El acuerdo con el PJ confirmó la centralidad política de Macri

Después del triunfo electoral del 22 de octubre los cambios en el escenario político adquirieron una velocidad que ni el funcionario más optimista de Mauricio Macri hubiera imaginado. En menos de un mes cerró un acuerdo con los gobernadores para reducir el déficit fiscal y con la CGT para hacer algunos cambios en la legislación laboral que tienen como meta reducir costos y mejorar la competitividad.

Algunos comentaristas calificaron el pacto fiscal sellado el jueves último como "histórico". Otros, menos benévolos con el presidente, lo consideraron como el resultado de concesiones a los caudillos de provincias. Otros, como simples anuncios de modestos recortes al gasto desbordado de la burocracia política.

Estos comentarios ignoran el costado político del pacto fiscal. Pasan por alto que Macri actuó como político y acordó con políticos un sendero futuro para reducir el déficit que es el único posible bajo las actuales circunstancias. Sacrificó lo ideal a lo posible y adoptó una estrategia que es común a todos los políticos: ganar tiempo. Lo que hicieron en primer término no fue reducir el déficit, sino repartirse la recaudación.

Simultáneamente consiguió que los mandatarios provinciales convalidaran cuatro objetivos vitales para su gestión. Primero, un impuestazo al consumo combinado con una baja (muy moderada) de impuestos a la producción. Segundo, una rebaja a las jubilaciones. Estos dos objetivos apuntan a reducir el altísimo déficit fiscal, consolidar la gobernabilidad y alejar el horizonte de una eventual crisis. Tercero, un fenomenal aporte de fondos a la provincia de Buenos Aires, algo que la dirigencia peronista rechazaba. Cuarto, una baja futura de los impuestos que cobran las provincias y que el Palacio de Hacienda considera distorsivos como ingresos brutos y sellos.

Cuando se firmó el pacto fiscal en Olivos el presidente hizo, además, una advertencia: el acuerdo es para cumplirlo. Lo que anticipa que los que no ajusten van a sufrir las consecuencias en materia de aportes del Tesoro Nacional, avales para endeudarse, etcétera. Muchos gobernadores salieron festejando, pero parecieron no registrar que le habían abierto la puerta de sus distritos al gobierno central.

Otro dato fundamental es el fuerte aumento de fondos para María Eugenia Vidal. Macri sabe dos cosas. Primero, que con recursos para repartir y hacer obras es difícil que el peronismo bonaerense pueda derrotar a la gobernadora en 2019. Segundo, que si el peronismo bonaerense no se reorganiza, el peronismo nacional tiene pocas chances de competir por la presidencia dentro de dos años (ver Visto y Oido). Ese es el costado electoral de lo firmado el jueves. Ningún gobernador peronista, ni siquiera los más acérrimos opositores a Macri, derramaron una lágrima por el peronismo bonaerense.

¿Qué consiguieron los gobernadores por firmar el pacto? Bonos por la renuncia a los juicios contra la Nación y recibir fondos por el revalúo fiscal, entre otras ventajas. Los recortes a los que se comprometieron son progresivos. Ellos también ganaron tiempo y algo más: cobrarán al contado de la suba de impuestos y pagarán en cuotas el ajuste al gasto político.

Resta que esta "repartija" sea convalidada por el Congreso. La estrategia del gobierno es que todos los proyectos se voten en conjunto: pacto fiscal, presupuesto 2018, reforma tributaria, reforma previsional y reforma laboral. Cree que es posible hacerlo antes de fin de año para reducir el tiempo de debate.

El plan es posible porque en el Congreso no hay poder propio; viene de afuera. Se espera que el oficialismo con el apoyo del peronismo alineado con los gobernadores cuente con las mayorías necesarias y se dejará que el kirchnerismo y la izquierda ejerzan de oposición testimonial.
Pero nada es sencillo. La tímida "reforma laboral" que empezará a debatirse esta semana en el Senado es una prueba de fuego para la maquinaria legislativa de Cambiemos. El peronismo colaborará si el triunvirato de la CGT se hace presente y apoya sin dudas la reforma. También quiere que el gobierno persuada a los Moyanos de que mejor no hacer denuncias de "banelcos", porque de lo contrario el proyecto enfrentará problemas.

En pocas palabras, los senadores peronistas alineados con Miguel Pichetto quieren que los sindicalistas y el gobierno se hagan cargo públicamente del acuerdo alcanzado. No quieren regalarle nada al kirchnerismo.