Un Leviatán deforme agobia a la sociedad

Por Alejandro Poli Gonzalvo *

El Estado federal argentino se ha convertido en un Leviatán voraz y deforme, agobio de la sociedad. Afectado de gigantomaquia y esclerosis múltiple, no cumple los roles de un moderno Estado de Bienestar en materia de educación, salud, justicia, seguridad, combate a la pobreza y redistribución del ingreso, seguro de desempleo, fomento y contralor de la economía, medio ambiente, defensa nacional, desarrollo regional, etc. Pretende ser un Estado fuerte pero es sumamente débil, disperso y errático en sus infinitas y fantasmagóricas atribuciones. 

Las numerosas investigaciones realizadas sobre el federalismo argentino demuestran que que es uno de los regímenes menos federales del mundo en materia económica, medido por la capacidad de las provincias de generar ingresos en relación con sus gastos, e inversamente, uno de los que mayor representación política le confiere a las provincias pequeñas, tanto en Senadores, donde todas están igualmente representadas (un criterio que se remonta a la Constitución de 1853) pero también en la Cámara de Diputados, donde no se cumplen los preceptos constitucionales y no se actualiza debidamente el número de ciudadanos necesarios para elegir un diputado.

La combinación de una aguda dependencia económica de las provincias, que genera las llamadas provincias rentísticas, con un grado de sobrerrepresentación de las más pequeñas que no tiene parangón en otras naciones, genera una situación política distorsionada y con varios efectos perniciosos. A saber: 

1) El gobierno en el poder no está incentivado para aplicar criterios de coparticipación progresivos sino basados en la cantidad de habitantes dado que de este modo se asegura un fuerte control parlamentario con la asignación de muy escasos recursos fiscales, cuyo efecto demostrado es que las provincias más pobres no convergen históricamente hacia los niveles de ingreso por habitante de las más ricas

2) En tales provincias favorecidas se produce la existencia de una pésima calidad democrática directamente asociada con el enorme peso de los subsidios nacionales en sus ingresos, que transforma a sus ciudadanos en dependientes del Estado provincial y subordinan las empresas y los medios de prensa al gobernador. 

3) El Estado nacional tiene la posibilidad de recaudar un porcentaje cada vez más elevado de los ingresos públicos, sin control de las provincias, cuyos representantes sumisamente votan a favor de los proyectos del Poder Ejecutivo, que además no retornan a la comunidad en servicios adecuados. 

4) Las provincias rentísticas tampoco brindan mejores servicios y no hacen genuinos esfuerzos para mejorar sus ingresos, factores que originan el alto costo de la estructura federal argentina. El sostenimiento de las estructuras de tres poderes provinciales, de policías propias, de empresas de servicios públicos locales, de organismos viales, de entes reguladores de todo tipo, de empleo clintelístico e improductivo, significan un gasto agregado al nacional sin contrapartida en una mejor calidad de vida de la población.

LOS GRANDES CICLOS

Debido a estos problemas, la democracia argentina está impelida a reformular su Estado en paralelo con su estructura federal.

En nuestra historia, los grandes ciclos históricos nacieron de una reforma profunda del Estado, como desde una administración inexistente comenzó a ejecutarlo Mitre en la primera presidencia constitucional (1862) y lo completó Roca hasta la ley Saenz Peña (1912), como tuvo la oportunidad y no supo hacerlo el radicalismo a raíz de la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial, como debieron reformarlo los conservadores en la década del treinta para hacer frente a la crisis de Wall Street, y como hizo lo propio el peronismo, aun equivocando el camino, en su reforma del trienio 1946-1949, lo intentó Menem en su doble mandato, con aciertos parciales y finalmente errores totales, y lo ha venido haciendo el kirchnerismo, de modo inepto y anacrónico.

Una propuesta para atacar la anquilosada estructura federal argentina abarca dos grupos de reformas relacionadas entre sí: regionalización y coparticipación.

POR REGIONES

Sin ingresar en un análisis constitucional, que excede el marco de este artículo, el art. 13 de la Constitución Nacional abre la posibilidad de agrupar provincias en regiones con el consentimiento de las provincias interesadas y del Congreso Nacional.

A título enunciativo, se proponen las siguientes regiones: Pampeana (Buenos Aires-La Pampa), Patagónica (Tierra del Fuego-Santa Cruz-Chubut), Comahue (Río Negro-Neuquen), Mediterránea (Córdoba-Santiago del Estero), Mesopotámica (Entre Ríos-Corrientes-Misiones), Litoral (Santa Fe-Chaco-Formosa), Cuyo (Mendoza-San Juan-San Luis), Gran Tucumán (Tucumán-La Rioja-Catamarca), NOA (Salta-Jujuy) y Metropolitana (Ciudad de Buenos Aires). 

A la Capital Federal se le sumaría el primer cordón del conurbano, así como en 1880 se sumaron los partidos de Belgrano, Flores y otras áreas para llegar a la conformación actual. 

El nuevo límite del distrito federal incluiría la totalidad de Vicente López, San Martín (sin la localidad de José León Suúrez), casi todo el partido de Tres de Febrero y Morón (sin las localidades de Morón y Castelar). También incluiría una zona de La Matanza (incluyendo las localidades de Ramos Mejía, San Justo, La Tablada, Aldo Bonzi, Tapiales) Ya en la zona sur, incluiría el partido de Lomas de Zamora, excepto las localidades de Lavallol, Temperley y Turdera, y la totalidad de Lanús y Avellaneda.

Según el censo del 2010, esta nueva área urbana incorporaría aproximadamente 2.900.000 personas, que equivale a la población de ese año de la Capital Federal. Esta cifra se restaría a la poblaciên de 9.910.000 personas que ostentaban los 24 partidos del conurbano, quedando dos zonas metropolitanas más equilibradas políticamente y de similar nivel demográfico. Una Capital Federal más extensa reduce el clientelismo en el conurbano y es garantía de pluralidad política. Por cada región, existiría un gobernador, una legislatura unicameral y una Corte Suprema de Justicia.

COPARTICIPACION

La regionalización estaría acompañada por un nuevo sistema de coparticipación de impuestos. El principio básico consistiría en considerar que la recaudación de impuestos del Estado federal (directos e indirectos, excepto los derechos de exportación e importación) le corresponde a la totalidad de las regiones, atribuida a ellas según nuevos indicadores que induzcan la responsabilidad fiscal y el equilibrio regional (art. 75, inciso 19).

Se invierte el concepto actual: serían las nuevas regiones las que coparticiparían una porción de sus ingresos para solventar los gastos nacionales. Los fondos pertenecen a las regiones, quienes en el Congreso asignarían las partidas presupuestarias para el sustento del Estado federal, mucho más acotado en sus funciones unitarias. Propuestas intermedias dividen, por ejemplo, el IVA en una porcíon nacional y otra recaudada por las provincias, cuya discusión pertenece al ámbito de la técnica impositiva mientras que aquí estamos intentando establecer un nuevo criterio de organización federal. 

De este modo, el debate del presupuesto volvería a tener la importancia fundamental que hoy no tiene y la figura presidencial abandonaría su rol de amo y señor del país. Se dirá que esta propuesta es de difícil implementación: si existe voluntad política, es una cuestión de administración tributaria, como fue la federalización de la aduana en 1866 o la primera ley de coparticipación de impuestos en 1934.

La Argentina no saldrá de su actual encrucijada por una metamorfosis cultural súbita de sus ciudadanos y políticos sino por el inteligente diseño institucional de su estructura federal. 

* Socio del Club Político Argentino.