Siete días de política

Un escándalo demoledor y las amenazas que a nada conducen

Si el presidente confiaba en la vacuna para recuperar votos, tendrá que buscar otra estrategia. También debe abandonar por inconducentes las amenazas para resolver problemas de gestión

El mal manejo de la pandemia con su efecto devastador sobre la economía había hecho que el gobierno apostase a un exitoso operativo de vacunación para reducir la pérdida de votos. La falta de vacunas, sin embargo, conspiraba contra ese objetivo.

Ahora a este problema se sumó el de un abuso de poder de imprevisibles consecuencias en las urnas.

La corruptela del “vacunatorio vip” impacta en una cuestión mucho más sensible que la malversación de fondos públicos habitualmente tolerada por los votantes nativos; el temor a la enfermedad y los privilegios de la clase política hacen una mala combinación, que sin duda preocupó a Alberto Fernández. Prueba de esto fue su rápida reacción liquidando a un ministro y bajando del avión presidencial a dos legisladores.

Ambas decisiones no eliminan de todas maneras las dudas que surgen sobre el origen del episodio que fue disparado por un periodista/operador cercano a la vicepresidenta, lo que generó sospechas sobre una maniobra contra el jefe de Estado. Para peor el periodista/operador tiene fama de doble agente por lo que el “fuego amigo” sobre Fernández alentó las habituales hipótesis conspirativas. Para desactivar esas sospechas el ministro fue reemplazado por su vice, pero representa otra brecha en el gabinete que más rápido que despacio está siendo copado por el kirchnerismo “hard core”.

La progresiva “kirchnerización” del gobierno no se limita a los funcionarios, sino es también de estrategia. A medida que avanza el año electoral se va afianzando el estilo confrontativo que surge como única respuesta frente a problemas a los que no se encuentra una salida.

A fuerza de fracasos ha comenzado a prevalecer la lógica amigo/enemigo y proliferan las amenazas contra quienes no se someten a la voluntad del oficialismo. Esto ha resucitado prematuramente a la oposición (ver Visto y Oído), porque gobernar no es amenazar, sino conciliar intereses para evitar la inestabilidad. La grieta es arma de doble filo, porque con las presiones ostentosas se da letra y juego a los opositores como quedó probado en 2015, algo que Alberto Fernández trató de corregir cuando hizo campaña asegurando que el kirchnerismo volvía “mejor”.

Si a eso se suma que las actuales intimidaciones son difíciles de llevar a la práctica, se corre el riesgo de lograr el efecto opuesto al buscado. Pocos días atrás Martín Guzmán reconoció que la inflación es un problema de desajuste macroeconómico, pero el miércoles fue desautorizado por la Secretaría de Comercio que resolvió imputar a empresas de alimentos por desabastecimiento.

La inflación es un problema que no se resuelve con controles ni con persecución de empresarios, pero la desorientación, el cortoplacismo y la falta de conducción en el oficialismo obligan al gobierno a recaer en errores conocidos y evitables. Otro tanto puede decirse de la decisión de pisar el dólar o de postergar “sine die” un acuerdo con el FMI. Se trata de decisiones que aumentan la incertidumbre y la desconfianza, alejan la recuperación y difícilmente reduzcan la carestía.

Otro ejemplo perfecto de amenazas y presiones inconducentes son las dirigidas a la Justicia. En este punto se ve también la diferencia de criterios entre el presidente y la vice y cómo el primero termina alineándose tras la estrategia de la segunda.

En esta materia el oficialismo lo ha intentado todo con resultado hasta ahora pobre. Retiró las propuestas de jueces hechas por el Consejo de la Magistratura y enviadas por Macri al Senado para reemplazarlas por las de otros candidatos. Acosó al procurador general y congeló al candidato para el cargo propuesto por Fernández. Activó cláusulas del nuevo sistema procesal penal para extender las instancias de apelaciones y amenazó a los jueces que hicieron reserva de su jubilación, pero siguen en sus cargos, con mandar al archivo sus trámites para forzarlos a renunciar.

Estas decisiones no trajeron alivio a la situación penal de Cristina Kirchner, ni a la de procesados por corrupción de su gobierno, porque son medidas para condicionar políticamente a la Justicia futura, no a la que entiende en las causas que interesan a la vice. Un monumental “strepitu fori” y un deterioro institucional sin beneficio real en medio de reclamos de indulto y amnistía.

En síntesis, la suma de errores tácticos cometidos en el marco de una estrategia de hostigamento agravan los problemas en lugar de resolverlos. Cometidos, además, en el marco de una crisis económica que hasta ahora no se descontroló gracias al apoyo de las corporaciones –empresarios, sindicatos, medios—a los gobiernos peronistas como quedó a la vista con el simulacro de “concertación social” ensayado anteayer. Pero la connivencia de los factores de poder no resuelve los problemas, ni gana elecciones.