La crisis es el motor de los acuerdos que vienen

Hasta que las urnas determinen el estado actual de la contabilidad política, y las dos grandes coaliciones se midan respectivamente las costillas (y se las dejen medir por corporaciones y poderes fácticos), los tejidos destinados a urdir un acuerdo que las involucre y sume a otros actores sociales mantendrán su nivel de pruebas de laboratorio, adornarán algunos discursos y a veces, ni siquiera eso.

 

 

Por el momento la mayoría de los actores prefieren replegarse sobre sus propios públicos y repetir sus parlamentos de rutina, aunque a veces hagan señas a sus contrincantes para que no tomen en serio las palabras ásperas.

Este minué lo interpretan no solo dirigentes políticos sino, por ejemplo, algunas direcciones empresariales, funcionarios y algunas conducciones sindicales. Una semana atrás, por caso, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, anunció que su área preparaba un listado de productos que mantendrían su precio del 1 de octubre hasta la primera semana del año próximo. En esta página se indicó que el secretario, siguiendo instrucciones del gobierno, anunciaba que  esa nómina no se basaría “en un úkase” sino en “un acuerdo que incluye a productores, abastecedores, cadenas comercializadoras de supermercados, mayoristas y minoristas. La idea no parece ser establecer una rígida política de precios fijos de aquí a la eternidad, sino de parar la pelota momentáneamente y abrir una etapa de conversaciones de todos los eslabones de las cadenas”.

No es sencillo concretar un acuerdo que involucra a tantos sectores. La COPAL (el agrupamiento empresario que congrega a todo el ramo de la alimentación y que conduce el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja) se encontró con el rechazo interno de jugadores fuertes y tuvo que retraerse de un acuerdo que en primera instancia y con ciertas condiciones había admitido. Feletti, empeñado en dar señales a los consumidores (principalmente a los más económicamente deprimidos, presumibles votantes potenciales del oficialismo) no estaba en condiciones de dar marcha atrás y endureció el lenguaje, prometiendo ampliar el listado y aplicarlo apelando a la vieja ley de Abastecimientos y a controles políticos de gremios e intendencias. Mientras desde algún escalón más alto que el de Feletti se tranquilizaba en voz baja a las empresas asegurando que “es lo mismo que Precios Cuidados” y “no habrá sanciones”, la conducción de COPAL también practicaba la intransigencia verbal pública con las frases tranquilizadoras en privado. Nadie quiere que la sangre llegue al río (menos que menos, la propia).

En su elogiada presentación en el foro de IDEA, Horacio Rodríguez Larreta desplegó una retórica acuerdista, que tendía puentes a políticas de estado pactadas con el peronismo (o, si se quiere, con determinado peronismo). Se aproximaba así a un envite general lanzado por el jefe de gabinete, Juan Manzur y a otro que plantearía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. 

Massa adelantó el último domingo  que al día siguiente de las elecciones, el 15 de noviembre,  desde el Gobierno van a convocar "a un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores" , donde propondrán "diez políticas de Estado para la Argentina". 

Casi de inmediato, un sector de la oposición (“los halcones”) salió a cuestionar la posibilidad de que Juntos por el Cambio “cayera en la trampa” de admitir ese llamado, en un mensaje crítico a la puerta que Larreta había entreabierto en IDEA. El jefe porteño se replegó y rechazó en alguna declaración el diálogo que Massa había anticipado. Sin embargo, uno de sus aliados -el bonaerense Emilio Monzó- se apresuró a declarar como cosa propia: “El presidente debería convocar a un gran acuerdo nacional a la oposición. Está obligado a hacerlo si desea transitar lo mejor posible sus últimos dos años de mandato. De no hacerlo, vamos a continuar en esta lógica de confrontación permanente y la sociedad no resiste más tensión". ¡Monzó recomienda al gobierno hacer lo que el gobierno anuncia que se propone hacer!

 

 

La CGT, por su parte, celebró multitudinaria y pacíficamente  la fecha emblemática del peronismo un día más tarde, el lunes 18, insistiendo en una diferenciación práctica del sector cristinista-camporista, que agrupó a sus militantes y a algunos socios en Plaza de Mayo el domingo 17. En la Plaza se escucharon discursos contrarios a un acuerdo del país con el FMI y muy críticos con el Presidente. 

En el desfile cegetista, preámbulo de la reunificación de la central que se consumará días antes de las elecciones, el mensaje subrayó que "es tiempo de justicia social" y convocó a que el peronismo promueva "la alianza entre la producción y el trabajo a través de la profundización del diálogo social institucionalizado para elaborar los necesarios consensos".

 

Aunque la presión de los bordes se esfuerce por sostener una confrontación intolerante, parece claro que, después de la contabilidad del 14 de noviembre, se inicia una etapa de construcción de acuerdos. Que no excluye la confrontación, pero que la acota y la contiene.

 

El motor de esa búsqueda es, en realidad, como en otras ocasiones históricas, el miedo al vacío, la presencia de una crisis amenazante que la pandemia agravó pero que la precede pues ha venido ahondándose en las últimas décadas y bajo gobiernos de distinto signo.  

En relación con las elecciones del 14 de noviembre, un buen número de  analistas de opinión pública vaticinan una confirmación de las tendencias observadas en las primarias de septiembre y algunos se aventuran a asegurar que la derrota oficialista será más marcada.

 

 

Algunos comportamientos oficialistas dan pábulo a esas conjeturas (por ejemplo: las erráticas decisiones adoptadas en relación con “la cuestión mapuche”, desde la reticencia a ofrecer apoyo de seguridad solicitado por la provincia de Río Negro hasta la exposición de la diplomacia argentina en Chile, donde el mismísimo embajador Rafael Bielsa jerarquizó políticamente con su presencia un trámite común de  "apoyo consular a cualquier ciudadano argentino" en el caso del militante separatista Jones Huala, ignorando las aristas de esa defensa en la Patagonia hostigada por los amigos de Jones Huala). 

 

Sin embargo, hay un puñado de analistas que estiman posible que el oficialismo se recupere de la elección primaria y hasta que gane en la provincia de Buenos Aires, donde aseguran que ya ha recuperado la mitad del  terreno que Juntos llevaba de ventaja.

Se verá que deciden las urnas de noviembre. En cualquier caso, el gobierno necesitará ayuda para recorrer los dos años restantes de su mandato, si quiere evitar la ingobernabilidad.  

 

 

La Argentina es un país de instituciones débiles, en el que, cuando hay poder político, éste puede contener y sostener inclusive un traspié institucional. En julio de 1989, cuando la hiperinflación suscitó crisis social y saqueos y se convirtió en insoportable para el gobierno de Raúl Alfonsín, al que aún le restaban seis meses, el sistema político pudo dar una respuesta porque ya  había un presidente electo y éste contaba no sólo con la legitimidad de su victoria en las urnas, sino que ostentaba una gran legitimidad en su propia fuerza, pues había alcanzado la  candidatura a través de un multitudinaria comicio interno del que participaron casi dos millones de afiliados al justicialismo. 

La crisis se pudo contener porque hubo un traspaso anticipado del poder: ese anticipo institucionalmente heterodoxo, apoyado en un poder político que tenía solidez, legitimidad y consenso, permitió surfear la crisis y consolidar más tarde el edificio institucional.

El certificado de gobernabilidad  qué aportaba entonces Carlos Menem estaba dado no solo por haber triunfado en la elección general sino por el poder político que emanaba de la autoridad democráticamente sostenida por su propio partido.

La legitimidad del gobierno de Alberto Fernández, aunque incuestionable por su triunfo de 2019, arrastra una debilidad de origen: su candidatura no surgió de una elección interna, dependió de un solo voto, de la decisión de una sola persona. Y, además, de una sola persona qué internamente había sido vetada por el conjunto de su fuerza y sobrellevaba una altísima cuota de rechazo, factores que lúcidamente la llevaron a declinar una candidatura propia. 

Por tales motivos, la presidencia de Alberto Fernández cuenta ahora con pilares  políticos vulnerables, que han sido azotados por el resultado de las PASO y  deben atravesar dentro de un mes  otra prueba exigente.

 

Por estos motivos el gobierno va encarando un giro para avanzar no contra la corriente, sino a favor de la realidad del mundo. Ese giro se apoya en los poderes territoriales, los movimientos sociales y el movimiento obrero.

 

Hace unos días, el analista Sergio Berensztein aludía oblicuamente, en La Nación, a la configuración particular que parece adoptar el gobierno con un presidente empalidecido por las circunstancias y un jefe de gabinete que adquiere centralidad. Berensztein recordaba que la  Constitución de 1994 incorpóró la figura del jefe de gabinete por idea de Raúl Alfonsín, inspirado por su fuente jurídica preferida, el fallecido pensador Carlos Nino.  Alfonsín pretendía impulsar “un sistema semiparlamentario similar al formato de la 5ª República francesa. Buscaba generar una suerte de fusible en caso de crisis para preservar la gobernabilidad democrática: que en circunstancias en las que sufra un debilitamiento la autoridad presidencial, el Jefe de Gabinete de Ministros pudiera tener los recursos políticos e institucionales como para sostener el gobierno y garantizar la estabilidad política. De este modo, instauraron una suerte de híbrido entre un sistema que continúa girando alrededor del presidente y un JGM que aspira a moderar esos atributos y complementar al titular del Poder Ejecutivo en casos de crisis o debilidad”.       

 

La centralidad que alcanzó Manzur -señala Berensztein-  es exactamente lo que buscaban los constituyentes de 1994 cuando incorporaron la figura del JGM”. Ese armado institucional, tiene viabilidad si la política lo contiene. Y la política  puede contener si se confirma el cambio de rumbo en curso, el protagonismo de las poderes territoriales, la convergencia de los sectores del trabajo y la producción,  si los acuerdos de gobernabilidad y la unión nacional reemplaza la confrontación estéril y el realismo ocupa el lugar del ideologismo anacrónico.