El juez Lijo dispuso un procedimiento en el Ministerio de Comunicaciones por el acuerdo con el Correo

El juez federal Ariel Lijo dispuso hoy un procedimiento en el Ministerio de Comunicaciones para buscar documentación sobre el acuerdo que se alcanzó con el Correo Argentino y por el que fueron imputados el presidente Mauricio Macri, el titular de la cartera, Oscar Aguad, y un funcionario que llevó adelante el convenio en tribunales.

Según indicaron fuentes judiciales, Lijo dispuso que agentes de la Gendarmería Nacional se presenten en el Ministerio para exigir la documentación del acuerdo, que deberá ser entregada en 24 horas en el juzgado.

Lijo solicitó información sobre los antecedentes y proyectos que constan en torno al concurso preventivo de quiebra, así como del denunciado director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Juan Manuel Mocoroa, quien -según la fiscal comercial Gabriela Boquín- no estaría autorizado para llevar adelante el acuerdo en nombre del Estado. 

El juez dirigió oficios a la Cámara en lo Comercial, donde tramita el expediente del concurso, para conocer datos de cómo se gestó el convenio, y reclamó detalles sobre la posición dentro o fuera del expediente -si la hubiese- del Ministerio Público, la Sindicatura General de la Nación, la Procuración del Tesoro y la Auditoría General de la Nación.

Se trata de las primeras medidas que dispone en la causa el juez Lijo, ante la denuncia que impulsaron sectores del kirchnerismo apenas se conoció la existencia del convenio.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Macri, a Aguad y a Mocoroa por los delitos que habrían ocurrido en el marco del acuerdo alzando entre el Correo y el Estado durante el concurso preventivo de la firma, propiedad de la familia del titular del Ejecutivo.

A criterio del fiscal, Mocoroa "desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquel", indicó el dictamen.

Zoni impulso así la acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una impulsada por un abogado particular, Daniel Igolnikov, y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro, de los kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti.

Hay otras tres denuncias: dos de otro abogado y del kirchnerismo que recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral y otra que hizo la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Pero como la primera denuncia recayó en la dupla Lijo-Zoni, terminará absorbiendo a las demás.
Las presentaciones se desataron cuando la fiscal ante la Cámara Comercial denunció un cambio de estrategia de defensa del Estado en el concurso preventivo del Correo, "mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal".

Según el plan la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés del 7 por ciento, solo sobre el capital de la deuda, y las partes destacaron que se trataba del pago de 600 millones de pesos, más del doble de la suma inicial de casi 300 millones (a 2001).

Pero la fiscal Boquín sostuvo que ese convenio implicaba una quita del 98,2 por ciento porque no regían los intereses, lo consideró abusivo y denunció mala fe procesal porque días antes el Correo inició una demanda al Estado reclamando por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesto a pagar en el concurso preventivo.