Ese ordenamiento debe reflejar los intereses vitales de los argentinos, señala el juez de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky

"El Código Penal, espejo de la sociedad"

El magistrado preside la Comisión que analiza la reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación. El objetivo es concentrar toda la legislación penal en un solo cuerpo normativo, teniendo en cuenta diversos proyectos de reforma preexistentes.

"El Código Penal debe mostrar los intereses vitales de la sociedad, o sea la vida, la perspectiva de género, el honor, la salud pública. Actúa como "espejo" de aquellos intereses que tienen que ver con lo que en Derecho se denomina "bienes jurídicos". Esto después se plasma en la tipificación de las conductas".

Los conceptos pertenecen al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, quien en diálogo con La Prensa sostuvo que como el Código data de fines de 1921, tenemos que el "espejo" está desactualizado, descontextualizado. Muestra los intereses vitales de la sociedad de 1921. Por ese motivo, necesitamos un Código Penal posible y moderno, que incluya los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como los convenios contra la corrupción y el narcotráfico.
Lo que sigue son los tramos más destacados de la entrevista que este diario mantuvo con el magistrado, en su despacho de Comodoro Py 2002:

 - La versión original del Código, impulsada por el entonces diputado conservador Rodolfo Moreno (h), recibió 980 reformas, 80 de ellas en los últimos cinco años. ¿Porqué fracasaron, en esa materia, tantos proyectos o modificaciones?
-Por falta de consenso. Los proyectos han naufragado por temas puntuales. Le cito alguno de esos casos que han originado discusiones. Por ejemplo, el aborto, la reincidencia (como agravante ante la reiteración del delito), la pena de prisión perpetua. Son algunos de los temas en los cuales hubo discusión, fricción, freno y falta de consenso. Y esos puntos son el uno o dos por ciento del total. Pero en ese porcentaje menor, se trabó la cuestión.
-¿En qué estado se encuentran las tareas de la Comisión que Usted preside para analizar la reforma del Código Penal?
-Fui designado presidente de esa Comisión mediante el decreto 103/2017, firmado en febrero último. Ya tuvimos varias reuniones. Primero dictamos un reglamento interno, donde fijamos las pautas de trabajo, las formas de deliberación, cómo se toman las decisiones, y ya empezamos a discutir los temas de la aplicación de la ley penal. O sea, de las penas que van a estar vigentes. Tratamos la parte general del Código Penal. La tarea es, en forma coordinada, con el Ministerio de Justicia (plan de Justicia 2020) para tener interacción también con la sociedad. La Comisión tiene un año de plazo para elaborar el anteproyecto que luego será presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso.

-En la actualización integral del Código sancionado en 1921, se rescataría parte del proyecto impulsado por Raúl Zaffaroni y otros juristas en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y también aspectos de la iniciativa denominada Código Penal Justo que presentó en 2015 Sergio Massa, como candidato presidencial por el Frente Renovador, con un discurso fuertemente punitivo. ¿Eso es así? 
-Tenemos un Código: es el de 1921, pero existen distintos proyectos. Están los que Usted mencionó y también el texto de 2006, elaborado en ese entonces por el Ministerio de Justicia, más las iniciativas de derecho comparado. Tenemos, comparativamente, todas esas situaciones. Y la columna vertebral es el actual Código, más los proyectos ya mencionados, a los cuales se suma el derecho comparado y lo que dice la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París, Francia, y que agrupa a treinta y cinco países. Esta entidad se ocupa especialmente del delito de soborno transnacional y corrupción). Completa la nómina toda la evolución histórica que ha sostenido en el ámbito del Derecho Penal nuestro país, más la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En muchos temas el alto tribunal ya se ha expedido, ha sentado jurisprudencia, la cual es unánime y consolidada. Por ejemplo, desde la constitucionalidad de la reincidencia, a la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
-¿Cuáles son algunos de los grandes temas a los cuales, desde el Derecho Penal, hay que prestar, en el nuevo proyecto, debida atención?
-Son prioridad los delitos con perspectiva de género, los delitos contra la humanidad, narcotráfico, medio ambiente, y corrupción de funcionarios públicos. ¿Está bien o no la escala de los delitos y las penas para responder al standard internacional?. Estos son algunos de los grandes temas a definir. La discusión pasa por si, por ejemplo, con lo que tiene que ver con perspectiva de género hacemos una norma general en la parte general del Código, con agravamiento de pena para todos los delitos relacionados con perspectiva de género, o tipificamos en la parte especial, por ejemplo, homicidio con perspectiva de género, violación con perspectiva de género.
-¿Existen vasos comunicantes entre el proyecto de reforma del Código Penal y la iniciativa del ministro de Justicia, Germán Garavano, de bajar la edad de la imputabilidad (régimen penal juvenil) del actual rango de 16 a 18 años a 14, para delitos extremos o gravísimos (homicidios y violaciones), ó a 15 para delitos graves (robo con armas)? 
-La primera inquietud es que el sistema penal juvenil (ley 22.278) es obsoleto. Se remonta a la época de la última dictadura (Proceso de Reorganización Nacional). Por eso es necesario agiornarlo y actualizarlo, teniendo en cuenta distintos parámetros. Uno, que tenga que ver con el aspecto penal, y otro con el educativo. Y también con la cuestión social. Finalmente, no puede soslayarse la reinserción social de los menores, y cuál es ese régimen en el marco de un sistema democrático. Segunda cuestión, ¿cómo compatibilizamos ese sistema con el Código Penal? El Código Penal es un proyecto a largo plazo, de un año de duración, en el cual se debaten todos los temas. Uno de ellos es la ley de Menores, para que después se pueda incorporar definitivamente al Código Penal. Estamos trabajando con miras a la sistematización de todos los delitos de la parte especial, y las más de trescientas leyes que se han incorporado, lo largo de décadas, al ordenamiento. Buscamos tener un único Código Penal posible y moderno. Surgido del consenso y que sistematice todos los delitos; que incorpore todo lo que sucede en las comisiones internacionales, que valore lo que ocurre en otros países en el plano del derecho comparado y tenga en cuenta lo que se ha escrito en otros proyectos..
-El Derecho Penal protege, en esencia, los valores y principios básicos de la convivencia social. ¿Cuáles serían esos valores para la sociedad argentina contemporánea?
-El Código Penal agrupa bienes jurídicos. De hecho, los títulos de la parte especial, o sea el catálogo de delitos, hace referencia a delitos y penas, mientras que la parte general del Código establece los principios generales para aplicar los delitos y las penas. Ahora bien: ¿Cuáles son esos esos delitos? Los que se agrupan alrededor de un bien jurídico. Es decir, la vida, el honor, la salud pública, la administración pública, la fe pública. Esos son los intereses vitales de la sociedad.
-¿Cuál es, históricamente, el proyecto de Código Penal que, por la calidad académica o erudición jurídica de sus autores, resultó más significativo para Usted? 
-Todos los proyectos deben ser tenidos en cuenta para una reforma integral, con una amplia discusión a nivel nacional.
-¿Qué relación existe entre un Código Penal posible y el consenso, o acuerdo por consentimiento?
-El objetivo del presente proyecto es que sea un Código Penal posible, lo cual es sinónimo de consenso. Y consenso significa tener en cuenta todas las opiniones, todas las voces y discutir en un marco democrático. A nivel de Comisión, con las universidades, con los actores del Derecho Penal, con las ONG, el Congreso de la Nación, con las comisarías. O sea, un proyecto que sea lo más amplio y consensuado posible.


Todos los proyectos deben ser tenidos en cuenta para una reforma integral, con una amplia discusión a nivel nacional, afirmó Borinsky.