La primavera del descontento

Fines recuadatorios se contradicen con criterios productivos. El incremento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, ha motivado pronunciamientos por parte de distintos sectores vinculados a la producción. En tal sentido, el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos cuestiona los fundamentos de la normativa y advierte sobre las consecuencias de este gravámen sobre distintos segmentos del agro.

Ante el incremento del gobierno de la provincia de Buenos Aires del 50 por ciento en el impuesto inmobiliario rural para el año 2018, el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia) elaboró un documento donde se mencionan los antecedentes del mismo y los cambios que se produjeron en el tiempo. 

En tal sentido, se remarca que: "El impuesto inmobiliario rural bonaerense es patrimonial, porque grava el valor de los inmuebles rurales libres de mejoras. La estrategia del gobierno para aumentar el impuesto consiste en revaluar las partidas modificando los valores del coeficiente que surge de las declaraciones (formularios 111 o 911). En opinión del Cadia manifestamos nuestro desacuerdo a tal proceder, por cuanto el único parámetro que puede aumentarse (tranqueras afueras) es la cercanía a rutas asfaltadas en el caso que corresponda o eventualmente cualquier obra de infraestructura que modifique los valores. Establecimiento adentro, los factores que mejoren la aptitud se producen por acción del productor. Por el contrario, es posible, por ejemplo, que por erosión, inundación, o salinización, los suelos empeoren, razón por la cual debería bajar en consecuencia el coeficiente de aptitud. Entendemos que el aumento provincial sólo tiene fines recaudatorios que se contradicen con los más elementales criterios agronómicos".

Antipáticos

El análisis realizado por la entidad profesional, profundiza asimismo, sobre los criterios que rigen las valuaciones tributarias del sector: "El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció en su mensaje enviado a la Legislatura con el presupuesto 2018 que contempla mas cambios en su propuesta de reforma del impuesto Inmobiliario rural en el ámbito provincial. Los regímenes normales se proponen como objetivo la libertad, quieren que los hombres sean por ellos mismos. Los impuestos siempre son antipáticos para quienes deben pagarlos, pero es con estos recursos que los gobiernos se financian para brindar los servicios a la sociedad. Podemos quejarnos pero nunca dejar de pagarlos. La discusión es que tipo de Estado se busca, cual es su dimensión, como financiarlo y que servicios retribuye dicho Estado. En la Argentina hay 96 impuestos, entre nacionales, provinciales y municipales y 64.890 normas al respecto, leyes, decretos, resoluciones, instructivos y más (ref. Santiago Sáenz Valiente). En ocasión de la celebración de sus 111 años el Cadia manifestó que la falta de apego a las normas y a la Constitución son causa principal de nuestra decadencia. Esta falta de compromiso se da en todos los aspectos. Si la sociedad no empieza a cumplir con las leyes, desde las más simples a las más complicadas, poco haremos por nuestro país y las generaciones futuras. Pero también el legislador deberá ser consecuente y comprender que una sociedad con más de 30.000 leyes, decretos y resoluciones es inviable. Nos falta el debate y la corrección de estas distorsiones".  

"Como sector de mayor productividad de la economía argentina, al campo le ha costado caro. El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dependiente de la Fundación Mediterránea, puso de manifestó que entre 2013 y 2105 el Estado recaudó por derechos de exportación aplicados a las actividades agropecuarias, 100.000 millones de dólares. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada) en su informe trimestral para cuatro cultivos (soja, maíz, trigo y girasol) y tres provincias (Buenos Aires, Córdoba y San Luis), los impuestos nacionales, provinciales y municipales absorben actualmente el 71 por ciento del margen, entre el precio de venta y el costo de producción". 

"Superado el mojón de las elecciones de medio término, el gobierno anuncia un conjunto de medidas públicas que comprenden cambios impositivos, productivos y de otra naturaleza tendientes a mejorar la productividad y la competitividad. La presión impositiva tiene su importancia en todas las actividades económicas. Pero particularmente en el sector agropecuario, ese impacto es más importante porque se manifiesta en una actividad que está al comienzo de la cadena productiva y no al final como ocurre con los consumidores". 

"El campo soporta la triple imposición: nacional (derechos de exportación, impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia presunta mínima, impuesto a los bienes personales o participación societaria, impuesto al débito y crédito bancario (cheques), impuesto al valor agregado, impuesto al gas oil; provincial, inmobiliario, inmobiliario complementario también llamado multipropietario, ingresos brutos, sellos; y municipal, guías de tránsito de ganado, tasa ambiental, tasa de seguridad e higiene, tasa vial, impuestos a la transferencia de combustibles. Organizado como país federal estos impuestos pueden variar en provincias y municipios".

"El inmobiliario es uno de los impuestos más antiguos que existen y es lógico, porque hasta hace no mucho tiempo, la tierra era la principal fuente de riqueza de casi todo el mundo. Pero con el paso del tiempo esto cambió. Hoy, la tierra es una manifestación más de riqueza, pues otros bienes (muebles e inmuebles) pueden valer tanto o más que ella. Lo que sigue siendo indiscutible, es que implica capacidad económica y este es, justamente, el fundamento del impuesto inmobiliario. Ahora bien, como se sabe en el campo, la rentabilidad del negócio que se desarrolla sobre la tierra, no siempre se condice con la presión impositiva de este tributo. Esto se debe a que, en nuestro país, las provincias adoptaron un sistema de imposición para el Inmobiliario, que no tiene en cuenta ni los costos, ni la rentabilidad de la producción, sino solamente la valuación fiscal de los inmuebles de todo tipo. La obligación es de las personas, no se tiene en cuenta su situación personal para el impuesto, no importa si el dueño ganó o perdió comercialmente en su explotación", concluye el documento. 

Cabe consignar, que las entidades ruralistas del ámbito bonaerense se han manifestado en consonancia con los conceptos elaborados por la entidad profesional, y también a nivel nacional la Sociedad Rural Argentina expresó disidencias con los cambios impositivos en algunas provincias. Todo indica que el debate sobre la cuestión, será árduo y movilizará a todos los segmentos productivos agropecuarios.