Si la carta que los senadores peronistas dirigieron el último domingo a la conducción del Fondo Monetario Internacional (reclamando a la entidad que "se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas para los próximos años" y enrostrándole "irresponsabilidad" por el préstamo que en su momento le concedió al gobierno de Mauricio Macri) tuvo el objetivo, como postulan algunos comentaristas, de poner un palo en la rueda de las negociaciones que encabeza el ministro Martín Guzmán, habría que concluir que el frente oficialista se encuentra en la antesala de una ruptura catastrófica.
LOS AIRES DEL SENADO
Que el bloque claramente mayoritario de la Cámara Alta conspirase contra la misión que el Presidente le ha asignado a su ministro de Economía, equivaldría a una rebelión indisimulada.
Efectivamente -sugieren aquellos comentaristas-, y se trata de una resistencia capitaneada por la presidenta del Senado.
La señora de Kirchner escribió personalmente una carta tres semanas atrás en la que señalaba que había sido la unidad alcanzada en el Frente de Todos la que había permitido la victoria electoral sobre Juntos por el Cambio. ¿Está ahora dinamitando esa herramienta, saboteando a Alberto Fernández y precipitando un quiebre en el oficialismo?
El propio Presidente no parece interpretarlo así. Sobre la carta de los senadores, Fernández dijo que ellos "hicieron con un cuidado y un nivel de detalle que nos permite ver a todos lo que le dije al Fondo cuando me visitaron durante la campaña, cuando les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la especulación financiera y salida de capitales". Están diciendo lo mismo que yo, insinuaba el Presidente.
Se podría objetar, con todo, que los senadores lo están haciendo en otro contexto: ahora no es tiempo de campaña, sino de gobernar; y el gobierno se encuentra urgido -con la pandemia y sus efectos sobre los hombros- por arreglar la deuda con la entidad financiera y obtener fondos frescos para atravesar el verano mientras se esperan los dólares genuinos de la próxima cosecha.
El Presidente, en todo caso, decidió que el tono áspero de la carta senatorial podía estar temporalmente desubicado pero en modo alguno tenía vena conspirativa y optó por usarlo como una herramienta suplementaria de la negociación: no está mal que los técnicos y directivos del Fondo tengan un cuadro amplio de la situación política en la que se mueven las autoridades.
En rigor, los técnicos que se encuentran en Buenos Aires han tenido como preocupación principal, justamente, corroborar cuánto apoyo político puede obtener una intervención de la entidad y cuáles son sus límites. Pueden comprobar que el gobierno contiene muchas presiones.
QUIENES PAGARAN EL AJUSTE
Fernández y Guzmán vienen dejando en claro, en cualquier caso, que los reparos sobre las condicionalidades que suele imponer el FMI no ocultan al gobierno los objetivos de la hora: equilibrio fiscal, achicamiento de la brecha cambiaria, control de la inflación, inversiones.
Se ha sostenido que la carta de los senadores, así como el "impuesto solidario" que la Cámara de Diputados aprobó al galope esta semana, son toques de maquillaje para disimular el ajuste que Guzmán ya va instrumentando. En todo caso, Fernández no parece temerle a la palabra ajuste, lo afirma al aclarar que que "el ajuste no lo van a pagar los más humildes". Y describe: "para que podamos hacer esto el Estado debe asociarse con empresarios y ayudarlos a que produzcan, y generar las condiciones para que den trabajo exporten y traigan las divisas a la Argentina".
Las palabras del Presidente buscaron recontextualizar la carta de los senadores y las acciones de su ministro. Ajuste o no, de las iniciativas recientes de Guzmán se desprende un camino de reformas y creciente austeridad fiscal. Guzmán le adelantó a la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que sus previsiones de déficit fiscal son incluso menores al 4 por ciento (el presupuesto preveía 4,5 por ciento), lo que es una aproximación a lo que se conjetura que desea el Fondo (una cifra más próxima al 3 que al 3,5 por ciento). El relato debe marchar próximo a la realidad.
NI CALVO NI TRES PELUCAS
Quince meses atrás, Guillermo Calvo, un eminente economista argentino que, como Guzmán, enseña en la Universidad de Columbia, había previsto con lucidez: "Si sube Cristina, ella puede mirar para atrás y decir `miren el lío que nos dejó este hombre (Macri) y ahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo'. De repente es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente (...) porque se va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo''.
El respaldo que el programa de Guzmán encuentra en el conjunto del oficialismo (incluyendo a los voceros K: véanse, por caso, las declaraciones de la jefa de Anses, María Fernanda Raverta, poniéndose al hombro la nueva fórmula jubilatoria) parece confirmar el vaticinio de Calvo y es valorado por el gran empresariado, que comprende que ese programa necesita gran soporte político, al menos para la primera etapa de su aplicación, mientras el esfuerzo se siente mucho y los frutos todavía demoran.
Los sectores gremiales consienten lo que saben inevitable, sea con el silencio o con quejas verbales (no hay medidas de fuerza), pero contabilizan las concesiones y buscan canjearlas, sea por cuotas de poder actuales o por compromisos para una etapa próxima, estableciendo un plazo para esperar resultados. Andrés Rodríguez, una voz fuerte de la CGT, líder de UPCN, señaló,por ejemplo, que este año los salarios "se están negociando con una tendencia a la baja, un elemento que tiene que contemplarse como un gran aporte del sector del trabajo". Y agregó: "Ojalá que el año que viene sea mejor que este, todos velamos por que haya un repunte económico, que pueda generar una situación más equilibrada. Esperemos que no haya el año que viene negociaciones a la baja".
La serenidad que muestran los sindicatos y, en general, el peronismo parecen decepcionar y hasta irritar a la oposición y también a un sector afín a ella del periodismo que, en lugar de destacar que ese apoyo convierte en políticamente factibles algunas reformas que desde ese costado venían aconsejando o reclamando, prefiere denostarlo por "oportunista", o criticar "el ajuste" y tomarle examen por izquierda al kirchnerismo, o mostrar su contrariedad porque el gobierno de Fernández no sufre rebeldías gremiales como las que le tocaron a Macri.
LA UNIDAD Y LOS DESAFIOS
Efectivamente, además del recuerdo reciente del valor de la unidad para vencer a Macri, el peronismo tiene en su memoria colectiva un sentido de disciplina y unidad que le permite darse períodos de paciencia estratégica. Esos rasgos escasean, en cambio, en fuerzas políticas más asentadas en el individualismo librepensador.
Pero todo tiene sus límites: la realidad puede forzar a los anárquicos a disciplinarse y a los orgánicos a insubordinarse. Los dólares genuinos llegarán en marzo; antes hay que atravesar el siempre complicado mes de diciembre y un verano con pocas vacaciones y tarifas actualizadas. Sin contar los tirones judiciales y parlamentarios.
CONTROVERTIDA AUTORIDAD PRESIDENCIAL
Si la carta de los senadores al FMI no representó un desafío al Presidente, está a la vista una cuestión que sí puede convertirse para él en una verdadera prueba de fuego. Fernández ha sostenido la candidatura de Daniel Rafecas como próximo Procurador Fiscal y si no consiguiera el respaldo de sus senadores para imponerlo, su autoridad se vería indefectiblemente averiada. La ironía es que el Presidente puede contar con un número considerable de votos de la coalición opositora, pero todavía no se evidencian los respaldos oficialistas.
Es posible que el Presidente haya considerado en primera instancia obvio este respaldo senatorial y, pese a que no se concretaba, haya preferido postergar ese desafío; que no haya querido pedir el respaldo de los gobernadores (teóricamente, sus principales valedores) para disciplinar a los representantes de sus respectivas provincias en la Cámara Alta.
El hecho es que si su bloque postergara el tratamiento de la designación de Rafecas o la dejase frustrar, el golpe sería muy duro y el gobierno probablemente debería hacer, más temprano que tarde, nuevos ajustes sobre sí mismo. En Argentina, la autoridad de los presidentes es condición de gobernabilidad.
