Mirador político

Un uso nefasto

Los sindicalistas docentes que se llenan la boca con la educación pública la están destruyendo. Venden una ideología que no consumen.

El paro docente exhibió con crudeza las causas de la decadencia educativa argentina. Explicó por qué, aunque se aumentó sustancialmente el presupuesto del área, las pruebas internacionales les dan pésimo a los alumnos locales; por qué los docentes no quieren ser evaluados generando sospechas sobre su idoneidad; y por qué cada vez se matriculan más alumnos en las escuelas privadas que en las públicas.

Los sindicalistas docentes que se llenan la boca con la educación pública la están destruyendo. Venden una ideología que no consumen. Según estadísticas oficiales difundidas por Idesa, entre 2007 y 2015 la matrícula de los ciclos primario y secundario creció en 755 mil alumnos, 266 mil de los cuales fueron a la escuela pública, mientras que 489 mil fueron a escuelas privadas. Una proporción de casi dos por uno. La principal razón de este fenómeno son los repetidos paros que se cumplen rigurosamente en las escuelas del Estado, pero no en las privadas.

El desastre educativo no afecta sólo a docentes y alumnos, sino a toda la sociedad. Vaciando la escuela pública los sindicalistas atacan una herramienta básica para mejorar la movilidad y la igualdad sociales. Le hacen el juego a la oligarquía, para ponerlo en términos peronistas. Por otra parte, si continúa la sangría de la escuela pública, no está lejos el día en que los paros docentes no tendrán en la práctica efecto alguno.

Podría atribuirse este desastre al gobierno kirchnerista, en particular al de Cristina Fernández, pero el problema no nació durante la "década ganada"; simplemente se aceleró. También quedó demostrado, gracias a la experiencia kirchnerista, que no se trata de un problema de recursos, ni de condiciones de trabajo. En promedio en las escuelas públicas los cursos tienen 15 alumnos; en las privadas, 22. Lo recomendado internacionalmente es 21.

Tampoco es una cuestión de paritarias nacionales o provinciales. La Constitución dice explícitamente que cada provincia es responsable de administrar la educación en su jurisdicción. Esto fue desoído en 2007, convocándose a paritarias nacionales con los resultados a la vista, pero el error no justifica la conducta de los sindicatos.

¿Forma parte el paro de un hostigamiento político al gobierno de Mauricio Macri? Resulta obvio, pero el problema principal tampoco es ese. La cuestión central es que los sindicatos hacen un uso nefasto del legítimo derecho de huelga y quieren convertirlo en una herramienta de poder. Pero consiguen ese objetivo al precio de la destrucción de la educación pública de la que son partidarios de los dientes para afuera.

En otras palabras, constituyen otro exponente de un sistema sindical retrógrado, pero que en este caso impacta en forma directa sobre el desarrollo social y el futuro de centenares del miles de personas de bajos recursos.

Pero tampoco se debe cargar las tintas exclusivamente sobre el señor Baradel. Los docentes pueden sostener esta conducta porque cuentan con el aval de un importante sector social. Si sus prácticas fueran repudiadas de manera masiva y manifiesta no podrían torpedear sin consecuencias la educación pública. En realidad son el emergente de una sociedad que hace rato dejó de creer en la educación como forma de progreso y reemplazó el esfuerzo personal por la dádiva otorgada por el político de turno.