Ayer la Justicia les dio a los corruptos la peor noticia de sus vidas, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, declaró imprescriptibles los delitos de corrupción contra el Estado.
El fallo fue emitido por el Tribunal en la causa IBM-DGI, en la que se investigó el pago de sobreprecios por 120 millones de pesos por parte del Estado Nacional a la multinacional de informática, durante el proceso de renovar la tecnología de la Dirección General de Impuestos (DGI), hoy AFIP.
En esta causa están acusados ejecutivos de IBM y funcionarios. Este fallo sienta jurisprudencia para todos los casos en que se juzguen delitos de corrupción en el Estado. En el fallo, el juez Gemignani, mantuvo su postura expuesta en el fallo original que luego fue objetado por la Corte Suprema y devuelto a la Cámara para su ampliación de fundamentos. Entonces el magistrado defendía su posición sobre la imprescriptibilidad de esta clase de delitos.
Por su parte el juez Hornos concluyó que por la aplicación estricta del artículo 36 de la Constitución Nacional resultan "imprescriptibles los graves hechos dolosos de corrupción cometidos contra el estado que conlleven enriquecimiento". Y detalló que el 5º párrafo de ese artículo, que se incorporó en la reforma de 1994, establece que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado ""atenta contra el sistema democrático"".
El magistrado indicó que también de acuerdo a la Constitución las acciones respectivas contra los atentados contra el orden democrático resultan imprescriptibles. Ahora el fallo de Cámara deberá ser confirmado por la Corte que esta vez no lo objetara.
Por fin, los corruptos ya no podrán apelar a las argucias legales de sus abogados que buscan con constantes recusaciones a los jueces, denuncias de fallos de forma y otras artimañas, dilatar la causa hasta que el tiempo le pegue el carpetazo definitivo.
Ahora, en medio de este escándalo de corrupción entre funcionarios de los gobiernos kirchneristas y algunos de los más encumbrados empresarios locales, las cosas cambian. Ya no hay peligro que la causa de la "ruta del dinero K" que tiene como protagonista a Lázaro Báez, se extinga por el paso del tiempo.
A partir de ahora, los delincuentes tendrán una alternativa menos para zafar de la justicia, aunque sigan disfrutando de la impunidad entre fueros legislativos y dilaciones. Serán perseguidos sin plazos, sin fecha de vencimiento y esto los pondrá nerviosos porque tarde o temprano pagarán por los delitos cometidos.
Este fallo conocido ayer deja claro definitivamente que la corrupción del Estado es un delito contra la democracia, contra el sistema constitucional por lo que tendrán las mismas condiciones jurídicas que impiden la prescripción, el indulto y la conmutación de penas.
Una fiesta menos para los ladrones del país y un llamado de atención porque ahora podrán reabrirse algunas causas que el tiempo obligó al archivo sin que sus instrucciones pudieran terminar.
Buena noticia para los que buscamos erradicar definitivamente la corrupción del Estado como sistema para el enriquecimiento de funcionarios y sus cómplices en el mundo de los negocios privados.
V. CORDERO