POR ALBERTO SOLANET *
Escribo estas líneas en esta columna, por ser uno de los pocos espacios donde se admite la libertad de expresión, en el marco del respeto por el orden público. Quiero insistir en la denuncia de la grosera y reiterada discriminación que sufren quienes están presos acusados por delitos llamados de lesa humanidad, a quienes los mismos jueces que les deniegan la prisión domiciliaria, se la conceden a quienes están presos por corrupción o por delitos aberrantes. Cito un caso patético, el mismo tribunal TOF 5 que días atrás le concedió el beneficio a Amado Boudou, quien no califica dentro del grupo vulnerable y de riesgo -según el estándar fijado por el Servicio Penitenciario Federal- acaba de denegárselo a Alfredo Astiz, a quien le comprenden de lleno todas las condiciones que fundan el informe de ese organismo, en el que está incluido. Tiene 67 años y cáncer de próstata. Los argumentos de ambos fallos son idénticos, "el riesgo de contraer la enfermedad'' sólo que Boudou estará más seguro en su casa, en cambio Astiz estará más seguro en la cárcel.
La arbitriedad y la discriminación surgen evidentes, la ideología se antepone a la justicia y en este caso se suma el terror a la reacción de cuanta organización de derechos humanos anda por ahí, para quienes Astiz carece de todo derecho, es considerado un muerto civil. El conocido periodista Carlos Pagni hace pocos días ha dicho palabras que hago mías, que los presos acusados de delitos de lesa humanidad también son humanos. Astiz es uno de ellos, es un ser humano, como cualquiera de los que están detenidos.
* Abogado.
Amado Boudou y Alfredo Astiz.