Políticos, analistas y medios coinciden en que las generales de noviembre ya están perdidas para el oficialismo. Nadie se atreve a afirmar lo contrario en público.
Coinciden también en atribuir la derrota en las PASO a causas económicas: una combinación de inflación con recesión que disparó la pobreza y el desempleo y que no hay forma de revertir en el mes que falta para las generales. Prácticamente dan al gobierno por desahuciado.
Sin embargo, la raíz de los problemas del Frente de Todos es más política que económica. El presidente no ignora la carestía que desató, pero insiste con la receta inflacionaria que le costó la derrota. En los pasados dos meses entregó a los piqueteros y la Cámpora 135 mil millones de pesos para comprar votos. También eliminó restricciones sanitarias, regaló viajes de egresados y hasta tomó clases de rap para que lo voten los jóvenes que ignoran a los rockeros jubilados que él venera. Palos de ciego sin ningún efecto por la falta de un gobierno en sentido estricto. Lo sustituye una coalición en estado asambleario, con objetivos diversos que toma las decisiones después de un proceso de presiones y contrapresiones.
El primer problema de Fernández es de financiamiento, por eso nombró como ministro de Economía un experto en deuda que sin embargo no avanzó un paso en la cuestión a lo largo de casi dos años con el mayor acreedor del país.
Cuando Fernández asumió la deuda era su problema prioritario. La situación fiscal, en cambio, presentaba un déficit manejable, porque Mauricio Macri había hecho un fuerte ajuste para conseguir el auxilio del FMI. Ajuste por el que perdió en 2019.
En el primer tramo de su gestión, en cambio, Macri había podido “rollear” los vencimientos, conseguir dólares frescos, ganar tiempo, seguir gastando y olvidarse del ajuste. Esa fue su receta para ganar en 2017. Pero Fernández no pudo imitarlo y a causa de la insolvencia del Estado, para cubrir el déficit el gobierno tuvo y tiene que emitir. Consecuencia: la inflación no baja del 50%, los ingresos de los más pobres se esfuman y las elecciones se pierden.
Hoy el Estado emite para cubrir déficit fiscal, para pagar el déficit cuasi fiscal que genera el BCRA y para comprar dólares. Echa leña al fuego inflacionario mientras los afiliados al Instituto Patria despotrican contra el FMI como si estuvieran en una asamblea estudiantil.
El Ejecutivo mandó en septiembre el presupuesto 2022 a Diputados pero el ministro de Economía todavía no fue invitado a defenderlo. Máximo Kirchner vetó la convocatoria. Ahí reside gran parte del problema. No hay racionalidad económica porque el gobierno avanza a los bandazos, sin conducción. Para estabilizar la economía, primero tiene que reordenar la política, misión imposible en plena crisis y sin líder. De dar vuelta la elección, ni hablar.
¿Conclusión? Para salir de esta crisis se necesita otro gobierno y esa convicción parece haber calado hasta en lo más profundo de conurbano, donde empezó el proceso de desahucio el 12 de septiembre. Un proceso que debería durar dos años largos y probablemente turbulentos.