La Prensa
CLAVES DE LA SEGURIDAD

Ciudadanía o sistema de castas

El 23 de marzo de 2020 esta columna advirtió a los lectores de La Prensa sobre el pacto miserable de la casta política por el cual, pase lo que pase con el covid-19, la culpa de todo mal se cargará a la sociedad y no a los políticos a cargo de gobernar. Se incluía allí este párrafo sobre la cuarentena: “Ningún político perderá por ella su cargo, esos sacrificios se reservan para los particulares”. Ahora, ese pacto entra en su faz más obscena.

Comencemos señalando una obviedad. En los primeros cien días de este inconstitucional estado de sitio de facto con excusa de pandemia, es tan notable lo que se ha visto como aquello que no se ha visto. Y el contraste es por demás elocuente: 

  1. -    Se han visto personas corrientes resignar sus libertades, perdiendo en ello trabajos, ingresos, bienes y padeciendo con sus familias todo el peso del esfuerzo reclamado por el gobierno. 
  2. -    No se han visto, en cambio, que miembros de la casta política resignen privilegios ni pierdan ingresos. Daniel Arroyo sigue siendo ministro a pesar de los sobreprecios, por no hablar de Ginés González García errando proyecciones sobre el coronavirus. No hace falta ser honesto ni eficiente, basta pertenecer.

El mismo Alberto Fernández advirtió temprana y públicamente que se consideraba exento del sacrificio al argumentar (con un descaro ausente de toda noción del ridículo) que no iba a bajarse el sueldo “porque eso es un acto de populismo que en verdad no resuelve el problema y que además para lo único que sirve es para fomentar la anti política”. Cosa de CEOS, puntualizó aludiendo a Mauricio Macri. Lo atormenta al pobre Fernández no tener la fortuna de Macri ni de Néstor Kirchner (dos que por distintas causas donaron sueldos, uno como presidente el otro como diputado) y en ese tormento de acomplejado no es capaz de darse cuenta que pide a los habitantes del país, y en especial a los contribuyentes, esfuerzos que en forma miserable se niega a acompañar. No da el ejemplo el presidente, como no lo dieron algunos reyes depuestos.

Entonces su pensamiento deja en evidencia desde el chiquitaje lo violento del choque de intereses entre los privilegios de la casta política y el pueblo que todavía la sostiene. ¿Puede haber algo más “anti política” que separar la política del pueblo y volverla contra él?

Dólar terrorista

En esa lógica de privilegios de casta hay que entender también lo que se ha dado en llamar “dólar terrorista”, otra irritante consecuencia de la mentira de los 30.000 desaparecidos en la que se funda el relato kirchnerista y la cultura subvertida que, con la adhesión del progresismo, circunscribe la política al servicio de los políticos. 

La lamentable mansedumbre de los argentinos, tan parecida a la cobardía, es fruto de un largo proceso desmoralizador. Que todos los resortes del poder estén en manos de la casta política llama al desaliento. Las reacciones ciudadanas oponen una resistencia esporádica y desorganizada que no alcanza para fijarle límite a las apetencias de la casta, pero el gobierno al avanzar tan cómodamente en su proyecto totalitario de corrupción estructural pierde aceleradamente la noción de la realidad: la subestima hasta despreciarla. Y es ahí donde pueden despertar instintos de supervivencia.

Prueba de ello son los ataques al campo. El kirchnerismo genera el odio que trasmiten sus comunicadores, como Hebe de Bonafini y Ezequiel Guazorra, lo que alienta a cualquier fanático a "hacer méritos": sea prender fuego un campo, cortar silobolsas o aflojar tuercas a la rueda en la camioneta de un productor. Es un plan criminal de resentimiento comunista para la hambruna y que en cualquier momento se teñirá de sangre. Tiempo atrás un spot publicitario contra la violencia en el fútbol decía algo como "cuando canten que van a matar no cantes, porque luego van y matan", y es que la conducta criminal responde a causalidades mucho más que a casualidades. La relación entre los sabotajes al campo y la facción gobernante es evidente.

Lejos de garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional, el sostenido empeño gubernamental por prorrogar el estado de sitio de facto y someter a la población a la arbitrariedad de su permiso, pone a las fuerzas policiales y de seguridad en la seria disyuntiva de revisar sus lealtades. Enseñaba Napoleón que "las largas campañas corrompen la disciplina". Y esto ya es una larga campaña, pero además muy floja de papeles. ¿Qué van a hacer los uniformados cuando la ciudadanía activa salga a la calle el 9 de Julio a exigir que se respete la Constitución Nacional?  

Al aumentar la fricción en la línea de choque entre los intereses del gobierno y la ciudadanía, es inevitable que, sabiendo los riegos de tanto ánimo caldeado y quiénes son siempre los que pagan el pato, los jefes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, empiecen a evaluar la necesidad de cuestionar frontalmente las órdenes que reciben desde el Ministerio de Seguridad de la Nación por parte de Sabina Frederic; porque no en vano flota (en el apestoso vaho institucional de país) la ya vieja advertencia del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti: “las medidas son válidas por la emergencia pero tienen que estar limitadas en el tiempo, no pueden ser un estado de excepción”. 

Y lo son. Claramente lo son. De ahí que la declaración de la que surgió esa frasecita tiene por contexto un juego de poder. Refiere una paradoja del sistema de casta que supimos conseguir: los mismos jueces que desertaron y hoy no están, van a aparecer cuando pase la pandemia para juzgar las consecuencias de este estado de sitio de facto. Porque su rol en la casta política es dejar hacer en el momento y pasar facturas después, lo que les permite conservar sus privilegios acompañando la dirección del viento. 

Y a la casta política, en especial a la facción totalitaria que gobierna, le encanta que los chivos expiatorios lleven uniforme.