No se puede cambiar respetando todos los derechos adquiridos
POR Mario Teijeiro *
La estabilidad del sistema jurídico es muy defendida como un pilar esencial de los derechos de propiedad por quienes adhieren a un sistema capitalista privado. Pero esa estabilidad se torna en un obstáculo formidable para cualquier cambio positivo cuando en el punto de partida el sistema jurídico cristaliza derechos adquiridos que son absolutamente perversos para el crecimiento económico.
La ley es un mero instrumento que puede estar al servicio del régimen mas retrógrado, al servicio de derechos espurios que condenan a un país a la decadencia. Esta nota pretende llamar la atención que la estabilidad jurídica de derechos adquiridos no es un bien en si mismo, sino lo es sólo cuando estabiliza derechos de propiedad que son éticamente aceptables porque sirven al progreso y al crecimiento económico.
PUNTO DE PARTIDA
Ideas respetuosas de derechos adquiridos, sensibilidad distributiva y corrección política explican por que el gobierno de Macri optó por el gradualismo, con las consecuencias anticipadas y ya verificadas.
Vivimos en una sociedad con demandas mayoritarias de derechos que terminan siendo destructores del crecimiento económico y también de la justicia distributiva, como atestiguan nuestros resultados económicos en comparación a los de países mucho menos sensibles.
La adhesión al gradualismo no fue sólo por imposibilidad política. Macri y su equipo estaban convencidos que las demandas populares había que atenderlas en aras de comprar la paz social y así poder continuar con un modelo de país que favorecía a los intereses preexistentes. Y que con una gestión de empresarios no corruptos sería suficiente para crecer con un modelo de economía cerrada y con el lastre de un estado sobredimensionado y deficitario.
Después de mas de 70 años de ideas y políticas equivocadas, creo que es lógico esperar que en nuestra sociedad la resistencia al cambio sea enorme; y que salvo unos pocos liberalotes, los políticos sigan con sus propuestas de mantener o agrandar los derechos sociales, usando las crisis y la pobreza como argumento para insistir en el error.
EL MILAGRO
Pero supongamos por un momento un milagro. Supongamos que esta onda liberal que ha llegado incluso a Brasil y aprovecha el ejemplo de la crisis venezolana, madure en algún momento en Argentina. Que los liberalotes consiguen convencer a la clase media a votar algo distinto que termine con su explotación y falta de oportunidades. Suponiendo como punto de partida este milagro electoral, mi preocupación pasa a ser la traba eventual que van a encontrar las reformas necesarias en el ámbito intelectual.
Doy por descontado la enorme resistencia de los sindicalistas frente a las reformas laborales necesarias. La resistencia de los empresarios frente a la apertura de la economía. La resistencia de los políticos a desarmar sus prebendas. Pero la preocupación adicional que quiero plantear es que habrá que superar también otra resistencia de la minoría calificada que cree en la iniciativa privada.
Y el problema pasa por el respeto que muchos liberales le otorgan a la seguridad jurídica, esto es, al respeto por los derechos adquiridos.
Muchos creen honestamente que el estado de derecho es algo innegociable y que es preferible tener reglas de juego mediocres pero estables antes que cambios que alteren la estabilidad de las reglas de juego.
Por supuesto que yo no discuto las bondades de la estabilidad de las reglas de juego y el respeto de los derechos de propiedad cuando esas reglas son las apropiadas para el crecimiento económico en libertad. Pero sostener la estabilidad de las reglas de juego a ultranza nos llevaría al punto de imposibilitar las reformas necesarias para el crecimiento cuando el punto de partida es un sistema jurídico-económico que sustenta derechos espurios que imposibilitan el crecimiento.
ILEGITIMO
Cuando están en discusión reglas económicas que atentan groseramente contra el liberalismo y el progreso del país, las leyes pueden hacer legal el statu quo, pero no legitimo. Si estuviéramos frente a un cambio de valores sustentado por un resultado electoral, quedaría legitimado un cambio en las leyes que ineludiblemente significaría una perdida de derechos de propiedad otorgados por el viejo régimen estatista y distribucionista.
Cuando los totalitarios populistas llegan al poder, lo primero que hacen es cambiar la Constitución e implícita o explícitamente extinguen derechos preexistentes sin compensación alguna, como hizo Perón en 1949 y luego Chávez en Venezuela. Por el contrario, cuando el cambio político nos permite volver a la republica y la iniciativa privada, pareciera que un respeto a ultranza de la estabilidad jurídica y los derechos adquiridos nos impide cambian las leyes y alterar derechos para volverlos coherentes con el crecimiento económico.
Esta idea extrema de respetar derechos de propiedad a ultranza está muy extendida entre abogados y economistas afines a la economía privada. Muchas veces ese conservadurismo se apoya explícitamente en la idea de la estabilidad jurídica, pero en otros casos se apoya en una defensa principista de derechos adquiridos implícitos de empresas afectadas por las políticas publicas que cambian las reglas de juego.
Hemos visto por ejemplo como en las crisis financieras se justifican medidas de licuación de deudas o salvataje de bancos, pasándole al Estado la responsabilidad exclusiva por el rompimiento de las reglas de juego (por ejemplo, una devaluación inesperada). Obviamente, pasarle la responsabilidad al Estado siempre significa pasarles la cuenta a los contribuyentes a través de una mayor presión tributaria.
IN ETERNUM
Otros ejemplos de respeto explicito o implícito a derechos adquiridos abundan por todos lados. Tenemos las normas explicitas de estabilidad permanente de los empleados públicos, no importa su idoneidad, utilidad o comportamiento, que le otorgan un derecho de propiedad a ser compensado si el Estado decidiera despedirlos. Lo mismo ocurre con los despidos privados, que fuerzan a las indemnizaciones por ley. O los derechos adquiridos por jubilados que nunca hicieron aportes. O los derechos adquiridos de quienes reciben pensiones por invalidez truchas.
La industria considera que la protección arancelaria y otras medidas para arancelarias son un derecho adquirido in eternum. Así los gobiernos dejan en manos de la misma industria protegida cualquier negociación internacional, con el resultado obvio que nunca se llega a ningún acuerdo. Cuando se habla de apertura, inmediatamente aparecen las precondiciones compensatorias: "no podemos abrir la economía mientras no se remuevan otras distorsiones o se baje la presión tributaria", como si las distorsiones o la presión tributaria no las sufrieran igualmente la industria de exportación, el turismo, los servicios, etc., esto es, todo el resto de la economía.
En materia política, el sistema federal consagrado por la reforma constitucional de 1994 ha generado el derecho de las provincias de ser asistidas incondicionalmente a través del régimen de coparticipación federal; y cualquier reforma en discusión sólo se plantea en términos marginales, esto es, respetando como intocables las conquistas ya logradas por las provincias.
SENTIDO ETICO
¿Que sentido ético tiene que un ñoqui de 20 años reclame una indemnización equivalente a sus remuneraciones hasta su jubilación? Ya estuvo cobrando durante años sin producir nada valioso para la sociedad, ¿y ahora los contribuyentes deberían seguir financiando la misma condición durante el resto de su vida laboral?
¿Que sentido ético tiene que un empresario que vivió 70 años a costa del resto de los sectores con la protección arancelaria ahora deba ser compensado por quedarse sin esa protección? ¿Es que los beneficios espurios que recibió no lo hacen deudor en vez de acreedor frente a la sociedad?
¿Qué sentido ético tiene que provincias que dilapidan los fondos incondicionales de la coparticipación federal y además sirven para entronizar señores feudales, deban seguir siendo mantenidas por el esfuerzo laboral de los contribuyentes que se empobrecen o quiebran por estar en blanco?
De la misma manera que los derechos a la libertad consagrados por la Constitución quedan suspendidos con la cárcel para los criminales. Y los títulos de propiedad se revocan para los corruptos con la extinción de dominio, los derechos de propiedad adquiridos con instrumentos intervencionistas que implican un beneficio particular a costa del resto de la comunidad no pueden ser mantenidos si se pretende crecer sostenidamente.
* Economista liberal, graduado en la U. de Chicago, amante de la libertad y la competencia, opositor del capitalismo corporativo y del distribucionismo populista.