Tribunal de Santiago del Estero concedió el arresto domiciliario al ex represor Musa Azar

SANTIAGO DEL ESTERO- El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santiago del Estero concedió el arresto domiciliario al ex represor Musa Azar, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, lo que generó el repudio de organismos de derechos humanos.

Los jueces subrogantes del TOF santiagueño, Domingo Batule y Abel Fleming, se pronunciaron a favor del pedido que formuló la defensa del detenido, mientras que Carlos Lascano votó en disidencia del beneficio, concretado hoy.

El abogado Moisés Azar Cejas -hijo del ex represor- argumentó en favor de la prisión domiciliaria que su padre padece serios y crónicos problemas de salud, además de estar a punto de cumplir 82 años. 

Hasta hoy, el ex jefe del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia durante la última dictadura militar se encontraba internado en el Hospital Neumonológico Doctor Gumersindo Sayago, de la capital santiagueña.

Desde su arresto a fines de 2004, imputado por el Doble Crimen de La Dársena, el ex policía alternó sus lugares de detención entre los Hospitales Independencia y Regional de esta ciudad; el Penal Federal Nº 35 de Colonia Pinto y el centro de salud del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El beneficio concedido por el tribunal oral fue condenado por organismos defensores de Derechos Humanos.

El secretario de DD.HH. provincial, Hugo Figueroa, advirtió que "estas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas del Estado no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin el contexto en el que se producen".

"En estos años han reaparecido en el discurso oficial los conceptos de guerra y reconciliación", se quejó.

Azar desempeñó un importante rol en el aparato represivo de los años 70 y fue responsable del sistema de inteligencia durante los últimos gobiernos santiagueños de Carlos Juárez y su esposa, Mercedes "Nina" Aragonés.

El ex represor, además, acumula tres condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y un cuarto por los asesinatos de Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, ocurridos en el verano de 2003.