Cuadernos, Consejo de la Magistratura y futuro

Todos conocemos el estado actual de nuestra Justicia: décadas de progresiva relajación de costumbres y nada de autocontrol llegaron a su cénit entre 2003 y 2015, convirtiéndolo en un Poder al que pocos respetan.

Este no es el lugar para analizar ni atribuir culpas. Dejemos eso a los historiadores.
Nuestro tema debe ser el futuro: cómo convertir todo lo malo que ha ocurrido, en enseñanzas de lo que no debemos hacer y apalancarnos en la revolución generada por los cuadernos de Centeno.

Si todo sigue como debiera, esa megacausa contra la corrupción avanzará hacia el único lugar posible: la condena de los responsables, a penas de prisión efectiva y prolongada. Ojalá que también provoque otras causas que ataquen a los muchos ex funcionarios y empresarios que todavía intentan esconderse de la ola purificadora y no deben lograrlo. También es de esperar que se recupere mucho de lo que nos robaron, porque no podemos admitir ni creer que en 2018 sea imposible rastrear semejante montaña de dólares y euros.

Eso es pasado, pero si lo convertimos en un ejemplo, será la bisagra a un futuro mejor.
¿Cómo capitalizamos las enseñanzas de este desastre?
Primerísimo, apoyando las investigaciones actuales, observándolas para que no entren en demoras ni olvidos y así, se conviertan en una vara constante para medir qué debe ser la Justicia y que deben hacer los jueces. Deberemos estructurar auditorías permanentes sobre todos los juzgados, porque lo que no puede medirse no puede evaluarse y lo que no evaluamos, tiende a abusar de su impunidad.

Claro que entre 2003 y 2015 nuestros jueces y fiscales fueron sometidos a un acoso gubernamental que, como metaforizamos en esa época, los puso en terapia intensiva. Lo único que podíamos hacer era impedir que los destruyeran, dejando para más adelante la dieta y la gimnasia para tener una Justicia digna de su nombre.

SIN EXCUSAS
Pero estamos en 2018 y no hay excusas para seguir demorando todo lo que hay que hacer. El cambio de gobierno terminó con aquellos ataques a los magistrados y a los que los defendimos desde el Consejo de la Magistratura: no hubo más aprietes, amenazas, coimas, presiones, leyes absurdas, denuncias penales, intentos de canje de votos, pseudo-carpetazos, nombramientos digitados, necesidad de optar por males menores, etc. etc.

Esos años negros demostraron que, con todos los defectos que quieran atribuirse al Consejo, fue un bastión que impidió el atropello sistemático de la independencia judicial. Ahora hay que iniciar, de una vez, la reconstrucción del Poder Judicial y tenemos que ser tan firmes como lo fuimos para defender su independencia, por dos razones esenciales.

Primero, porque la Justicia es un tema de principios y no de política partidaria: no se trata de quien gobierna desde el Poder Ejecutivo sino de qué jueces y qué sistema judicial queremos tener. Los jueces son las personas con más poder en el sistema republicano, que inciden sobre nuestras vidas desde antes que seamos concebidos hasta después que morimos. La Constitución quiere un Consejo de la Magistratura independiente y la política tiene sus lugares. No debe invadir los reservados a los abogados, a los jueces y a los académicos, como tampoco deben hacerlo los colegios profesionales, que por algo no fueron mencionados por la Carta Magna.

PAGAR GANANCIAS
Segundo, porque estos tres años pasados desde diciembre de 2015 demostraron una vez más que el Poder Judicial, desde dentro, no cambia: su reticencia a modernizarse es inmensa y no se limita a mantener privilegios medievales sino que resiste hasta cambios pequeñísimos, como un horario ficticio que pocos cumplen.

Ya es hora de que todos paguemos Impuesto a las Ganancias sin fueros personales, prohibidos por la Constitución. Ni jueces, ni fiscales ni nadie en ningún lugar del país deben tener privilegios en esto. Nadie, nunca. Los privilegios son eso, privilegios y no otorgan derechos adquiridos, como lo demuestra nuestra propia historia constitucional y la de todos los países evolucionados.
Tampoco es concebible mantener un sistema jubilatorio principesco, con la posibilidad de trabajar compitiendo con abogados que el primer día del mes no reciben cientos de miles de pesos de jubilación, sino cuentas a pagar. Los jubilados deben optar entre su jubilación de privilegio o trabajar. Ambas cosas, no.

Además de esos dos íconos del privilegio judicial, hay aspectos menos escandalosos pero que los abogados comunes sufrimos todos los días: horarios raros, papeleos innecesarios, terminología arcaica, plazos para sentencia excesivos, impunidad e ineficacia penal. Hay mucho por hacer.
Pueden concretarlo el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, actuando coordinada y eficientemente, sin política ni luchas de poder que deben mantenerse afuera de la Justicia.
Estamos inmóviles por puro miedo. Tengamos coraje de una buena vez.

* Abogado. Candidato al Consejo de la Magistratura 2018-2022.