La Prensa

¿Terminamos con el populismo energético en la Argentina?

EL GOBIERNO ENFRENTO EL DESAFIO DE RESOLVER EL ATRASO TARIFARIO MAS GRANDE DE LA HISTORIA

POR ALEJANDRO EINSTOSS *

Los 14 años que median entre 2002 y 2015 se caracterizaron por el congelamiento de precios y tarifas energéticas que tuvieron dos efectos: el mayor atraso tarifario de la historia, incluso superior al verificado en el periodo 1945-1955 y la ruptura del marco contractual y regulatorio del sistema energético en su conjunto, que pasó a funcionar a partir de decisiones discrecionales del gobierno nacional.

Estos efectos dejaron entrampado en el corto plazo a un sector que sustenta su producción en decisiones de inversión de mediano/largo plazo. Las distorsiones del sector energético fueron de tal magnitud que afectaron la macroeconomía en su conjunto y pueden explicar la pérdida de los famosos ""superávits gemelos"" exhibidos por la anterior administración como uno de sus mayores logros.

La política energética aplicada durante el periodo 2002-2015 desincentivó la inversión y sumergió al país en una persistente decadencia productiva, consumió stocks y representó una enorme hipoteca al inicio de la actual administración.

HIPOTECA

En el periodo que media entre 2003-2014 se perdió un stock de reservas equivalente a 2 años de producción de petróleo y 9 años de producción de gas natural. De esta forma hoy producimos aproximadamente el 50% del petróleo que en 1998 y niveles similares de gas al 2010.

Si bien la producción de petróleo continúa en decadencia, se observa una recuperación tendencial en la producción de gas natural explicada en su totalidad por la producción de gas no convencional (Vaca Muerta), que representa casi el 38% de la producción total de gas natural local.

El gas de Vaca Muerta es beneficiario de un subsidio al precio de venta en el mercado interno, que inició durante la anterior administración bajo la forma del Plan Gas que en sucesivas versiones subsidió a toda la producción incremental de gas natural respecto al año 2012 sin discriminar si su origen era de convencional o no convencional.

El gobierno actual acotó el subsidio sólo a la producción no convencional a partir del resol 46/2017 que aplica un sendero de precios decrecientes que arrancó en u$s/MMBTU 7,5 en 2018, u$s 7 en 2019, u$s 6,5 en 2020 y finaliza en u$s 6 en 2021.

La caída en la producción local de hidrocarburos debió ser compensada con crecientes importaciones que revirtieron el balance comercial energético. La mayor producción local de gas no convencional en combinación con menores precios de importación, permitirán alcanzar en 2019 una balanza energética sin déficit por primera vez desde el 2011.

SUBSIDIOS

Es importante recordar que los subsidios económicos a la energía se concentran en la determinación de los precios del gas natural y la energía eléctrica y no en las tarifas reguladas de los servicios de transporte y distribución.

Aquí se concentran casi la totalidad de los subsidios económicos corrientes, los cuales entre 2004 y 2017 alcanzaron los u$s 102.000 millones. Esto es así ya que el Estado Nacional subsidia mediante transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico -Cammesa- la diferencia entre el real costo de generación de energía eléctrica y el precio que paga la demanda.

En relación con el Gas Natural, el Estado subsidia la diferencia entre el costo de abastecimiento de gas y el precio que paga la demanda mediante dos mecanismos:

* Transferencias a Integración Energética S.A. (ex Enarsa), que realiza las importaciones de gas por barcos (GNL) y por gasoductos desde Bolivia.

* Transferencias a las empresas productoras de gas a través del PLAN GAS, que reconoce un precio sostén a la producción de gas no convencional.

Por lo tanto, lo que se subsidia es el valor de la energía y en particular el precio del gas natural, que es el vector relevante del sistema energético nacional, ya que representa el 54% de la matriz energética nacional y el 63% de la energía eléctrica consumida se genera en base a gas natural.

Estos subsidios han representado una verdadera hipoteca para la actual administración que se encuentra en la difícil transición de actualizar precios y tarifas en un contexto inflacionario, pero con avances importantes.

Luego de más de una década de congelamiento de precios y tarifas, para finales de 2015 un usuario residencial pagaba el 11% del costo real de abastecimiento eléctrico y 14% del valor del gas. La diferencia la pagó el Estado Nacional a través de subsidios que llegaron a representar $20 de cada $100 que gastó la Administración Pública Nacional y explicaba buena parte del déficit fiscal de ese año.

Sin dudas la política de contención del gasto público de la actual administración se orientó a la reducción de subsidios económicos y en particular a los energéticos que pasaron de representar casi 4% del PBI en 2014, a casi 1,5% proyectados para finales de 2019.

A partir del 2020 se proyecta una reducción de subsidios que luce desafiante no sólo porque implicaría importantes incrementos tarifarios en términos reales, sino también porque los 0,2% del producto previstos parecen insuficientes ante la actual cobertura por tarifa social.

En resumen, la verdadera hipoteca que recibió la actual administración estuvo ligada a una política energética populista que explicó tanto el déficit fiscal como el déficit externo. Quizás el pecado original haya sido no explicar claramente el grado de deterioro de las cuentas públicas y la profundidad del problema.

De esta forma, Argentina quedó encerrada en un problema de difícil resolución: un trilema.

* Por un lado, era necesario revertir la decadencia en la producción de energía que reduzca el nivel de importaciones, para ello se implementa una política de subsidios a la oferta -el Plan Gas-, de alto costo fiscal.

* Por otro, en el marco de los acuerdos y compromisos fiscales alcanzados con el FMI, resulta impostergable ajustar las cuentas públicas reduciendo uno de sus rubros principales: los subsidios económicos, tanto a la oferta como a la demanda de energía.

* Y es esto último, el punto con mayor dificultad: ya que implica resolver el atraso tarifario más grande de la historia, de manera socialmente aceptable y en un entorno de alta inflación. En particular, en resolver el atraso tarifario es donde el gobierno inevitablemente se transformó en un permanente generador de malas noticias, que quizás debieron ser mejor explicadas a los usuarios.

SALARIOS

A partir del proceso de recomposición tarifaria iniciado en 2016 se observa que la proporción del salario aplicado a servicios energéticos pasa a 1,8% en 2016, 3,4% en 2017, y utilizando los cuadros tarifarios con efecto en 2019, alcanza niveles similares a 2001 -4,5% del salario promedio.

En este contexto, y con los niveles alcanzados de incidencia en el salario será difícil continuar con una política sostenida de aumentos tarifarios por arriba de la inflación, por lo que se debería concentrar el esfuerzo en intensificar la reducción del costo de abastecimiento de gas y energía eléctrica mediante mecanismos de mercados competitivos.

La recomposición de tarifas fue acompañada por la implementación de la "tarifa social federal", que a la fecha alcanza aproximadamente al 30% de los usuarios y representa un importante cambio de paradigma respecto al acceso a la energía. Mientras que hasta 2015 se aplicaba un sistema de precios bajos que hacía las veces de una tarifa social generalizada, financiada por subsidios que se concentraban en los quintiles de mayores ingresos.

En la actualidad se pasa a un sistema de focalización que intenta alcanzar los hogares de menores ingresos a partir de descuentos en el valor de la energía.

Como aprendizaje la experiencia reciente nos deja quela política energética debe formar parte de un plan integral de largo plazo, sustentado en un acuerdo político amplio que abandone el facilismo de corto plazo y reduzca la incertidumbre a la inversión.

* Economista y consultor en Energía.