​La espinosa reforma laboral

El tema se instaló en plena campaña electoral por la presidencia de la Nación y ahora, recurrente, se cruza en el camino de los candidatos. La reforma laboral es un ítem por el que claman los empresarios y que resisten los sindicatos, un asunto más que parte las aguas en una sociedad de por sí entregada al conflicto y la división.

El Gobierno hizo alusión al caso en Suiza, durante la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, aunque se cuida bastante de hacer flamear esa bandera piantavotos en la recta final hacia las PASO. En cambio, a Alberto Fernández, mascarón de proa del kirchnerismo recargado,  le basta apenas olfatear que el tema ronda las agendas periodísticas para salir a descartar cualquier cambio. Tanto que ahora ha planteado un plan alternativo de 13 puntos que se contrapone a la reforma.

La línea que divide opiniones resulta aquí mucho más clara y notoria que en otros asuntos que atañen al gobierno. Los empresarios, dueños de compañías de calibre diverso, pugnan por un cambio estructural, de raíz, en el sistema laboral. No hace mucho, en apariciones aisladas pero de alto impacto, dejaron oír su voz a manera de globo de ensayo, y el rechazo que les volvió fue contundente.

Quienes impulsan la reforma han aprendido un par de trucos en el manejo del mensaje: ya no se habla de flexibilización, que remite directamente a los vapuleados años ’90, con alta dosis de mala prensa, y se hace hincapié en que los cambios no deben pasar por una baja salarial sino por un recorte en los impuestos atados a las cargas sociales.

Los hombres de negocios esgrimen un argumento fuerte: la Argentina exportadora pierde competitividad ante rivales que le ganan porciones de mercado a partir de sus bajos costos laborales. En esto va no sólo la parte impositiva, sino también todo aquello vinculado a la  industria del juicio, que hace que despedir un trabajador se vuelva una carga onerosa, a veces imposible de afrontar para una pyme.

En el escenario ideal que sueñan los empresarios bajar los impuestos al trabajo y quitar las sanciones judiciales para que la contratación y el despido sean parte de un mecanismo dinámico e indoloro tendría sobre la población económicamente activa un indiscutible efecto positivo. Se crearía más empleo por la simple razón de que no habría temor ni costos a la hora de cortar el vínculo, y desaparecería la informalidad laboral, hoy en torno al 34%.

La esencia misma de la propuesta pasa porque los empresarios puedan expandirse en tiempos de bonanza, y replegarse sin asumir onerosos costos cuando el ciclo económico no acompaña. Algo parecido a lo que ocurre en Dinamarca, donde impera un sistema denominado Flexsecurity.
Los daneses, una nación de la que estamos lejos en términos de distancia física, y a años luz en materia de ingeniería social, han diseñado un esquema que permite la contratación y el despido sin mayores indemnizaciones, lo cual dinamizó el sistema laboral, multiplicando la oferta de trabajo. Todo esto montado sobre una estructura de alta presión fiscal, una de las más elevadas del mundo, que le otorga al desempleado que no encuentra pronto un nuevo trabajo todos los beneficios sociales habidos y por haber. Dicen, los nórdicos, que el modelo es un caso único, imposible de ser traspolado a otras culturas. Mucho menos a la Argentina, donde se reclaman las libertades del despido, pero se rehúsa el pago de impuestos.

Del otro lado del mostrador la visión es por completa distinta. Para los trabajadores en relación de dependencia la reforma laboral es algo así como un fantasma que recorre la república. Se aferran a lo que hay, que tampoco es tan bueno que digamos, porque la incertidumbre de lo que puede venir es mucho peor.

El trabajador le da una vuelta a la lógica empresarial y piensa: si en las condiciones actuales, con el marco legal existente, se producen abusos tales como el no pago de horas extras, la liquidación en negro de parte del salario, los contratos basura o la eternización del monotributo como vínculo laboral, sobre todo en las pymes, ¿qué hace pensar que la flexibilización no traerá más salvajismo? ¿Qué proyección podría tener un empleado mayor de 50 años, si es fácilmente reemplazable por uno más joven y barato?

 La reforma laboral tiene un costo político y difícilmente pase con éxito por el Congreso. Esta es la razón por la cual el Gobierno ha ido impulsando cambios sectoriales en  los convenios colectivos. Casos testigo de esto son los acuerdos logrados por el sindicato petrolero con las empresas que operan en Vaca Muerta, y el firmado por Mercado Libre con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, para ser aplicado en las operaciones del nuevo centro de acopio.

Los petroleros aceptaron los cambios normativos en pos de dar un salto en la productividad, y convalidaron reformas tales como no exigir el pago de remuneración “si no existió contraprestación efectiva del trabajador"; en caso de aparecer técnicas más modernas de trabajo, gremios y empresas se comprometen a discutir las dotaciones de personal y la capacitación del mismo; y se eliminan para todo concepto las denominadas horas taxi, que eran las que los trabajadores pasaban en trailers y hoteles a disposición de la empresa.

El acuerdo firmado por Mercado Libre es más radical en los cambios con respecto al sistema laboral vigente. La jornada laboral deja de ser de 8 horas y, en cambio, se crea un esquema de mensual de 192 horas y un banco de horas semestral para compensar el tiempo trabajado en exceso. Por ejemplo, se pueden trabajar 12 horas por día por dos semanas y luego compensarlas con días de 4 horas. Se eliminan las horas extras.

Además, el convenio habilita turnos fijos y/o rotativos y la empresa puede modificar turnos y extensión de la jornada siempre y cuando lo notifique al trabajador con 48 horas de antelación.  El descanso semanal puede recaer en cualquier día y las vacaciones pueden ser otorgadas en cualquier momento del año y fraccionarse en períodos de 7 días corridos, siempre de acuerdo a las necesidades operativas de la compañía, entre los puntos más disruptivos.

El problema, una vez más, pasa por armonizar los intereses de las partes comprometidas. La empresa necesita ser competitiva y multiplicar su rentabilidad. El punto es que de los tres factores de producción, es decir Tierra, Trabajo y Capital, el segundo tiene vida propia. Para ser claros: un trabajador no es sólo un recurso, sino que le urge planificar su existencia. Sale con los hijos, los amigos, se hace un asado, toma mate en el parque, va a la cancha, tiene cumpleaños, bautismos, comuniones, toma cursos de capacitación, viaja. Vive. 

Los datos duros del empleo en la Argentina son escalofriantes. Según cifras del Indec, en los últimos tres años se crearon 946.000 puestos de trabajo: la mitad fueron cuentapropistas, el 40% asalariados no registrados y el 10% asalariados en el sector público. Además, con números del organismo, el economista Martín Kalos explica que “en el 1° trimestre de 2018 los salarios se llevaron el 51,3% de todo el Valor Agregado en la economía argentina. En el 1° trimestre de 2019, bajó a 48,3%. Esos 3 puntos se los llevaron las ganancias empresarias, básicamente (de 36,6% a 38,9%)”.

Esto se parece mucho a la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Llevado al plano económico se traduce en si debe establecerse una reforma laboral para agilizar la dinámica empresarial y que la economía crezca, o si debe crecer la economía primero, ordenándose los factores macro, mejorando logística e infraestructura, talando impuestos como Ingresos Brutos, para que las compañías se expandan y no sientan tanto el peso del factor trabajo.

El dilema está candente y los puntos de vista se contraponen, severos, según de qué lado del  mostrador uno se encuentre. De alguna manera todas las razones son válidas y lo más arduo pasa por hallar el equilibrio, el beneficio mutuo. 

Alguna vez, hace ya mucho tiempo, en 1960 y durante el gobierno de Arturo Frondizi, ese personaje inescrutable de la historia económica argentina que fue José Ber Gelbard, emitió un comunicado con el sello de la CGE. Decía algo así: “El empresariado nunca puede retacear conquistas de los trabajadores, para que exista la pacificación. Pero para que esto se cumpla debe haber leyes que también tengan en cuenta las posibilidades empresariales para cumplirlas en función de la expansión económica”.