La sentencia dictada el último martes por el Tribunal Oral Federal 2 en el caso conocido como "Vialidad" cerró un capítulo crucial de este extenso y comentado juicio, pero seguramente no le puso punto final a la novela.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu recién difundirán los fundamentos del fallo dentro de tres meses y sin duda a partir de ese momento, la decisión será apelada, ciertamente por la defensa de Cristina Kirchner) pero también por la fiscalía.
En la nómina de bajas provocadas por la sentencia, se destaca lógicamente, por su relevancia política, la figura de la vicepresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.
Sin embargo, también convendría inscribir entre los damnificados por el fallo a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El TOF2 no tomó en cuenta un punto central de la acusación, la imputación de asociación ilícita, razón por la cual la pena dictada contra la señora de Kirchner no fue de 12 años, como requirieron los fiscales, sino de 6. La sentencia frustró también a un considerable número de comentaristas que durante el desarrollo del proceso oral tomaban el alegato y las incriminaciones de los fiscales como cosa juzgada.
Luciani y Mola corcovearon ante la sentencia: "El delito de asociación ilícita que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina (.) En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque".
Lo cierto es que el Tribunal no sólo contrarió a la fiscalía (y a sus fans) en ese significativo punto, sino que absolvió al ex ministro Julio De Vido -otro acusado de peso político- por "insuficiencia de pruebas", como explicó en las ocho páginas en que detalló sumariamente los fundamentos del fallo. La fiscalía había pedido 10 años de prisión para De Vido. Pero no pudo probar lo que le adjudicaba.
Las pruebas en la maleta
Si bien se mira, cuando llegue la hora de las apelaciones y le toque pronunciarse a una instancia superior, el propio fallo puede ser observado por eventuales inconsistencias.
Si se deja de lado el cargo por asociación ilícita (figura que podía cubrir la ausencia de probanzas específicas) cuesta encontrar en la causa testimonios fácticos que incriminen a la ex presidenta en la "administración fraudulenta en perjuicio del Estado" que explica la condena, particularmente cuando funcionarios más obviamente involucrados con estos temas de administración de recursos y supervisión de obras no fueron siquiera imputados (caso de los ex jefes de gabinete) o lo fueron, pero resultaron absueltos por falta de pruebas.
En fin, hasta marzo, cuando el Tribunal dé a conocer los fundamentos completos de cada voto, todo serán conjeturas. Y hasta que no se complete el ciclo de las apelaciones -que concluye sine die en la Corte Suprema- las condenas no estarán firmes.
Candidata a nada
La señora de Kirchner confirmó el martes 6 su vaticinio de que sería condenada. Pero como la condena no está firme, nada impediría que ella presente en 2023 su candidatura, sea a Presidente, sea a vice, a senadora o, inclusive, a gobernadora bonaerense. Ella declaró, sin embargo, el mismo martes por la tarde, después de escuchar el fallo del Tribunal Oral, que había decidido no ser candidata "a nada".
En su extendido mensaje post-sentencia, la vice dejó perplejos a muchos de sus seguidores, que confiaban en que la vice contribuiría desde una candidatura a que la derrota del Frente de Todos que ella misma predice no sea catastrófica, y ayudaría así a incorporar más legisladores a las cámaras y a blindar la provincia de Buenos Aires para atrincherarse allí a la espera de tiempos mejores. Ella les reclama a los suyos que se hagan cargo y dedicó aquella intervención principalmente a compensar con discurso una nueva derrota ante lo que llamaba hasta allí "lawfare" y ahora ha pasado a denominar "mafia judicial".
Centró su intervención en un caso espinoso, que había empezado en el mes de octubre con dos denuncias ante Tribunales referidas a un viaje de jueces a las lujosas instalaciones (Lago Escondido) que posee en la Patagonia el empresario británico John Lewis. Esas denuncias no habían tenido eco periodístico, pero empezaron a tenerla cuando alguien hackeó un intercambio de mensajes a través de la red social Telegram. En ese intercambio participaban los magistrados que viajaron al sur y algunas otras personas que también participaron de la excursión: dos altos directivos del grupo Clarín, el ministro de Seguridad porteño, un ex investigador de la Agencia de Inteligencia. Lo picante de esos intercambios parecía ser el hecho de que los magistrados deliberaban vía Telegram sobre cómo enmascarar el viaje para no ser imputados por aceptación de dádivas y cómo evitar que los medios difundieran el viaje y las denuncias. Como apunta el Talmud: desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Frutos del árbol envenenado
La vice agitó esas reuniones y esas maquinaciones como muestra del entrecruzamiento entre sectores judiciales, empresariales y mediáticos, el "lawfare" al que adjudica su condena (para completar el cuadro, el británico Lewis es amigo y habitual anfitrión de Mauricio Macri).
Dos días antes, el presidente Alberto Fernández había apelado a una cadena nacional para destacar los mismos hechos, subrayando que los medios principales habían mantenido silencio sobre ellos, y había promovido una investigación judicial sobre el asunto.
Ahora bien -le objetan los medios y los voceros del grupo de viajeros a Lago Escondido- tanto el Presidente como la vice han usado para sus exposiciones material que es producto de una acción ilegítima, un hackeo; en definitiva una intromisión en la privacidad de los involucrados.
En el campo jurídico se habla de la "doctrina del fruto del árbol envenenado", según la cual no pueden ser utilizadas en un proceso judicial pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita (La doctrina se origina en un caso (Silverthorne Lumber Company contra Estados Unidos) en el que agentes del gobierno americano allanaron oficinas de Silverthorne y el dueño de la compañía fue detenido por los libros de contabilidad hallados en dicho registro. Cuando el empresario en el juicio apeló a la cuarta enmienda de su Constitución, se declararon ilegales todas las pruebas obtenidas.
Cuando Horacio Verbitsky reprodujo en su portal, el último domingo, el entrecruzamiento de chats, admitió "un dilema deontológico", al tratarse del " producto de un hackeo, una intromisión en la privacidad de esos funcionarios públicos y hombres de negocios con el Estado. Verbitsky considera de todos modos plausible la difusión porque, alega, "tanto la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, como la de Estados Unidos y los sistemas regional y universal de protección de los derechos humanos, afirman que la difusión de los temas de interés público, cuya divulgación resulte útil para que la comunidad se mantenga informada sobre asuntos que puedan afectarla, se conozca sobre aspectos que incidan en el funcionamiento del Estado, afecten intereses o derechos generales, o acarreen consecuencias importantes, gozan de una protección mayor, aunque incluyan aspectos de la vida privada".
Quizás confunde, sin embargo, lo que hace a la vida privada con la legalidad del instrumento de prueba. No es lo mismo que ciertos aspectos de la vida privada de una persona pública puedan ser escrudiñados por la sociedad a que se acceda a ello por un camino prohibido.
En cualquier caso, los chats son posteriores a lo que se investiga, que es si ese viaje constituyó una dádiva. La difusión del chat ha sido sin duda eficaz para que el público se entere de ciertas cosas que han ocurrido, aunque no sirva de prueba penal.
Al menos, por ahora. Javier Timerman, hermano de Héctor, el fallecido ex canciller de Cristina Kirchner, recordaba el martes en las redes que "con un audio ilegal que nadie sabe de dónde salió, (el fallecido juez) Bonadio reabrió una causa que estaba cerrada... Ese audio ilegal fue avalado por Casación. Por ese audio ilegal muchos fueron presos y mi hermano se murió. Si todos los que se indignan hoy se hubiesen indignado antes Héctor estaría vivo".
La nueva batalla perdida por la señora de Kirchner con la Justicia la empuja, de hecho, a un nuevo renunciamiento a ser candidata. Ya lo había hecho -también empujada por la realidad- en beneficio de Alberto Fernández. Ahora le resultaría difícil inventar un nuevo vicario y, una vez más, ella ve inviable su propia candidatura. Por eso exhorta a los suyos a que hagan uso del "bastón de mariscal" que supuestamente llevan en las mochilas.
Mirando desde otra vereda, Javier Milei observa que a la declinación de la señora de Kirchner (y con ella, del cristinismo) también se apaga una etapa de la oposición que se forjó como contrafigura (y por lo tanto dependiente) de ella.
"Se terminó el cuco -escribió el libertario-. Ahora es el momento de debatir ideas de verdad y dejar de asustar a la gente con el kirchnerismo".
Lo que parece cierto es que, por debajo de la disgregación que se observa, el sistema de poder avanza hacia una reformulación. Todo taller de forja es como un mundo que se derrumba".
