El Gobierno empezó a enredarse mal con la pandemia. El viernes armó muchedumbres con pacientes de alto riesgo frente a los bancos y el lunes amaneció con el escándalo de sobreprecios en la compra de alimentos para repartir. A la inoperancia le sumó la sospecha de corrupción. Y para cerrar el cuadro, el Presidente se negó a rebajar su sueldo y el de sus funcionarios, después de haberles recortado los haberes a jubilados que ganan seis veces menos que él.
Por las aglomeraciones frente a los bancos unos pocos trataron de excusar a Alberto Fernández alegando que la crisis no venía con manual de instrucciones. Pero el problema no es que venga sin manual, sino los errores y contradicciones del último responsable de todas las decisiones políticas. De un presidente que incurre en paradojas insólitas. Reforzó con ganas la ayuda a su clientela electoral más numerosa, planeros y jubilados de la mínima, pero los expuso al riesgo de exterminio.
Le declaró la guerra por lo menos en el terreno verbal a los empresarios, pero se embelesó ante sindicalistas que también lo son y entre los que repartió cientos de millones de pesos.
Compró alimentos sin respetar los precios que declaró obligatorios para los comerciantes.
Le rebajó los haberes a jubilados que cobran 25 mil pesos, pero se negó a ajustar a funcionarios públicos que quintuplican ese ingreso. Para el Presidente sería "demagógico" rebajar el salario de la clase política, pero inevitable perjudicar a los jubilados en nombre de un ajuste que hace rato que se fue por el drenaje con el Poder Ejecutivo aumentando el gasto a discreción y el Banco Central emitiendo a toda máquina.
No va a pagar la deuda, no va a reducir el déficit, va a emitir lo que sea necesario, pero no hay plata para los jubilados que apenas sacan la cabeza del agua.
En materia de doble patrón de medida respecto de la "solidaridad" el presidente, sin embargo, no está sólo. Corrió la versión de que los ministros de la Corte se habían rebajado 25% el sueldo, pero en realidad no era necesario. Con que pagasen ganancias estaría más que bien.
Entre los legisladores nacionales sólo un grupo de senadores del PRO presentó un proyecto de recorte de salarios pagados por el estado. Ningún otro partido adhirió. Conclusión: los políticos hablan de solidaridad, pero con la plata de otro.
Más allá de esa solidaridad despareja que ahonda la grieta, el presidente ve la crisis como una oportunidad para concentrar poder. Muchos estatistas dentro y fuera del gobierno también creen que ha llegado la hora de ajustar cuentas con el libre mercado. Pero esa ilusión, cuyos peligros ilustró una simple compra de fideos, es peor que anacrónica; es impracticable. Se desmorona ante la simple tarea de organizar una cola de jubilados.
