El juez decide si los rugbiers siguen presos
"No quisimos matarlo", dijo Blas Cinalli en la audiencia con el magistrado, mientras a su lado lloraba Máximo Thomsen, acusados como coautor del crimen de Fernando Báez Sosa. La querella pidió el triple agravante y que se identifique al joven vestido de negro en un video.
Los ocho detenidos fueron trasladados en un micro del Servicio Penitenciario Bonaerense. "Asesinos", les gritaban los vecinos del lugar.
Uno de los ocho rugbiers detenidos por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell aseguró que no quisieron matar al joven, al decir unas palabras en la audiencia realizada ante el juez de Garantías de la causa, quien este viernes dará a conocer su resolución sobre el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal, informaron fuentes de la causa.
Esos dichos no cuentan como declaración formal en la causa y recordaron que en la indagatoria ante la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, los diez rugbiers imputados se negaron a declarar respecto de lo ocurrido el 18 de enero último en la puerta del boliche Le Brique, donde mataron a golpes a Báez Sosa (18).
Al término de la audiencia, Fabián Améndola, uno de los abogados de la familia Báez Sosa, contó que el juez adelantó que dará a conocer su resolución este viernes.
En tanto, la defensa de los rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, dijo que pedirá que en caso de confirmarse la prisión preventiva para todos o algunos de ellos, puedan cumplirla de manera atenuada, bajo arresto domiciliario, con monitoreo electrónico.
Améndola explicó que pidieron que a la acusación fiscal por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas se sumen los agravantes de "alevosía" y "homicidio por placer". Además, el abogado que representa a la familia de la víctima junto a Fernando Burlando, dijo que durante la audiencia observó a
Insistió a su vez en que se profundice la investigación para identificar a otro joven de buzo negro -que está mencionado en los chats como `Pipo'- que aparece tras el crimen en uno de los videos incorporados a la causa, en el que se lo ve junto a dos de los rugbiers mientras se abrazan y cuando piden hamburguesas en un local de comidas rápidas.
La fiscal Zamboni, en tanto, ratificó en la audiencia la acusación, aunque adelantó que ampliará su requerimiento en los próximos días, y a partir de ello podría volver a citar a los rugbiers a prestar declaración indagatoria la próxima semana.
La audiencia judicial se inició en la mañana del jueves en el juzgado situado en Boulevard Silvio Gesell y Paseo 120 de la localidad balnearia, hasta donde los rugbiers fueron trasladados a primera hora en un micro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), custodiado por cuatro patrullas, desde la Penitenciaría 6 de Dolores.
A su llegada, los acusados fueron insultados por vecinos que se acercaron al lugar y les gritaron "asesinos".
Debido a las pequeñas dimensiones de la dependencia, sólo pudieron ingresar al recinto el juez, los abogados, la fiscal y los imputados, mientras que un grupo de 10 y 15 familiares de los rugbiers que se acercaron a la sede judicial, permanecieron en el hall que da a la mesa de entradas. La sala del Juzgado tiene un espacio tan reducido que tuvieron que quitar muebles para que entraran todos los citados.
Luego de estar tres horas exactas en el edificio judicial -desde las 8.20 hasta las 11.20-, donde antes de verse con el juez y la fiscal se reunieron con Tomei, los rugbiers fueron nuevamente subidos al micro de regreso al penal, mientras les gritaban "asesinos" y "gusanos de mierda", entre otros insultos.
Los imputados que estuvieron ante el magistrado fueron Thomsen y Ciro Pertossi (19), acusados de ser "coautores" del crimen, y Cinalli, Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), y Ayrton Viollaz (20), considerados por la fiscal como "participes necesarios".
Al finalizar la audiencia, el defensor de los rugbiers presentó una denuncia contra Zamboni y contra la defensora oficial que intervino en las primeras horas de la investigación por supuesta privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tal como había adelantado en la audiencia, Tomei pidió además la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y las indagatorias, y esta presentación fue remitida por el juez al fiscal General de Dolores, Diego Escoda, para que se investigue si efectivamente se cometió algún delito.
Para la audiencia no fue necesaria la presencia de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes fueron liberados por falta de pruebas el pasado lunes, aunque siguen vinculados a la causa.