Fernández se juega el futuro en la puja por la reforma judicial

Hoy para muchos no es siquiera un recuerdo, pero Alfredo Yabrán protagonizó uno de los episodios más oscuros y resonantes de la historia política nacional. Acusado por Domingo Cavallo de tener protección política del gobierno menemista para desarrollar actividades ilícitas, quedó en medio de un megaescándalo al que sólo su suicidio pudo poner fin. Siempre había cultivado un perfil bajo, pero en medio de la lluvia de acusaciones dio una entrevista periodística en la que, además de defenderse, dio una definición memorable sobre el poder.“El poder es impunidad”, resumió.

Hoy el gobierno, en especial la vicepresidenta y en términos generales todo el peronismo comprueban la veracidad de esa sentencia. En un país en el que las instituciones padecen de debilidad crónica y a los jueces y fiscales los nombran los políticos, no podía suceder otra cosa.

Desde que el peronismo ganó las elecciones las causas por corrupción contra Cristina Kirchner no se han movido y desde el 10 de diciembre último el Poder Judicial se paralizó. Primero fue por la feria de enero, pero cuando se esperaba que volviera a funcionar tampoco lo hizo. A partir de marzo la pandemia fue la excusa perfecta. En suma, desde hace nueve meses hay sólo dos poderes. La justicia está en “stand by” a la espera de que se sepa quién tiene el poder. Al doctor Lorenzetti, de tanto protagonismo durante el gobierno de Mauricio Macri, rara vez se lo oye.

En ese marco Cristina Kirchner forzó el paso y Alberto Fernández, que no tiene ninguna duda sobre de dónde viene su poder, envió al Senado un proyecto con un único objetivo: licuar el fuero federal en el que la vicepresidenta está procesada por corrupción.

La intención del proyecto es obvia. Duplica el número de jueces y fiscales, cuya designación deberá pasar por el Senado, que está bajo el control absoluto de Cristina Kirchner. La vicepresidenta también demostró que controla el Consejo de la Magistratura con el auxilio de la peronista Graciela Camaño y que puede desplazar a los magistrados que no le gusten. Armó una comisión con su abogado defensor a la cabeza para que “aconseje” una reforma de la Corte Suprema. Si se amplía el número de integrantes del tribunal, los próximos tendrán también que ser aprobados por ella. Además está a muy pocos votos de manejar los dos tercios de la Cámara alta, herramienta de gran poder disuasivo. En síntesis, Cristina Kirchner tiene arsenal suficiente para presionar sobre la Justicia y lo está desplegando en el Congreso y la Casa Rosada a velocidad creciente.

Su ofensiva dio un paso importante el jueves último con la firma de un dictamen favorable a la reforma (ver Visto y Oído). Se estima que será sancionado esta semana y pasará a Diputados, cámara en la que su aprobación, en cambio, no parece todavía segura. El diputado opositor Mario Negri hasta se animó a decir que hay “olor a 125”, en referencia al revés parlamentario sufrido por el kirchnerismo en el caso de las retenciones móviles al campo.

Una derrota en Diputados sería un problema para la vicepresidenta. Si el poder es impunidad, lo menos recomendable para un político es exhibir impotencia. Y no lo sería menos para el presidente. Se comprometió con la reforma haciéndola suya y un fracaso mostraría lo mostraría débil en el momento menos oportuno: cuando la economía muestra una depresión similar a la de 2002.

Fernández tiene ya abierto un frente: el de los votantes opositores que el 17-A probaron que no necesitan de los políticos para movilizarse en contra del gobierno. Fue la mayor movilización de las tres en contra del gobierno en menos de nueve meses.

Y como si con esto no tuviera suficiente el presidente ha optado también con enfrentarse a los medios. El jueves el senador Oscar Parrilli incluyó una cláusula en su contra en el texto de la reforma judicial y el viernes por DNU Fernández declaró servicio público esencial y congeló las tarifas de Internet, de la telefonía celular y la TV paga, afectando entre otros a Telecom, Cablevisión, Fibertel. En pocas palabras: un misil contra el Grupo Clarín.

¿Por qué? Si hay que creer a los periodistas/voceros del kirchnerismo, ese grupo habría estado involucrado en compras del dólar contado con liquidación que subió en la semana última más de 6 pesos. Lo acusan de estar forzando una devaluación.

En ese terreno el giro de Alberto Fernández ha sido de 180°. Su encuadramiento detrás de Cristina Kirchner es total. En medio de una situación macroeconómia crítica no sólo por el peligro de una corrida cambiaria, sino por la caída de la actividad, el desempleo, el cierre de empresas, la pérdida del salario real, el aumento de la pobreza, etcétera, juega todas sus fichas a cumplir con una agenda que es prioritaria para la ex presidenta, pero que puede comprometer su ya muy complicada gestión.