La Prensa
Entidades, prestadores y familias denuncian que tienen problemas para brindar la cobertura y los cuidados que necesitan niños y adultos

Crítica situación de personas con discapacidad

Hablan de atrasos en los pagos y problemas en el transporte que Nación traspasó a las provincias. Dicen que aunque hubo avances falta una mayor toma de conciencia de la sociedad para respetar y reconocer el tema.

 

Entidades, prestadores del sector y familias vienen denunciando desde hace un tiempo que están teniendo dificultades para brindar la cobertura y cuidados necesarios a las personas adultas y niños que presentan alguna discapacidad.
"Tengo un hermano con síndrome de down y por otro lado soy madre de una hija con discapacidad, es decir que conozco este tema desde hace años y lo vivo muy de cerca", señala a La Prensa Julieta Blayer, presidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (Fendim).

Blayer reconoce que para las personas con discapacidad es un momento duro. Pero indica que la falta de ayuda no es solo de este gobierno, sino que también hubo problemas con el anterior. "Lamentablemente los gobiernos nunca toman mucha conciencia de la existencia de las personas con discapacidad", menciona.
La mujer comenta que en estos últimos tiempos se han dado situaciones de carencias en la atención, principalmente para quienes menos tienen. "Las obras sociales más o menos cumplen con sus obligaciones, el PAMI también. Pero en el sistema Incluir Salud, destinado a personas más vulnerables, hay problemas, los más carenciados entonces son los más perjudicados".

Uno de los problemas ha sido con el otorgamiento de pensiones. "El gobierno anterior ha dado pensiones a rajatabla sin atender a la ley". Cuenta Blayer que el problema es que "la ley establecía que se debían dar pensiones a personas con incapacidad para trabajar. Pero se las dieron a chicos de 15 años, menores. El gobierno actual se agarró de esta irregularidad y entonces dieron de baja a muchas, y luego volvieron a darlas".
"El problema -continúa- es que en ese lapso muchos se quedaron sin tratamiento, prestación, viéndose muy perjudicadas. A la vez las instituciones que las atendían también se quedaron sin percibir sus haberes, fue toda una cadena".

ATRASOS
Blayer expresa que el programa Incluir Salud también tiene atrasos en los pagos a los prestadores. "Hay instituciones que hace seis meses no cobran. Esto es un gran problema principalmente en el interior donde estos programas cubren el 50 por ciento de las coberturas en rehabilitación, tratamiento psicológico, fonoaudiológico".
El transporte también atraviesa una situación complicada, enumera la miembro de la ONG. "Se decidió que el tema del transporte pase a cada provincia, pero esto motivó que en algunas la situación esté bien, pero en otras no tanto".
La tarifa a los prestadores también, expresa, necesita una actualización. "Las prestaciones se rigen por un nomenclador que es estipulado por el estado nacional. Los prestadores dicen que están atrasados en un 40 por ciento. Se habla de que se van a restaurar los aranceles, pero hay después idas y vueltas".

La presidenta de Fendim comenta que muchas veces vive en persona, a partir de la situación de su hija, algunas deficiencias del sistema. "Mi hija está cubierta por PAMI y en general no tengo problemas. Pero se complica en cuanto a que por ejemplo no se le reconoce una rehabilitación kinesiológica específica, con gente más capacitada para su situación, se da algo más general"

Blayer recuerda que la defensa de las personas con discapacidad nunca fue fácil. "Llevo luchando 40 años. Las primeras federaciones fueron creadas por padres en los años 60, había poco conocimiento. La discapacidad era un tema tabú, el mensaje de la sociedad era "no hablemos del tema".
Con los años, hoy hay más conocimiento, pero la cobertura depende casi exclusivamente de prestadores privados. "El estado no ha armado un sistema propio de prestación para discapacitados. Es decir que si una institución por ejemplo no brindara más un servicio, en los hospitales no se podrían atender, no están capacitados".

Por otro lado, la titular de la ONG indica que a la sociedad argentina le cuesta tomar conciencia sobre el tema. "Lo vemos a diario en las rampas ocupadas por autos. Tenemos subtes en la Ciudad que no están adaptados para la discapacidad. Por ejemplo de Tribunales a Chacarita en silla de ruedas no se puede ir".
En lo personal, Blayer padece a diario el poco respeto de la gente. "Yo tengo un espacio reservado de auto por la discapacidad de mi hija. Me lo ocupan casi a diario, y te dicen:- es un segundo, o te miran como diciendo "que suerte que tenés ese espacio".
"Al no haber conciencia -expresa- la sociedad en su conjunto no pide que se ayude y se le de lo que necesita a la persona con una discapacidad".

OTROS PROBLEMAS
El padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad indica, en tanto, que son varias cuestiones que las entidades relacionadas a la discapacidad están padeciendo.
"El transporte para personas discapacitadas pasó del ámbito nacional a los provinciales. Esto está generando dificultades, no se están aceptando los términos y entonces hay personas que se quedan sin el traslado".

Molero, que es responsable de la Comisión para las personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y está al frente de un proyecto en el que se atienden niños de 0 a 12 años con distintas problemáticas en Bajo Flores, cuenta que también se han detectado problemas con la entrega de algunas medicaciones y sillas de ruedas, atención médica, audífonos y los traslados.

El sacerdote además señala los problemas en el pago a instituciones que atienden a personas con discapacidad. "Hay atrasos en los pagos. Se estipuló que algunos pagos pasaban de los 90 a los 120 días. Mientras tanto sigue la inflación, hay que pagar sueldos, los impuestos, se les hace muy cuesta arriba".

A esto se suma la quita de pensiones que tuvo lugar en 2016 y 2017 aduciendo que no estaban bien dadas. "Algunas una vez que se comprobó que al final era correcto otorgarlas se devolvieron pero muchas otras no. Hoy se sigue esperando y el caso llegó a la Corte. Está bien que se revisen pero hay que ver con que criterio -continúa el cura-. Y ver que pasa con quienes no tienen certificado, van a quedar en la pobreza sin más, qué se va a hacer".

Para Molero desde el estado no se trabaja para dar más trabajo a las personas con discapacidad. "El cupo de 4 por ciento no se cumple. Se gasta fortuna en cuestiones como las PASO pero después se dice que no hay dinero para solucionar estos problemas. Hay como una distancia cuando se habla de la discapacidad y lo que sucede luego en la vida real".
El sacerdote pone como ejemplo de que se habla de estar presente en la ayuda a los discapacitados, "pero luego se dan plazos de 20 años para que los subtes solucionen el acceso a las personas discapacitadas".

En cuánto a la mirada que la sociedad hoy tiene sobre las personas discapacitadas Molero expresa que "hay una mirada distinta, un cambio en la valoración, aunque faltaría una mayor toma de conciencia, que el tema esté más presente. Hoy tenemos una legislación buena sobre su protección".
"Tenemos que ir hacia una sociedad que tome más en serio el tema, donde esté presente el estado, las obras sociales y los prestadores".

 

El transporte pide que se  reunifique el nomenclador

Javier Pérez es presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (ATAECADIS). En diálogo con La Prensa cuenta que en diciembre del año pasado la Agencia Nacional de Discapacidad trasladó a cada provincia parte de los gastos por cada afiliado del programa Incluir Salud.

"El estado nacional destina una cápita por persona de 280 pesos y en total se da 560 pesos para cubrir los gastos por mes en transporte y otras prestaciones. Luego cada provincia también destina su dinero".
En el caso del transporte hacia las personas con discapacidad esto ha generado que se tomen distintos nomencladores de acuerdo a cada provincia. "Con el nomenclador nacional tenemos 22,90 pesos por kilómetro, pero luego en provincias como Salta es de 8,70 pesos. Cada una paga otro valor. Incluso hay plazos de pago de 120 días".
Pérez cuenta que se ha presentado un recurso de amparo para que se revea la situación y se pueda unificar un nomenclador. "A partir de esta situación hay transportistas que tuvieron que dejar de dar la prestación y los chicos más vulnerables son quienes se ven perjudicados".
El presidente de Ataecadis señala que Incluir salud tiene unos 33 mil afiliados y hay unos 3 mil transportistas. "Hemos podido entregar un estudio de costos que hicimos a las autoridades pero hasta ahora no tuvimos más avances".
Pérez dice que quienes transportan personas con discapacidad no reciben ningún beneficio en combustible ni exención impositiva. "La situación es compleja. A mí mismo me pasa que llevo chicos con discapacidad porque los conozco hace años, pero no se hasta cuando podré. Son muchos los gastos, lo que nos aumentan no alcanza".