El Gobierno compensará deudas con Edenor y Edesur antes del traspaso de jurisdicción

El Gobierno nacional compensará con Edenor y Edesur las deudas cruzadas que tienen, para luego traspasarlas bajo la jurisdicción de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, con el compromiso de ambas compañías inviertan 7.000 millones de pesos en los próximos cinco años.

Así lo informó hoy la Secretaría de Energía a través de un comunicado, en el que señaló que el Gobierno "está trabajando en un acuerdo con las distribuidoras para saldar las deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015 por el congelamiento de las tarifas".

Si bien no especifica los montos, el comunicado oficial señaló que "el acuerdo no tendría costos para el Estado nacional ya que compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante CAMMESA, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta".

La Secretaría dejó en claro que "por encima de estas compensaciones, Edesur pagaría cerca de 4.000 millones de pesos al Estado Nacional" antes de que se concrete el traspaso, sin brindar mayores detalles respecto al pago.

"Además, de avanzar el acuerdo, entre ambas empresas deberán invertir 7.000 millones de pesos en obras para mejorar la calidad del atención durante los próximos 5 años", concluyó la nota oficial.

El traspaso de jurisdicción de Edenor y Edesur fue un compromiso asumido por el Gobierno nacional con un grupo de gobernadores, entre ellos del Partido Justicialista, para alcanzar el equilibrio fiscal este año.
Junto con el traspaso, tanto la provincia de Buenos Aires como el gobierno porteño, deberán conforma un nuevo ente que se hará cargo de regular la operatoria de estas compañías que cuentan con operaciones en ambos distritos.

Además, las compañías deberán informar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y a la de Nueva York y demás autoridades bursátiles, sobre este cambio, ya que comenzaron a operar en 1992 cuando se produjo la privatización se la firma estatal Segba y por eso aún se encuentran en estos momentos bajo jurisdicción del Estado Nacional.