Dos crímenes horrendos han conmovido a la sociedad argentina: el del joven Fernando Báez Sosa y el del niño Lucio, poco más que un bebe. Del primero, por suerte, sobra información. El segundo, no ha tenido una difusión proporcional a su perversidad. Lucio fue torturado hasta la muerte por su madre y por su pareja lesbiana (del colectivo LGTB no se oyó ni media palabra).
Y he aquí que la mayor parte de la población, sin distinciones de nivel social o de preferencias políticas, considera que crímenes de semejante perversidad merecen una sola pena: la de muerte.
Sabemos que lo dicho no es políticamente correcto. Por eso, antes de volver a lo de hoy, esbocemos un somero panorama del delito y de la impunidad en nuestro país. Porque esa corrección política coexiste con un tejido social en el que faltan sanciones. Y a ello concurre una apreciable parte de la justicia penal y de las fuerzas policiales. Así, dejan la Argentina tantos pequeños comerciantes que, después haber sufrido continuos asaltos, liquidan su modesto patrimonio y se van para no volver. En paralelo, trabajadores de humilde condición son muertos para robarles una suma mínima, un par de zapatillas o un celular. Los partidarios de la benignidad penal no frecuentan esos ámbitos. Los analizan con lejanísima frialdad y, en bastantes casos, desde cargos cuyos sueldos se pagan con nuestros impuestos. Tampoco los inquieta mayormente la corrupción de quienes gobiernan.
En un grupo de muchos que pega hasta matar, no cabe distinguir la última patada de la primera. Todas concurren a provocar la muerte. La cínica frialdad con la que el grupo homicida se fue a comer una vez sabedor que Báez Sosa había fallecido, lo retrata de cuerpo entero. Actitud paralela a la de aquel que relamió de su mano la sangre del muerto o a la del otro que informaba por celular que el agredido “caducó”.
El guionado acting que al cierre del debate de la causa hicieron los imputados, no convenció a nadie. Al respecto, fueron contestes las opiniones de los psicólogos expertos en lenguaje verbal y corporal. Añado un verbo que empleó uno del siniestro grupo y que revela la personalidad de quien se siente autorizado a matar. Dijo a los jueces que iban a “acatar” su fallo. En otras palabras: podría no hacerlo, pero con modestia resuelve obedecerlo. La frase denota no solo la omnipotencia de su emisor, sino su desprecio por la sociedad y por la ley. Si las obedece, es de puro humilde.
El caso de Lucio horroriza con tal intensidad que cuesta escribir dos líneas sobre su ensañado asesinato. En las guerras en las que se hicieron cosas así, hubo condenados a muerte fueran autores materiales o intelectuales. Opine la sociedad que suerte cabe a quienes las hicieron en paz y, una de ellas, con su propio hijo.
Ya existe
No es cierto que en nuestro país no exista la pena de muerte. La emplean generosamente los delincuentes como cruel rúbrica de un robo, haya o no resistencia. Y toda sociedad pierde el combate si los muertos son siempre los de su lado.
En nuestro país la pena de muerte está prohibida por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, a la cual confiere rango constitucional el art. 75.inc. 22 de la Constitución Nacional. Claro que el mismo texto autoriza a derogarla mediante el voto de los dos tercios de cada Cámara del Congreso. Derogación que, ante la ola criminal que nos azota -sicariaje incluido- urge debatir.
Reiteramos que lo dicho resulta políticamente incorrecto. Pero es el caso que, en estos días, un letrado argentino, Marteau, actuando como abogado de una querellante también argentina, ha pedido la pena de muerte para el terrorista que segó la vida de muchas personas, entre ellas cinco argentinos en la ciudad de Nueva York. En este caso, la corrección política no elevó su voz al cielo. La pena de muerte no es buena en algunos países y mala en otros. En el nuestro, ha llegado la hora de debatirla.