Cromañón: una ex funcionaria se declaró inocente y apuntó a su superiora

La ex directora adjunta de Control y Fiscalización Comunal del Gobierno porteño Ana María Fernández se declaró "inocente" de las acusaciones por falta de inspecciones en el boliche Cromañón, apuntó contra su superiora Fabiana Fiszbin y dijo que cuando ocurrió el incendio cumplía "funciones menores".

Al declarar en la tercera jornada del juicio por la tragedia que el 30 de diciembre de 2004 dejó 194 muertos, Fernández explicó que, hasta junio de ese año, Cromañón no había sido inspeccionado porque ante una intimación de su dependencia, el boliche envió los certificados de habilitación y de bomberos vigentes.

Entonces, se justificó, le dio prioridad a locales que no habían respondido.

Vestida con una camiseta blanca, pantalón gris y aros enormes, la ex funcionaria habló dos horas y media, mientras dibujaba con una fibra cuadros comparativos sobre un papel colocado en un atril y mostraba documentos a través de un proyector y otros pegados en grandes cartones para todos los presentes pudieran verlos.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal 24, Fernández se encargó de aclarar, en principio, que entre enero y agosto de 2004 estuvo a cargo de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) y que luego esa dependencia fue disuelta por el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.

"Voy a mostrar cómo algunos funcionarios omitieron informar al juzgado mis funciones y probaré todos y cada uno de los deberes administrativos que tenía y que no dejé de cumplir", remarcó la abogada, de 43 años, que lucía pelo corto ensortijado.

Al respecto, explicó que la UPI debía controlar 200.000 locales para lo cual contaba, en enero de 2004, con sólo 12 inspectores que llegaron a 76 en junio cuando el entonces secretario de Seguridad y Justicia, Juan Carlos López, les otorgó poder de policía.

Agregó que su dependencia "carecía de presupuesto y de sistema informático" para cumplir con sus tareas.

Apuntando a la ex subsecretaria de Control Comunal Fiszbin, recordó que el 1 de abril de 2004 le envió una nota en la que le advirtió que a partir de las denuncias recibidas sobre posibles infracciones en los locales, el organismo a su cargo "respondía sólo al 30 por ciento de lo demandado".

"Nos encontrábamos ante limitaciones para el control porque también nos asignaron verificar los partidos de fútbol y los recitales, tareas de las que debía hacerse cargo otra dependencia", remarcó.

Acotó que "la licenciada Fiszbin sabía que la UPI no contaba con recursos suficientes, estaba en conocimiento de todo e Ibarra fue asesorado por ella", pero aclaró que ella no tenía contacto con el entonces jefe de Gobierno.

Sobre las denuncias contra locales clase C formuladas por el entonces defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena, dijo que recibió un listado de 160 boliches a los que intimó para que notificaran su situación.

"Contestaron 53, entre ellos Cromañón, que en junio de 2004 presentó la habilitación de local clase C y la certificación de bomberos vigente", afirmó y explicó que entonces se le dio prioridad de inspección a los locales que no habían respondido.

"La UPI desplegó una ardua tarea para responder al reclamo de Alimena, pero por dónde había que empezar a inspeccionar? Por los que habían presentado (los certificados) o por los que no?, se preguntó.

Como síntesis, dijo que de los 160 locales se relevó el 72 por ciento y se informó de todo a Fiszbin con la entrega de una planilla que, según Fernández, su superiora dijo desconocer cuando declaró en la instrucción de la causa.

Además, acotó que en 2006 las ex funcionarias María Angélica Lobo y Vanesa Berconsky, que respondían a Fiszbin, "enviaron al juzgado información" que la perjudicó porque se omitió mencionar la cantidad de inspecciones que había efectuado.

Acotó que en el segundo semestre de 2004, a raíz del informe de Alimena, se creó el Centro De Emergencia en la Vía Pública (CEVIP) por la falta de recursos de la UPI y ella pasó a cumplir "funciones menores" hasta que fue echada del cargo en febrero de 2005, tras la tragedia.

"A partir del 31 de agosto mis funciones quedaron clara y sustancialmente limitadas. Tuve nula participación en la DGFyC y un gesto vale más que mil palabras: tenía un escritorio en el pasillo, al lado de la puerta de salida", afirmó.

Agregó que esa disposición la dejó "en un lugar de prescindencia y alejada de los operativos en la vía pública"

"Soy inocente de todos y cada uno de los delitos que se me imputan", concluyó.

Luego, el tribunal leyó la declaración indagatoria durante la etapa de instrucción de la causa del ex jefe de seguridad de Cromañón, Raúl Villareal.