De qué se habla hoy

En el país de la mala justicia, la corrupción gana

La impotencia es para el ciudadano la primera consecuencia de la impunidad. Esa rabia que surge desde adentro y que nos pone en la necesidad de tomar partido, porque entre estas cosas, mirar para otro lado nos hace cómplices. El 4 de agosto de 2007, hace ya hace una década y diez meses, un nombre y un apellido, llenó las primeras planas de los diarios y ocupó horas y horas de emisiones de radio y televisión. Entonces, un hombre llamado Guido Alejandro Antonini Wilson, intentó ingresar al país con una valija en la que había 790.550 dólares.

El sujeto era uno de los pasajeros de un avión de la Presidencia de la Nación que acababa de llegar de Venezuela. María del Luján Telpuk, miembro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no tuvo mejor idea que decirle a los pasajeros que abrieran el equipaje.

El hallazgo del dinero disparó un verdadero aluvión de maniobras, desmentidas, mentiras oficiales y no oficiales. En ese vuelo acompañaban a Antonini Wilson los funcionarios Claudio Uberti y José María Olazagasti, ambos dependientes y de confianza de Julio De Vido. Un escándalo de corrupción se desató porque todo indicaba que aquel dinero lo enviaba Hugo Chávez a Cristina Fernández para financiar su campaña presidencial. Ayer, querido lector, como estaba previsto, prescribió la causa por inoperancia y complicidad de quienes la administraron. Otro caso de corrupción que queda impune por la relación entre la Justicia y la política.

Según se publicó, la fiscal María Rivas Diez, que tuvo a su cargo la investigación del caso hasta que tuvo que jubilarse, dijo al enterarse de este final: "Luchamos contra todo el poder político que protegió a Uberti porque temían que abriera la boca. Fue luchar contra molinos de viento. Aun así, es increíble que la causa no haya llegado a una condena y ni lográramos que lo procesaran. Es una vergüenza que ya pisando este gobierno no se haya podido avanzar sobre él".

La Justicia Legítima pudo más que la otra justicia y jueces y fiscales se encargaron de cajonear la causa buscando este resultado. Tres jueces de primera instancia, la Cámara en lo Penal Económico y Casación Federal Penal y múltiples fiscales, impidieron que la investigación avanzara. Incluso cuando el tema llegó a la Corte Suprema y ésta ordenara avanzar en la investigación por contrabando de dinero, nadie cumplió ese pedido. Hubo en este tiempo hasta exhortos pedidos a Venezuela, pidiéndole al gobierno de ese país que enviara información que comprometía a funcionarios chavistas, algo infantil por calificarlo suavemente.

Los implicados en esa maniobra de contrabandear fondos para financiar campañas políticas siguen libres y ahora hasta de culpa y cargo. Ya fue, ya pasó. Hoy unos celebran el haber pertenecido (y pertenecer) a la mayor trama de corrupción e impunidad que vivió (y vive) nuestro país. Otro caso más al archivo sin que pase nada, sin que se escuchen voces desde los que se dicen demócratas. Pobre mi país.

V. CORDERO