Por Alberto Lettieri
En los últimos años, las corrientes progresistas e indigenistas han conseguido instalar, con llamativo éxito, la tesis que sostiene que la Campaña del Desierto organizada y comandada en 1879 por el entonces ministro de Guerra, coronel Julio Argentino Roca, habría constituido en realidad un "genocidio" o "etnicidio" perpetrado por el Estado Nacional Argentino. Incluso se ha llegado a aplicar categorías extemporáneas tales como "crímenes de lesa humanidad" y similares. Sus promotores sostienen que la acción de las fuerzas regulares argentinas habría conculcado derechos legítimos de los indígenas sobre territorios ocupados por sus ancestros.
En contraposición, la posición oficial del Estado Nacional ha sostenido que la Campaña Desierto significó una guerra legítima orientada a recuperar el control y hacer efectiva la soberanía argentina sobre territorios heredados del Imperio Español -tesis similar a la utilizada para sustentar nuestro justo reclamo sobre las Islas Malvinas, Sandwichs y Georgias del Sur, y los territorios antárticos- y poner fin a las reiteradas matanzas, saqueos, secuestros y destrucciones materiales provocadas hasta entonces por los malones.
En vista de que la discusión ha incrementado su protagonismo dentro de la agenda pública nacional en las últimas semanas, considero apropiado realizar un breve repaso histórico de la cuestión fronteriza, las características del conflicto, y las acciones desarrolladas por las partes en litigio.
Desde prácticamente el inicio de la actividad de la Primera Junta de Gobierno, en 1810, la cuestión indígena cobró una relevancia vital, en la medida en que resultaba indispensable garantizar el control y el orden sobre las tierras de pastoreo y de labranza.
Por esta razón, y afectado por la grave situación económica y productiva que provocaban las Guerras de Independencia en la década de 1810, y las guerras civiles en la de 1820, el poder estatal diseñó una estrategia que combinaba negociaciones y pactos, con la organización de Campañas militares cuando las condiciones internas así lo permitían. Entre las primeras, pueden destacarse el Pacto de Miraflores (1820) con los indígenas pampeanos, que estableció la línea de fronteras al Sur del Río Salado.
Entre las segundas se apuntan las tres campañas comandadas por Martín Rodríguez entre 1820 y 1824, para repeler los frecuentes malones que causaban enormes daños tanto materiales como humanos. Estos malones eran verdaderas empresas comerciales que permitían que las tribus se apropiaran de ganado, que luego era vendido en el mercado trasandino, y de cautivos, por los que exigían altos montos para restituirlos a sus familias. La mayoría, sin embargo, terminaban afincándose contra su voluntad en las tribus.
La persistencia de estas operaciones de saqueo y destrucción motivaron nuevas y exitosas Campañas del Desierto en 1833 y 1834, organizadas por Juan Manuel de Rosas; y de la Confederación -varias tribus ranqueles, el cacique Calfucurá y sus mapuches, quienes obtuvieron resonantes victorias sobre las fuerzas regulares porteñas-, en la guerra civil que se desarrolló entre 1852 y 1861.
En 1863, el presidente Bartolomé Mitre subrayó que los malones eran "un mal que experimenta el país desde muchos años atrás, y a que fatalmente han dado pábulo nuestras continuas disensiones domésticas".
El inicio de la Guerra de la Triple Alianza, en 1864, implicó un nuevo abandono de la vigilancia de la frontera. En tanto, los ataques de parte de guerreros indígenas se reiteraban de manera frecuente a ambos lados de la Cordillera de Los Andes, por lo que los Estados argentino y chileno, una vez alcanzado cierto grado de consolidación, decidieron poner fin al flagelo: mientras del lado trasandino se decidió a hacer efectiva su soberanía sobre la Araucanía, el Congreso Nacional Argentino sancionó la Ley Nº 125, que fijó la frontera sur en los ríos Negro y Neuquén, disponiendo la implementación de una expedición militar para ocupar efectivamente esos dominios, la adquisición de vapores y la construcción de líneas de telégrafo, y el establecimiento de emplazamientos militares para garantizar el control.
Asimismo se decidió garantizarle territorios a las tribus que se mostraran favorables al reconocimiento de la soberanía del Estado Nacional, y la expulsión de los reacios fuera de la nueva línea de fronteras.
La reacción de las naciones indígenas no se hizo esperar. A principios de 1872 tuvo lugar la denominada Invasión Grande a la provincia de Buenos Aires, iniciada por el mapuche Calfucurá, con un ejército de 6.000 combatientes. El ataque sobre las poblaciones de General Alvear, 25 de Mayo y 9 de Julio causó la muerte de alrededor de 300 criollos, otros 500 resultaron cautivos y fueron robadas 200.000 cabezas de ganado. El botín sería luego comercializado en el mercado trasandino por hacendados chilenos que se habían establecido sobre el río Neuquén.
La situación había alcanzado un grado de gravedad inédito, no sólo por la magnitud de los daños causados, sino porque además no era secreto para nadie que tras la tolerancia y el apoyo que tales actividades delictivas recibían de las autoridades chilenas estaba latente la pretensión del Estado vecino de expandirse sobre la Patagonia argentina.
Si bien Sarmiento trató de impulsar la modernización del equipamiento del Ejército Nacional, no se obtuvieron resultados inmediatos. Lejos de eso, el cacique Nahuel Namuncurá sorprendió a su sucesor en la Presidencia, Nicolás Avellaneda (1874-1880), ofreciéndole la venta de cautivos a 40 pesos oro por cabeza, y exigiéndole "cuarenta mil pesos oro, cuatro mil seiscientas vacas, seis mil yeguas, cien bueyes para trabajar, telas de seda, tabaco, vino, armas, cuatro uniformes de general, jabón, etc.", a cambio de desistir de organizar nuevos malones.
Los ataques recrudecieron en 1875 con llamativa ferocidad. La cuestión indígena parecía no tener solución. El ministro de Guerra, Adolfo Alsina, presentó entonces un Plan "contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos", e inmediatamente se firmó un Tratado de Paz con el cacique Catriel, expresión de la debilidad e indeterminación del Estado Nacional.
Una vez más, sería en vano, ya que poco después el propio Catriel y el cacique Nahuel Namuncurá violaban el acuerdo, y a la cabeza de 5.000 combatientes asolaron Azul, Olavarría, Tandil y Tres Arroyos. Con un balance de 300, se trató de un "genocidio" o "etnicidio", en general, se fundan casi exclusivamente en una lectura parcial y antojadiza de una fuente bastante confusa: el Informe Oficial de la Comisión Científica que acompañó a Roca en la Campaña. De allí destacan un párrafo: "Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña."Sin embargo, omiten consignar que las estimaciones más confiables subdividen esa cifra del siguiente modo: alrededor de 1.000 muertos, y 10.539 mujeres y niños y 2.320 guerreros prisioneros.
Mayor entidad parecen tener las voces que denuncian la implementación de estrategias de aculturación y de restricciones a su reproducción, alegando que unos 3.000 indígenas fueron enviados a Buenos Aires, para desempañarse generalmente como personal de servicio doméstico, y allí los habrían separado por sexo para evitar su reproducción.
Sugestivamente las posiciones indigenistas omiten toda referencia al párrafo inicial del citado informe: "El año 1879 tendrá en los anales de la República Argentina una importancia mucho más considerable que la que le han atribuido los contemporáneos. (...) Ese acontecimiento es la supresión de los indios ladrones que ocupaban el Sur de nuestro territorio y asolaban sus distritos fronterizos".
En carta a su hermano Ataliva del 22 de junio de 1879, Julio Roca coincidía con esa apreciación: "¡La nueva línea de frontera queda pues definitivamente establecida sin que nos haya costado más sacrificio que comer carne de yegua!". Queda, como tarea pendiente, que los indigenistas desarrollen sus conceptualizaciones sobre los malones, sus consecuencias y sus víctimas. Muchas veces las cosas no son como se las presenta, y las disputas sobre la legitimidad de derechos admiten diversidad de visiones. Sólo destaco que para el Estado Nacional Argentino resultaría muy riesgoso modificar su posición fundada en los derechos heredados, poner en riesgo su soberanía sobre los territorios patagónicos o la cuestión austral. Y eso no es una cuestión aleatoria.
* Historiador y profesor titular en la Universidad de Buenos Aires