudo Norte, Horacio Verbitsky invocaba su vigencia para cuestionar que esa actividad militar "fuerza los límites de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior". Probablemente se repita ese argumento ahora, ante la decisión que Fernández adoptó.­

Es razonable pues que en las fuerzas militares haya cierta reticencia, pues la política no cumple los prerrequisitos para legalizar la misión que entretanto invoca o reclama. Más allá de que, además de la corrección normativa, la actividad requiere instrumentos militares, organización y adiestramiento específicos.­

El general Paleo ha puntualizado entretanto un hecho incontrovertible. Las guerras interestatales no han desaparecido del mapa y las Fuerzas deben estar preparadas y pertrechadas para esa tarea y la preservación del patrimonio nacional.­

Entretanto el argumento de que, ante la presencia de las redes del narcotráfico las Fuerzas Armadas no deben combatirla por tratarse de cuestiones de seguridad interna, merece analizarse.­

La globalización disuelve los conceptos de "afuera" y "adentro": las organizaciones del delito transnacional no son ejércitos que se congregan en las fronteras para lanzar desde allí alguna ofensiva, tampoco son estados, aunque a menudo están asociadas a alguno (y suelen ser más fuertes que muchos): actúan en redes transnacionales para las que las fronteras son un leve obstáculo; se filtran a través de ellas como la peste.­

Igual que en otras materias, Argentina (sus instituciones, sus partidos, sus fuerzas sociales) debe responder las preguntas que plantea el presente y su proyección a mediano y largo plazo. En este caso: ¿qué fuerzas armadas y de seguridad necesita, con qué tareas, en el marco de qué Estado, con cuál papel en la región y en el mundo?­

Estos asuntos, que implican decisiones estratégicas, necesitan una Argentina en la que la lógica de la unidad prevalezca sobre la división y el conflicto.­

La crisis de seguridad iluminada gracias a que la víctima fue la familia política de Messi es un capítulo crepuscular de una crisis mayor, la del sistema político.­